Ciudad Guatemala
El abuso verbal, las amenazas de violencia sexual y la discriminación no han sido incidentes aislados durante la ola de protestas antigubernamentales que se ha propagado por Colombia desde el 28 de abril.
Una mujer que había quedado separada del grupo con el que se manifestaba sintió un tirón de la bandera casera que se portaba a manera de capa durante una protesta contra el gobierno en Bogotá, la capital de Colombia, en horas tempranas del 3 de junio.
“Un grupo de unos ocho policías me rodeó”, cuenta la mujer -que pidió no revelar su nombre por motivos de seguridad/. “Uno de ellos dijo: ‘esta es una buena para violar’”.
“Tenía un arma de perdigones y me la estaba apuntando de cerca. Le dije que lo hiciera”, dijo desafiante. “Sólo quería asustarme”, explicó, añadiendo que otros manifestantes llegaron al rescate poco después de que el uniformado la amenazara.
El abuso verbal, las amenazas de violencia sexual y la discriminación no han sido incidentes aislados durante la ola de protestas antigubernamentales que se ha propagado por Colombia desde el 28 de abril.
Se han dado al menos 113 casos de violencia de género, según la Defensoría del Pueblo, la agencia oficial del gobierno que se encarga de velar por la protección de los derechos humanos y civiles de los ciudadanos.
“Nos empezaron a llamar, perras, putas, rameras”, relata Karla Cardoso del abuso que los agentes de la policía le propinaron a ella y a otras mujeres durante las protestas en Medellín, el 20 de mayo. “Nos preguntaron qué hacíamos afuera de noche, amenazándonos con matarnos“, dice la estudiante de 25 años.
Pero según Temblores, una ONG que monitorea la violencia policial, la situación no siempre termina con amenazas. La organización dice haber recibido informes de 28 manifestantes que alegan haber sido sexualmente abusadas por miembros de las fuerzas de seguridad. Incluyen acusaciones de haber sido forzadas a desnudarse, toqueteadas y violadas.
Actualmente,la Fiscalía esta investigando siete acusaciones de violencia sexual por la fuerzas de seguridad. Entre estas se encuentra el caso de una niña de 17 años que supuestamente fue abusada sexualmente por la policía en la ciudad de Popayán. La menor se suicidó un día después del supuesto abuso.
Linda Cabrera, la directora de la organización feminista Sisma Mujer, señala que el objetivo de la violencia de género es infundir miedo entre las mujeres para disuadirlas de protestar. Pero muchas mujeres no se han desanimado. Dicen que, por el contrario, la violencia les ha dado mayor determinación para jugar un papel vital en las manifestaciones.
Algunas organizan vigilas y protestas sentadas mientras otras insisten en marchar al frente de las movilizaciones. Sin embargo, muchas reconocen sentirse vulnerables durante las protestas, especialmente cuando están solas.
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Las acusaciones de ataques sexuales contra las manifestantes no son nada nuevas en esta última ola de protestas. Temblores asegura haber recibido 132 reportes de actos sexuales violentos perpetrados por la policía entre 2017 y 2021. La ONG señala que la evidencia que ha recopilado sugiere que fueron premeditados y dirigidos rutinariamente por grupos de oficiales adentro de espacios encerrados.
Katherine Acosta, una estudiante de 23 años de Medellín, alega que fue víctima de uno de esos ataques en junio de 2020. Le dijo a la BBC que fue arrestada después de llamarle la atención a un policía que había rociado la cara de una mujer con una lata de pintura aerosol durante una protesta antigubernamental.
“Cuando entramos en la estación, [el agente de la policía] me tocó por todas partes, mis senos, mis partes íntimas, y presionó su pene contra mi cuerpo”.
La BBC le planteó el tema de las acusaciones de violencia sexual por parte de la policía a la Procuraduría General de Colombia, la entidad encargada de investigar y sancionar la conducta de los funcionarios públicos.
Respondió que “cualquier acto de violencia sexual es reprochable y viola los derechos humanos, no importa quien sea la víctima o perpetrador”.
Cuando se le preguntó si el comportamiento de violencia sexual era un problema sistémico dentro de la fuerza policial, la Procuraduría -que actualmente se encarga de investigar las acusaciones- dijo que no había estudios ni resultados cuantitativos que sugirieran que existiese ese patrón.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió un equipo a Colombia a comienzos de este mes para investigar las acusaciones del uso excesivo de fuerza por la policía durante las protestas.
Antes de su llegada, el presidente Iván Duque propuso una serie de reformas a la policía, incluyendo la creación de una directiva encabezada por un experto internacional, un mejor sistema para darle seguimiento a las quejas ciudadanas y la expansión de estándares disciplinarios para los oficiales.
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Pero estas reformas todavía tienen que ser aprobadas por el Congreso de Colombia, y su promulgación está lejos de estar garantizada.
Los grupos defensores de los derechos humanos señalan también que aunque las reformas sean aprobadas, la policía seguirá bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, lo que significa que los casos de abuso continuarán siendo juzgados por tribunales militares, lo que ellos consideran problemático.
Además, los activistas de los derechos sostienen que hay que hacer mayores esfuerzos para combatir los niveles de impunidad en Colombia.
Katherine Acosta interpuso una denuncia con la policía pero muchas víctimas son reacias a reportar los casos de violencia sexual porque muy pocos de los perpetradores terminan siendo castigados. Según Sisma Mujer, 90% de las denuncias de violencia sexual interpuestas en 2020 -incluyendo la de Acosta- no han progresado más allá de la etapa inicial de indagación.
Muchas de las víctimas también dicen temer a posibles represalias por hacer las denuncias o que pudieran ser víctimas otra vez, como explica la abogada de derechos humanos, Carolina Martínez.
Una activista de derechos humanos de Medellín, que pidió mantenerse en anonimato, dijo a la BBC que fue sexualmente asaltada por un médico mientras la examinaba en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Había ido al instituto, que está vinculado a la Fiscalía de Colombia, para documentar las lesiones que dijo haber sufrido cuanto la policía usó exceso de fuerza durante una protesta a la que había asistido.
Las fuerzas de seguridad no son las únicas acusadas de violencia sexual durante las protestas. En la ciudad de Cali, un grupo de manifestantes está siendo investigado por el asalto sexual de una mujer policía.
La manifestante en Bogotá, que dice que fue amenazada con violación por un agente de la policía, también cuenta que fue asaltada sexualmente por un manifestante unos días después de su encuentro con la policía.
“El ser mujer significa que estás expuesta a esto -el riesgo de que te viole un policía, o realmente cualquier otra persona, cuando sales a protestar”.
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