Ciudad Guatemala
El internado islámico privado en Daura, en el norte de Nigeria, no era un lugar donde quisieras que un niño se quede por más de unos minutos, mucho menos por meses o años.
El Centro de Rehabilitación Islámico era uno de una serie de instituciones intervenidas por la policía tras comenzar a investigar estas “escuelas reformadoras”, donde se enviaba a niños y jóvenes problemáticos.
Algunos tenían problemas de adicción a las drogas o habían cometido crímenes menores.
Pero la intervención policial reveló que eran algo más cercano a “centros de tortura”, según aseguran las autoridades.
El centro en Daura, pueblo natal del actual presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, consistía de dos edificios.
Uno estaba limpio y en buenas condiciones, y allí se enseñaba a los niños el Corán.
Cruzando la calle estaba el alojamiento del centro: un complejo en ruinas, de una sola planta, compuesto por cinco o seis celdas oscuras, con ventanas y puertas enrejadas alrededor de un patio.
El aire era sofocante y nauseabundo.
Exalumnos le dijeron a la BBC que hasta 40 personas eran encerradas, encadenadas, en cada celda de 7 metros cuadrados.
Había ropa y sábanas sucias tiradas sobre el suelo.
Los que vivían allí a menudo se veían obligados a orinar y defecar con las cadenas puestas, en el mismo lugar donde comían y dormían.
Eran sacados de forma regular para recibir golpizas o ser violados por trabajadores del lugar.
“Era un infierno en la Tierra”, dijo Rabiu Umar, un exdetenido.
Las operaciones
Un total de 67 niños y jóvenes fueron liberados en la última redada. La policía informó que el registro de la escuela mostraba que había 300 alumnos, pero, al parecer, muchos habían escapado después de una revuelta el fin de semana anterior.
Desde que estas intervenciones comenzaron hace un mes, 600 personas han sido encontradas viviendo en estas horripilantes condiciones: encadenadas, hambrientas y abusadas.
El primer hallazgo se hizo a finales de septiembre en Rigasa, cerca de la ciudad de Kaduna, al noroeste del país africano, tras un aviso de uno de los familiares a la policía.
En aquel momento, la policía encontró a 500 personas detenidas en pésimas condiciones, entre ellas varios niños.
Videos tomados de la redada muestran a los estudiantes aturdidos, con las piernas encadenadas y sus cuerpos cubiertos de ampollas.
Algunos de ellos colgaban del techo. Otros tenían sus manos o pies encadenados a llantas de los automóviles.
Hafsat Baba, comisionado de servicios humanos y desarrollo social del estado de Kaduna, dijo a la BBC que las autoridades planeaban identificar todas las instalaciones de este tipo y cerrarlas.
Agregó que procesarían a los propietarios de los centros “que torturaban a niños o detenían a personas en este tipo de situaciones horribles”.
Hace 10 días, por primera vez, también se halló a mujeres entre las personas rescatadas en otra institución en Kaduna.
Esto es inusual, según Baba, quien agregó que estas instituciones rara vez admiten personas de ambos sexos.
A medida que continúan las redadas y surgen más detalles la indignación pública crece.
Sin embargo, estas instituciones no eran un secreto.
“Sanación espiritual”
Jaafar Jaafar, del medio online Daily Nigerian, asegura que la gente que vive en esas localidades siempre ha sabido que esos centros existían.
“No creo que haya persona alguna que crezca en el norte que pueda afirmar que no conoce estas escuelas; todos sabemos que abusan de los niños allí“.
Agrega que, al crecer en Kano en los años 80 y 90, conocía varias escuelas como estas.
“La gente cree que estas escuelas tienen el poder espiritual para sanar. No les importa cuánto deshumanizan a los niños o cómo los tratan, siempre que su hijo reciba una educación coránica y sea rehabilitado”.
Sin embargo, varios padres afirman que desconocían que sus hijos estaban siendo abusados.
Tras la intervención en septiembre en Kaduna, Ibrahim Adamu, el padre de uno de los estudiantes, dijo a la agencia de noticias Reuters que “si hubiésemos sabido que esto estaba sucediendo en la escuela, no hubiésemos enviados a nuestros hijos”.
“Los enviamos para ser personas, pero terminaron siendo maltratados”.
El comisionado de la policía de Katsina, Sanusi Buba, dijo que los padres no podían hablar con sus hijos mientras estaban en los centros.
E incluso si los visitaban no podían verlos sin ser supervisados por alguno de los trabajadores del lugar.
Esta ola de descubrimientos ha creado conciencia fuera del norte de Nigeria sobre el problema del abuso en estos centros de supuesta rehabilitación.
Buba afirma que la tradición en el norte de meter a hijos problemáticos en estos centros “es de larga data, pero el comportamiento (de los jóvenes) empeora a causa del abuso (que sufren)”.
Sin embargo, el comisionado afirma con vehemencia que “la ley en este país no permite que alguien cree un centro de rehabilitación y cobre dinero por eso”.
Adicción a las drogas
Parte del problema puede tener que ver con la falta de instalaciones de rehabilitación financiadas por el Estado, en el norte del país.
De acuerdo con un informe de Naciones Unidas de 2017, en el noroeste de Nigeria hay tres millones de personas adictas a las drogas.
Casi la mitad están en el estado de Katsina, que tiene solo dos centros de rehabilitación, uno para hombres y otro para mujeres.
Al no haber alternativas subsidiadas por el Estado, las familias optan por estos centros privados que utilizan una aplicación extrema del islam bajo la promesa de “reformar” a sus hijos.
Incluso quienes acceden a instituciones del Estado han descubierto que las condiciones no son mucho mejores.
La BBC publicó una investigación el año pasado donde se expusieron las horribles condiciones de un centro de salud mental en el estado de Kano, donde pacientes con problemas psiquiátricos eran encadenados al suelo.
El gobernador de Katsina, Aminu Bello Masari, dice que los centros de su localidad están bien equipados para tratar trastornos por consumo de drogas o enfermedades mentales.
Pero dado que los padres continúan prefiriendo centros que prometen una rehabilitación utilizando el islam, no queda clara la capacidad del gobierno de lidiar con el problema.
Y sin alternativas concretas, las familias desesperadas seguirán acudiendo a centros religiosos como solución.
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