A un mes de las elecciones generales, Guatemala vive un clima de tensión por exclusión de candidatos

Los guatemaltecos elegirán en un mes un nuevo presidente, en unas elecciones tensionadas por denuncias de fraude tras la exclusión de varios aspirantes por parte de un oficialismo acusado de querer consolidar un sistema autoritario.

La última suspensión fue la del empresario Carlos Pineda, quien lideraba las encuestas presidenciales. Fue excluido por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo del organismo judicial.

Pineda accionó este jueves 25 de mayo un segundo recurso legal para intentar revocar la suspensión de su candidatura.

Pineda se catapultó al primer lugar de las encuestas al popularizarse en las redes sociales, en especial en TikTok. Ahora su única esperanza es que la Corte Constitucional resuelva una apelación a su favor.

Durante el proceso electoral, las cortes de Guatemala también excluyeron de la contienda a la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera y el empresario Roberto Arzú.

Este jueves, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala tiene previsto enviar a imprimir las papeletas de las próximas elecciones con los 22 binomios presidenciales que están habilitados para competir.

“Estos recursos son en favor del sistema democrático, para que se garantice la participación del candidato Pineda”, explicó a una radio local el abogado Érick Castillo, defensor del empresario.

El pasado 21 de mayo, la Unión Europea (UE) emitió un comunicado donde externó su “preocupación” por las suspensiones de candidaturas electorales de aspirantes presidenciales en Guatemala e instó a las autoridades del país a no “obstruir” su registro.

Deficiencias del proceso

A 30 días de las elecciones, centros de monitoreo y analistas han advertido que las autoridades electorales aún no han contratado a un jefe de informática, quien debe ser el responsable legal de la transmisión de los datos el día de la votación.

Además, durante el proceso fueron admitidos al menos una docena de candidatos que en el pasado han sido juzgados por diversos delitos, que van desde lavado de dinero hasta homicidio.

Cinco diputados que han sido sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por actos de corrupción también fueron aceptados para que busquen su reelección en el Congreso.

El miércoles pasado, la consultora costarricense Cid Gallup colocó a Sandra Torres (23%) y al diplomático Edmond Mulet (21%) como los dos candidatos con la mayor intención de voto, tras la salida de Carlos Pineda.

En los comicios, previstos para el 25 de junio, 9.3 millones de guatemaltecos están llamados a elegir al sustituto del presidente derechista Alejandro Giammattei, reprobado por el 75% de la población, según otra encuesta.

Si un candidato no alcanza el 50% más uno de los sufragios, los dos punteros irán a un balotaje (segunda vuelta) el 20 de agosto. La reelección presidencial está prohibida.

“Fraude”

“Los poderes ocultos que han estado alrededor del gobierno (…) están confabulando para poder sacarme a mí de la contienda electoral”, denunció Pineda.

Antes de su exclusión, la campaña ya generaba críticas porque el TSE había dejado fuera a la dirigente indígena Thelma Cabrera (izquierda) y a Roberto Arzú (derecha), hijo del expresidente Álvaro Arzú (1996-2000), dos fuertes aspirantes a la presidencia.

Analistas y políticos vetados consideran que el “fraude” no se basa en manipular los resultados, sino en imponer candidatos para mantener cooptado el Estado.

Con la expulsión de candidatos por la justicia lo que se pone en “peligro” es “el Estado de derecho, la democracia y las garantías y libertadas para toda la población”, dijo a la AFP el director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, Edie Cux.

“Hay un diseño preconfigurado de quiénes son los candidatos, sacar a los que resulten incómodos y dejar a quienes resultan favorables para el mismo sistema”, lamentó.

El vetado candidato a vicepresidente de Cabrera y exómbudsman, Jordán Rodas, afirmó que en el país se está cometiendo una nueva modalidad de “fraude electoral” por el involucramiento del “Estado por medio de la estructura orgánica judicial” para excluirlos.

Rodas no fue inscrito al ser denunciado por un supuesto acto de corrupción, y al defenderse, sus apelaciones fueron rechazadas por la justicia.

La ONG Oficina en Washington para América Latina (WOLA), considera al sistema judicial guatemalteco como el “brazo represivo que busca asfixiar y estrangular” a opositores.

Corrupción y “dictadura”

Para algunos analistas, desde 2019 Guatemala vive un retroceso democrático por el fin anticipado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ordenado por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020).

Como un ente de la ONU, la CICIG destapó emblemáticos casos de corrupción y provocó la renuncia en 2015 del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), sentenciado por fraude aduanero.

Bajo el mandato de Giammattei, empezaron a ser capturados varios exfiscales que trabajaron con la CICIG, la mayoría acusados de supuesto abuso de autoridad.

Los procesos penales, considerados como una “venganza”, fueron abiertos a pedido de la fiscal general Consuelo Porras, cercana a Giammattei e incluida por Washington en 2021 en una lista de actores “corruptos”, por lo que fue sancionada tras despedir a un fiscal que intentó investigar al mandatario.

En Guatemala hay “una dictadura corporativa con intereses económicos, de corrupción e incluso del crimen organizado”, declaró el exrelator de libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, quien comparó la situación con una obra de teatro.

“Se ve al director que es el presidente y como mueve sus piezas, pero lo que no se ve es quién escribe el guion y quién financia la obra. Estamos yendo hacia un modelo mucho más autoritario con consecuencias muy severas”, alertó.

El país también enfrenta denuncias de ataques a la libertad de expresión por el arresto de José Rubén Zamora, dueño del diario elPeriódico, quien enfrenta un polémico juicio por lavado de dinero.

Las elecciones generales de Guatemala se llevarán a cabo el próximo 25 de junio para definir a su nuevo presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 340 alcaldes municipales para el periodo 2024-2028.