La ley aprobada en Florida permite que cualquier residente del estado pueda desafiar el material didáctico que emplea la escuela.
¿Quién decide lo que se enseña en las aulas?
En principio pensaríamos que son las autoridades educativas correspondientes.
Pero en Florida, Estados Unidos, no está tan claro.
Los esfuerzos de un grupo de ciudadanos para cambiar lo que consideran adoctrinamiento en las escuelas han convertido a este estado de Estados Unidos en un modelo a seguir para quienes creen que las élites liberales dominan las instituciones educativas.
Para ellos, las familias deben tener más influencia en lo que se enseña a los estudiantes.
Este movimiento, encabezado por grupos conservadores, lleva muchos años activo en el país, pero volvió a cobrar importancia el año pasado con la aprobación de una ley en Florida que le otorga, no solo a los padres de los alumnos sino también a cualquier residente de los 67 distritos escolares del estado, el derecho a cuestionar el material didáctico utilizado en las escuelas públicas.
Cuando se presenta un reclamo formal, el distrito está obligado a nombrar a un supervisor independiente para revisar el caso. En función de su análisis, el material puede llegar a ser retirado.
Esto quiere decir que cualquier persona, aunque no tenga niños en edad escolar o conocimiento alguno sobre la disciplina en cuestión, puede poner en tela de juicio libros, listas de lectura, DVD y otros materiales de la biblioteca de la escuela.
“Todos los legisladores con los que conversé entienden que si los contribuyentes están pagando la cuenta, ellos deben tener voz sobre lo que se está enseñando en las escuelas públicas”, le explicó a la BBC el pastor Rick Stevens, uno de los directores de la Alianza de Ciudadanos de Florida, el grupo que ideó y presionó para que se aprobase la ley.
La aprobación de esta ley fue recibida con recelo, sobre todo por profesores y científicos, que temen un impacto negativo en disciplinas relacionadas con la ciencia.
Según sus críticos, entre los principales objetivos de esta clase de iniciativas está el forzar a los maestros a presentar “dos visiones” de temas en los que hay consenso científico, como por ejemplo la evolución y el cambio climático.
Una de las quejas más comunes de los ideólogos de la ley es que se enseña el cambio climático como una “realidad” y que los estudiantes aprenden sobre la evolución, pero no sobre el creacionismo.
También se oponen a otros temas, como discusiones sobre género, la forma en que se enseñan ciertos períodos históricos y otros materiales que describen como pornográficos.
Stevens rechaza las críticas que señalan que su organización está en contra del cambio climático y niega la evolución, y señala que el objetivo es que los estudiantes puedan aprender los fundamentos en los que cada parte basa su posición sobre estos temas polémicos, y por qué cada lado puede estar o no en lo cierto.
“Lo que defendemos es la libertad de todos de tener la oportunidad de participar en la discusión. Y en Florida, hasta la aprobación de esa ley, los padres no teníamos voz sobre lo que se les enseñaba a nuestros hijos.
“Tenemos que respetarlos y no permitir que las escuelas adoctrinen a los niños de una manera que vaya en contra de las convicciones de los padres”, sostiene Stevens.
A pesar de haber recibido considerable atención, la ley de Florida es una entre varias iniciativas similares en el país.
En EE.UU., la educación pública está regida por cada estado, que tiene autonomía para decidir sobre el currículum y el funcionamiento de la escuela.
Según una encuesta del Centro Nacional para la Educación y la Ciencia (NCSE, por sus siglas en inglés), una ONG que monitorea las leyes que pueden poner en peligro la enseñanza de temas como el cambio climático y la evolución, desde 2004 se introdujeron más de 80 proyectos que se definen como “en favor de la libertad académica”.
Estas medidas permiten que los profesores presenten “múltiples puntos de vista” sobre varios temas considerados controvertidos.
“Los profesores están bajo presión no solo para eliminar o retirar el énfasis sobre el cambio climático, sino también para introducir ideas no científicas en las clases de ciencia”, señaló recientemente en un comunicado la Asociación Nacional de Profesores de Ciencias, que cuenta con más de 50.000 miembros, en referencia a este tipo de proyectos de ley.
El vicedirector del NCSE, Glenn Branch, destaca que los intentos por impedir la enseñanza de la evolución tienen una larga historia en EE.UU., y que los profesores de las escuelas públicas tienen prohibido enseñar el creacionismo como algo científicamente verosímil.
“Los antievolucionistas entonces adoptaron una nueva estrategia, que es permitirles a los profesores que describan la evolución como algo científicamente controvertido”, le explica Branch a la BBC.
La mayoría de estas propuestas no salen adelante. En 2017, además de la ley de Florida, solo otras tres medidas de un total de 11 presentadas en nueve estados fueron aprobadas.
Este año, ninguno de los 12 proyectos presentados en seis estados se convirtió en ley.
Sin embargo, en opinión de críticos, la mera cantidad de propuestas es preocupante, y aunque no se transformen en ley, generan un clima de hostilidady tienen un impacto negativo en las aulas.
“Hay pruebas de que los maestros acaban por autocensurarse”, indica Branch.
Branch aclara que los profesores tienen un cierto grado de autonomía sobre lo que enseñan, pero dice que diversas encuestas muestran que son menos proclives a enseñar sobre cambio climático y evolución en zonas más conservadoras.
El éxito de los esfuerzos de la Alianza de Ciudadanos de Florida puede servir de modelo para otras organizaciones del país que buscan tener mayor influencia sobre lo que se enseña en las escuelas.
Además de ayudar a elaborar la ley, sus miembros compilaron listas de materiales considerados problemáticos, firmaron documentos oficiales en favor de la ley y se reunieron con numerosos legisladores para presionar por su aprobación.
Según Stevens, el grupo no tiene presencia oficial en otros estados, pero mantiene contactos informales con otras organizaciones.
“Ocasionalmente conversamos con personas de otras partes del país, y estamos felices de brindar información a quien sea que pregunte, pero nuestros esfuerzos están concentrados en Florida”, dice.
Sin embargo, a pesar del éxito, hasta el momento la nueva ley no ha dado lugar a grandes cambios en el currículum.
Según una encuesta del NCSE, desde que la ley entró en vigor, se han presentado siete quejas de forma oficial. Cuatro de ellas fueron seguidas de una audiencia. Tres cuestionaban material utilizado para enseñar cambio climático o evolución y la otra se refería a un tema en el área de las ciencias sociales.
“Ninguna fue exitosa”, relata Branch.
“Pero todavía creo que hay razones para preocuparse. En dos de los casos, el reclamo fue rechazado por 3 a 2 por el consejo directivo. Pero los cargos del consejo son por elección, cualquier pequeño cambio en su composición por alguna actividad política en esos distritos podría generar un resultado diferente el próximo año”.
Stevens se queja de que la ley no está siendo aplicada como debería por algunos distritos y cree que necesita ajustes.
“Vamos a trabajar para garantizar que estos cambios ocurran. Cuando se adopta una nueva ley, es bastante común volver a revisarla y corregir las deficiencias”, afirma.
Él dice que su grupo está trabajando en un proyecto para mejorar algunos aspectos de la ley.
“Vamos a pasar por todo el proceso de nuevo”, anuncia.