Cacif insta a respetar el Estado de Derecho en Guatemala
En medio la crisis política causado por la judicialización del proceso electoral de parte del MP, el sector empresarial hace un llamado para garantizar la alternancia del poder.
Las últimas acciones del Ministerio Público (MP) en contra de Bernardo Arévalo, presidente electo, y de correligionarios del partido Movimiento Semilla agudizaron la crisis política en Guatemala, por lo que este viernes 17 de noviembre el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) hizo un llamado a garantizar la alternancia del poder, pues considera que constituye un pilar del orden constitucional.
Este viernes, el MP presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pedido para retirarle la inmunidad a Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera, y otras cuatro personas, entre ellas el diputado Carlos Alberto Barreda Taracena, el diputado electo Raúl Amílcar Barrera Robles, el actual diputado y reelecto Samuel Andrés Pérez Álvarez y el diputado Adán Pérez y Pérez.
Ante esos acontecimientos, el Cacif publicó un comunicado en el que reiteraron su compromiso por la defensa al Estado de Derecho, acciones que, según el documento “lo continuaremos haciendo, ya que es una condición indispensable para fortalecer nuestra república y el desarrollo del país”.
El Cacif detalla que con base en el derecho constitucional de libre emisión del pensamiento hacen algunas recomendaciones para garantizar la institucionalidad del país.
“Hemos manifestado en reiteradas ocasiones la importancia de la alternancia del poder, ya que constituye un pilar del orden constitucional”, refiere el documento.
Además, dice que “los guatemaltecos ya manifestamos nuestra voluntad a través del proceso electoral” en el que fue electo el binomio presidencial de Arévalo y Herrera, quienes, junto con las demás autoridades electas “deben asumir el 14 de enero de 2024”, según el acuerdo de oficialización de resultados emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Esperamos que los órganos jurisdiccionales y autoridades respectivas realicen sus actuaciones apegadas a derecho y, de igual manera, ponderen en su correcta dimensión los hechos presentados ante ellos”, dice el Cacif.
Detalla que, como en ocasiones anteriores, “sostenemos que en cualquier investigación o acción desarrollada por entes competentes deben respetarse los principios y garantías constitucionales fundamentales como los son el debido proceso y la presunción de inocencia, entre otros”.
AmCham también se pronuncia
Además, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) mostró su preocupación por las acciones encaminadas por la Fiscalía, las que, de acuerdo con su percepción, amenazan la democracia guatemalteca.
“AmCham expresa su firme rechazo y profunda preocupación ante las acciones emprendidas por el Ministerio Público que amenazan la democracia guatemalteca. Estas acciones están obstaculizando el proceso de transición de las autoridades electas, quienes han sido debidamente acreditadas por el Tribunal Supremo Electoral”, dice es esa entidad en un comunicado.
El documento agrega que dichas acciones “ponen en riesgo la certeza jurídica y el sistema democrático del país”, así como que “no solo afectan la calificación de riesgo de Guatemala, sino que también socavan la estabilidad política y económica” del país.
“Estas medidas violentan el Estado de Derecho, con implicaciones graves para todos los guatemaltecos, afectando la estabilidad jurídica política y económica del país”, refiere el documento.
“Amcham seguirá atenta ante cualquier intento de impedir una transición pacífica de los funcionarios electos por la ciudadanía guatemalteca”, dice el comunicado que añade que dicha entidad en su capítulo Guatemala “hace un llamado a respetar el estado de derecho con el fin de generar un entorno estable para la inversión y el comercio, por medio de la certeza jurídica, de la mano del trabajo conjunto de los ciudadanos”.