Durante una entrevista a CNN, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, indicó que no ha habido una comunicación oficial por parte del gobierno en la que explique la decisión de quitar las acreditaciones a 11 de sus colaboradores.
Hubo una comunicación que se debió a cuentas pendientes en sus países, pero se aportaron a la Cancillería las pruebas para demostrar que no es cierto y que se revoque la decisión, explicó.
Velásquez considera que las decisiones del Gobierno violan el acuerdo de crear la Cicig y en esa medida “son contrarias a la ley, son decisiones ilegales”.
A consideración del comisionado, la amenaza de expulsar a los trabajadores podría haberse generado por:
También concuerda con el entrevistador, Fernando del Rincón, en que pareciera que se está desmantelando poco a poco a la Cicig.
“Hay una amenaza a la preservación del Estado de Derecho… Es indispensable la acción de la Corte de Constitucionalidad para salvar el Estado de Derecho”, explica el comisionado.
“Yo confío en que la Corte de Constitucionalidad reconducirá al país por los causes de la democracia”, agregó.
Velásquez indicó que se produjo una intimidación generalizada cuando Morales anunció que la Cicig no iba a continuar más allá del 2019.
“Esa intimidación ha llegado aún a esferas del propio Estado”.
El comisionado concluyó la entrevista indicando que no se toma las acciones de forma personal, pero “lo que hay detrás de todo esto es una pretención de impunidad”.
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