Ciudad Guatemala
Cuando una mujer indígena de 21 años de Oklahoma fue condenada por homicidio involuntario después de un aborto espontáneo, la gente se indignó. Pero su caso no era único.
Brittney Poolaw tenía aproximandamente cuatro meses de embarazo cuando perdió a su bebé en el hospital en enero de 2020.
En octubre de este año fue declarada culpable y sentenciada a cuatro años de prisión por el homicidio en primer grado de su hijo por nacer.
Cómo pasó de sufrir un aborto espontáneo a ser encarcelada por matar a su feto se ha convertido en un tema de mucha discusión en línea y en la prensa.
Algunos destacaron en redes sociales que su condenada coincidió con el mes de concientización sobre la pérdida del embarazo en los Estados Unidos.
Otros compararon el caso con la novela distópica de Margaret Atwood The Handmaid’s Tale (“El cuento de la criada”).
Cuando llegó al hospital en busca de tratamiento, Poolaw admitió haber consumido drogas ilícitas durante el embarazo.
Más tarde, el informe del médico forense, obtenido por la BBC, encontró rastros de metanfetamina en el hígado y en el cerebro de su hijo por nacer.
El forense no determinó la causa de la muerte del feto y señaló que la anomalía genética, el desprendimiento de placenta o el uso de metanfetamina materna podrían haber sido factores contribuyentes.
Los abogados de Poolaw dicen que apelarán el fallo. La fiscal que llevó su caso ante el tribunal se ha negado a comentar nada mientras continúen los procedimientos.
Sin embargo, la historia de Poolaw es solo la punta del iceberg, asegura Dana Sussman, subdirectora ejecutiva de la organización Defensores Nacionales de las Mujeres Embarazadas (NAPW, por sus siglas en ingles), un grupo de defensa del derecho a decidir.
“El caso de Brittney realmente tocó un tema sensible”, dijo Sussman. “No es tan infrecuente como la gente supone”.
La organización está ayudando con la apelación de Poolaw y ha estado rastreando arrestos y casos de “intervención forzada” contra mujeres embarazadas en EE.UU.
Entre 1973 y 2020, la NAPW ha registrado 1.600 casos de este tipo. Alrededor de 1.200 ocurrieron solo en los últimos 15 años.
Aunque algunas involucraban a mujeres que fueron arrestadas tras haberse caído o dado a luz en su casa, la gran mayoría involucraba drogas y las mujeres de color estaban sobrerrepresentadas.
La reciente explosión de casos penales es parte de un “fenómeno exclusivamente estadounidense” en la encrucijada de la “guerra contra las drogas” de EE.UU. y el movimiento [antiaborto] Personhood, afirmó Sussman.
¿Qué es un ser humano?
El tema de la exposición fetal a las drogas pasó a primer plano en el debate cultural en la década de 1980, cuando el término “bebé crack” comenzó a usarse para describir a los niños nacidos de madres con adicción.
El uso de drogas durante el embarazo se asocia con muchos resultados negativos, incluido un mayor riesgo de aborto espontáneo y muerte fetal, pero el impacto real del uso de drogas en el feto varía ampliamente.
Los estudios de la década de 1980 que afirmaban que los hijos de madres con adicción de cocaína sufrían defectos extremos de desarrollo fueron luego desacreditados.
Desde entonces, las posteriores epidemias de drogas, desde el uso de metanfetaminas hasta la crisis de los opioides, han mantenido el tema en el centro de atención.
Al mismo tiempo, varios estados de EE.UU. han aprobado leyes que dificultan el aborto.
Si bien las personas se oponen al aborto por diferentes razones, a menudo morales o religiosas, una parte del argumento se ha centrado en la noción de persona.
“El concepto de persona es bastante simple”, dice Sarah Quale, presidenta de Personhood Alliance Education, una organización pro-vida.
“Somos humanos y nuestra igualdad se basa en nuestra humanidad. Nada cambia el hecho científico de que somos biológicamente humanos desde el principio hasta el final. Por lo tanto, como seres humanos merecemos la misma protección ante la ley porque poseemos derechos naturales inherentes”.
El movimiento Personhood ha ayudado a impulsar leyes que van más allá de regular el acceso al aborto, para extender los derechos y protecciones al feto como si fuera un ciudadano del Estado por nacimiento.
La Personhood Alliance Education también rechaza cuestiones como la muerte asistida médicamente, la investigación que destruye los embriones y el tráfico de personas.
Si bien la organización no tiene una postura sobre si la ley debería enjuiciar a las madres que consumen drogas, Quale dijo que personalmente apoya las medidas que “protegen a los niños no nacidos del daño que ocurre cuando una madre consume drogas durante el embarazo”.
“Pero nuestro sistema legal no solo debe considerar cuestiones de responsabilidad y rendición de cuentas, sino que también debe centrarse en la restauración y recuperación de los adictos a las drogas”, agregó.
¿Leyes que protegen o dañan?
El uso de sustancias durante el embarazo se considera abuso infantil de acuerdo a los estatutos civiles de bienestar infantil de 23 estados, según el Instituto Guttmacher, un centro de investigación a favor del derecho a decidir abortar o no.
En la mitad de los estados de EE.UU. los trabajadores de la salud deben reportar sobre las mujeres embarazadas sospechosas de consumir drogas.
En 2006, el estado de Alabama aprobó una ley de “peligro químico” que convirtió en delito grave que un niño esté “expuesto a, ingerir o inhalar, o tener contacto con una sustancia controlada, sustancia química o parafernalia de drogas”.
Una investigación del medio ProPublica encontró que más de 500 mujeres fueron acusadas en la década desde que se aprobó la ley.
Por su parte, Tennessee intentó hacer lo mismo y aprobó una ley similar en 2014, aunque expiró dos años después y no se renovó.
En un condado de California, dos mujeres fueron encarceladas por tras experimentar mortinatos y dar positivo por drogas ilícitas. Los cargos de asesinato contra Chelsea Becker se retiraron este año, después de que pasara un año y medio en la cárcel porque no pudo pagar una fianza de US$2 millones.
Mientras tanto, Adora Pérez lleva un tercio cumplido de una sentencia de 11 años por homicidio involuntario después de que se declarara culpable para evitar el cargo de asesinato. Actualmente está intentando apelar.
Ambas mujeres fueron procesadas utilizando lo que se conoce como “leyes de agresión fetal”, que existen en al menos 38 estados.
Estas estaban destinadas a ayudar a castigar a los abusadores que dañan a las mujeres embarazadas, muchas de ellas impulsadas por una ley federal de 2004 aprobada después del asesinato de Laci Peterson, que estaba embarazada, a manos de su esposo.
Pero muchas de estas leyes son ambiguas y dejan la puerta abierta para que los fiscales acusen a las mujeres cuyos comportamientos pueden haber contribuido a un aborto espontáneo o muerte fetal.
Algunos estados tienen reglas explícitas sobre cuántas semanas debe tener el feto para ser viable; otros no. La mayoría de los médicos sitúan la viabilidad en torno a las 20-24 semanas.
Poolaw tenía entre 16 y 17 semanas de embarazo cuando tuvo un aborto espontáneo. Aproximadamente el 10-15% de los embarazos en esa etapa terminan en aborto espontáneo.
¿Un futuro más draconiano?
Si Poolaw se hubiera sometido a una interrupción del embarazo en lugar de sufrir un aborto espontáneo, no habría sido acusada en absoluto, ya que abortar es legal en Oklahoma.
Pero con la Corte Suprema preparada para fallar sobre la legalidad de una prohibición casi total de los abortos en Texas y las restricciones más estrictas sobre el aborto en varios otros estados, los defensores de la justicia reproductiva temen que el futuro pueda ser más draconiano.
En países donde los abortos son ilegales, las mujeres han sido arrestadas y acusadas de asesinato por tener un aborto espontáneo. Las autoridades locales pueden acusarlas de interrumpir deliberadamente su embarazo.
Uno de esos casos, en El Salvador, que tiene una de las prohibiciones de aborto más estrictas del mundo, ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se espera un fallo para fines de este año.
Manuela, una mujer de 33 años que fue al hospital para buscar tratamiento luego de un aborto espontáneo, fue sentenciada a 30 años de prisión por homicidio. Murió en la cárcel en 2010.
Sus abogados dicen que las leyes de El Salvador que exigen que los médicos denuncien a las mujeres sospechosas de abortar o la posibilidad de ser encarcelados ellos mismos si no lo hacen, violan la legislación internacional de los derechos humanos.
En la raíz de estos casos está la idea de que una vez que las mujeres se convierten en madres, deben dar prioridad a su feto sin importar qué, dice Emma Milne, una profesora de leyes especializada en género y crimen de la Universidad de Durham, Reino Unido.
Pero la realidad es mucho más compleja, asegura Milne. A menudo, las mujeres están desesperadas y vulnerables, y necesitan ayuda y apoyo.
“El hecho de que el Estado no les haya brindado la ayuda y el apoyo durante su embarazo y antes de su embarazo es culpa del Estado”, dijo.
Según una encuesta de 2012, cerca del 6% de las mujeres embarazadas estadounidenses admiten usar drogas ilícitas, mientras que el 8,5% bebe alcohol y el 16% fuma cigarrillos.
Las asociaciones médicas estadounidenses se oponen a clasificar el consumo de drogas durante el embarazo como abuso infantil y argumentan que las mujeres que tienen problemas de adicción deben recibir tratamiento en lugar de sentencias de cárcel.
“La adicción a las drogas es una enfermedad susceptible de tratamiento en lugar de una actividad delictiva”, según la Asociación Médica de EE.UU., que representa a los médicos estadounidenses.
Dar igualdad de derechos a los no nacidos bajo la ley no es simple, afirma I. Glenn Cohen, experto en ética médica y vicedecano de la Facultad de Derecho de Harvard.
“Nadie discute que los fetos son miembros de la especie humana. [La pregunta es] si son personas [ante la ley] o no”, dijo.
Incluso si la ley otorga al feto la condición de persona, ¿esos derechos que le correspondería como persona deben prevalecer sobre el derecho a la autodeterminación de la madre?
“Hay mucho que analizar aquí pero casi nunca se hace en términos de política y de cómo ocurre en los tribunales”, dijo.
A los defensores de los derechos de las mujeres les preocupa que sea una “pendiente resbaladiza” que podría llevar a que las mujeres embarazadas sean despojadas de su autonomía.
Si una mujer puede ser arrestada por dañar a su feto debido al uso de drogas, ¿qué pasa si toma una cerveza? ¿Qué pasa si acelera mientras conduce?
“Si lo hacemos por las drogas, la pregunta es: ¿qué sigue?” cuestiona Milne.
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