CIDH exige garantizar elecciones libres y justas en Guatemala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este viernes 3 de marzo al Estado de Guatemala que garantice “los derechos políticos, el pluralismo y la participación en condiciones de igualdad” durante el proceso de elecciones generales 2023.

El llamado de la CIDH a las autoridades de Guatemala surge en medio de denegatorias de inscripción de dos candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, quienes, pese a haber interpuesto varios recursos legales en las altas cortes del país, no han sido aceptados por el Tribunal Supremos Electoral (TSE) para que participen en el evento electoral del 25 de junio próximo.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama al Estado a garantizar los derechos políticos, el pluralismo y la participación en condiciones de igualdad en el proceso electoral en Guatemala”, señala la Comisión en un comunicado.

Además, la CIDH llama “al Estado de Guatemala a garantizar la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones y partidos políticos mediante normativas y prácticas que posibiliten el acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios”.

También hace el llamado a que “las autoridades judiciales competentes que conozcan de los recursos presentados para garantizar los derechos políticos actúen en apego al marco normativo y los estándares interamericanos”.

El 21 enero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó a registrar a los aspirantes y ese día “habría recibido al menos 11 expedientes de organizaciones políticas que buscarían inscribir a sus binomios presidenciales y más de 86 correspondientes a personas aspirantes a diputadas nacionales, distritales, corporaciones municipales y al Parlamento Centroamericano”, afirma la CIDH en un comunicado. La inscripción terminará el 25 de marzo.

Pero la CIDH “fue informada sobre la negativa de la Dirección general del registro de ciudadano de registrar la candidatura para presidencia y vicepresidencia del partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)”, formada por la defensora indígena de los derechos humanos Thelma Cabrera y su compañero de fórmula Jordán Rodas.

Alega que Rodas tendría “cargos jurídicos y una denuncia” en su contra, añade este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El 2 de febrero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó dicha decisión. Rodas promovió un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que le fue negado, por lo que apeló ante la Corte de Constitucionalidad.

Según la CIDH Guatemala señaló que “el TSE garantiza las condiciones del proceso electoral de conformidad con la Constitución” que establece que para optar a cargos públicos “no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”.

Guatemala asegura, además, dice la CIDH, que “se ha permitido” que todos los interesados presenten recursos judiciales, “todo ello apegado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, por lo que deviene improcedente llamar al Estado a garantizar la participación electoral”.

Además, el Tribunal Supremo Electoral rechazó la candidatura presidencial del político de derecha Roberto Arzú, por supuestamente carecer de “idoneidad” y realizar campaña política anticipada durante finales de 2022.

Cuestionan proceso

Además, Mirador Electoral, que aglutina a varias organizaciones sociales, criticó este viernes la forma cómo el TSE ha llevado la primera parte del proceso electoral de Guatemala, principalmente por la exclusión de dos binomios presidenciales “bajo argumentos jurídicos cuestionables”.

En un comunicado conjunto, Mirador Electoral señaló que “lo que el reconocido experto en materia electoral Daniel Zovatto calificó como ´golpe electoral´ se consumó esta semana al negarse la inscripción de dos binomios presidenciales”.

“Todas las instancias (Registro de Ciudadanos y Órganos Jurisdiccionales) aceptaron dócilmente los argumentos insustanciales y tendenciosos que impiden participar a los binomios del MLP y Podemos, dejando como saldo un proceso severamente cuestionado en su integridad y legitimidad”, refiere el documento.

Agrega que “la severidad y el rigor legalista aplicado en ambos casos contrasta con la laxitud y permisividad que todas las instancias (Registro de Ciudadanos y Órganos Jurisdiccionales) han tenido con la inscripción de otras candidaturas que arrastran y adolecen de idoneidad y hasta prohibición constitucional”.

El comunicado también señala que, aunque se espera la participación de unos 20 binomios presidenciales “proyectando una aparente pluralidad, en la práctica, la exclusión de ambos binomios deja un proceso limitado y exclusivo para los permitidos y prohibido para las opciones percibidas como amenaza”.

También refiere que así lo han calificado expertos internacionales al decir que “en Guatemala se está consolidando el uso del Derecho Electoral del Enemigo, el cual, según Alejandro Chacón, es “el uso arbitrario de las disposiciones electorales con el objeto de impedir la participación electoral de las voces de oposición y generar ventajas electorales el régimen”.

Señalan opacidad

Mirador electoral también criticó que el presupuesto asignado al TSE para 2023 “es el mayor en la historia, duplicando el asignado para las elecciones 2019”, pues solo el plan anual de compras para este año “es igual al presupuesto total asignado para las elecciones generales del año 2019”.

“A la par de este histórico aumento presupuestario, el Tribunal Supremo Electoral ha realizado cambios a sus procedimientos internos para realizar adquisiciones de bienes y servicios para el proceso electoral 2023, resaltando la opacidad y discrecionalidad en las compras, debilitando los controles y la transparencia establecidas en la Ley de Presupuesto, Contrataciones Públicas y Ley de Acceso a la Información Pública”, dice Mirador Electoral.

“En estas circunstancias es la primera vez que Guatemala se enfrenta a un escenario de “Elecciones Restringidas” desde la vigencia de la actual Constitución en 1985, de profundizarse esta tendencia, el país está en riesgo de perder el último pilar que sostiene el raquítico Estado de Derecho y Democracia en el país.