Diálogo entre autoridades indígenas y Gobernación sube de tono ante posible desalojo de protesta frente al MP

“Si lo que quieren es que salgamos otra vez a las calles, empiecen a trabajar su logística en cómo vamos a tener que ver otra vez las carreteras”, fue la advertencia que Édgar Tuy, síndico de la Municipalidad Indígena de Sololá, dio como respuesta a la propuesta de las autoridades del Ministerio de Gobernación de liberar el paso frente a la sede del Ministerio Público (MP), donde grupos de personas exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.

De esa forma es como una reunión entre líderes indígenas, autoridades del Ministerio de Gobernación y el procurador de los Derechos Humanos subió de tono este martes 14 de noviembre, pues los representantes de los pueblos ancestrales aseguran que dejaron las calles para protestar frente a la sede del MP, en el barrio Gerona de la zona 1 de la capital, y que ahora se piensa vulnerar ese derecho.

Las autoridades de Gobernación hicieron tres propuestas para liberar los accesos a la Fiscalía y mencionaron que con eso se apoyaría a personas con capacidades diferentes; sin embargo, ninguna de ellas fue aceptada por las autoridades indígenas, quienes aseguran que no se vulnera los derechos de ese sector de la población.

“El contexto donde estamos no lo permite, no es posible por un contexto de coyuntura nacional, de una crisis política que estamos pasando, no lo estamos haciendo con la intención de vedar el derecho de las personas con discapacidad”, dijo Tuy.

Agregó que no se trata de propuestas, sino que la población dejó las calles para estar frente al MP, pero “si lo que quieren es que salgamos otra vez a las calles, empiecen a trabajar su logística en cómo vamos a tener que ver otra vez las carreteras”.

“Señor viceministro, con todo respeto, si usted lo que quiere es habilitar ese carril allá (en el MP), entonces vayamos alistándonos cómo le hacemos en las carreteras, empecemos a trabajar la logística de cómo no se vete el derecho de las personas en las carreteras, porque la población ahí está ansiosa de querer salir, solo que esta vez no creo que va a ser un mes, pueden ser dos”, advirtió Tuy.

“La instrucción no es un desalojo”, dijo por su parte el viceministro de Gobernación, Héctor Eduardo Morales Alarcón, quien aseguró que la mediación sigue siendo su principal estrategia en la resolución de este conflicto; sin embargo, se mostró escéptico ante la postura de los líderes indígenas.

Morales señaló que la postura de las autoridades indígenas no representa a toda Guatemala y dijo que, así como la presencia de agentes de la PNC ha sido considerada como represión y coacción, “lo mismo podemos tomar nosotros de esa postura”.

“No podemos ser cerrados de esa forma, no podemos pretender cuestionar de una forma u otra pretendiendo que lo que se manifiesta o lo que ellos dicen es certero. Acá tenemos que buscar una mediación, si bien es cierto, ellos presentan esa iniciativa, pero creo que no es una representación total, porque Guatemala somos muchísimos, somos 16 millones (de habitantes)”, agregó Morales.

Respecto a la advertencia de bloqueos, Alejandro Córdova, procurador de los Derechos Humanos, señaló que eso es normal cuando se entablan meas de diálogo, donde “cada uno manifiesta sus criterios y sus posturas (…) y de esta forma llegar a un consenso”.

“Lo que nosotros queremos es que prevalezca la tranquilidad, la paz, el entendimiento de nuestros pueblos guatemaltecos, pues tenemos que entender que tenemos un derecho para manifestar, porque lo establece el artículo 33 de la Constitución, pero también el artículo 26 de la libertad de locomoción”, dijo el procurador.

Las protestas frente a la Fiscalía se intensificaron desde el pasado 2 de octubre, luego de que autoridades judiciales secuestraran cajas electorales que estaban bajo resguardo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sin embargo, desde el 12 de julio pasado, la Fiscalía ha empañado el proceso electoral por medio de allanamientos, órdenes de captura y el secuestro de los resultados de las votaciones celebradas el 25 de junio (primera vuelta) y 20 de agosto (balotaje).

Además, una investigación en contra del partido Movimiento Semilla, con el que Bernardo Arévalo ganó la Presidencia, por supuestas irregularidades en su constitución y que originó que el juez Fredy Orellana ordenara la cancelación de su personería jurídica, también motivó movilizaciones y bloqueos, así como un paro nacional de varios días.

Se sabe que las protestas frente al MP persistirán hasta el 14 de enero de 2024, cuando Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera, asuman el poder.