Guatemala rechaza la ley antiinmigrante SB4 de Texas

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, firmó el pasado lunes un paquete de leyes antiinmigrantes, incluyendo la SB4, considerada una de las más estrictas en la historia estadounidense y que otorga a la Policía la facultad de detener y deportar migrantes sin el debido proceso, por lo que el Gobierno de Guatemala mostró su rechazo ante esa medida, tomando en cuenta que miles de guatemaltecos llegan a ese estado procedentes de México.

Considerada una de las leyes antiinmigrantes más estrictas en la historia estadounidense, la SB4 convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala publicó un breve comunicado en el que muestra su rechazo a la ley SB4 y señala que trabajan de la mano con EE. UU. para tratar las causas estructurales de la migración irregular.

“El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifiesta su oposición a la nueva ley SB4, firmada por el gobernador del estado de Texas, Estados Unidos, Greg Abbott, la cual establece como delito y autoriza el arresto de inmigrantes que ingresen a ese país de manera irregular, y entraría en vigencia en marzo del año 2024”, dice el comunicado.

Añade que “Guatemala reafirma su compromiso de continuar trabajando de la mano de EE. UU. y el resto de países del hemisferio en el abordaje de las causas estructurales de la migración, tal y como se acordó en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, que es la única y verdadera manera de controlar la migración irregular”.

La ley permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial. Y lo más polémico, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México.

“La meta de esta ley es parar la oleada de ingresos ilegales de extranjeros a Texas”, dijo el gobernador al firmar la ley, y destacó que durante el Gobierno de Biden, iniciado en enero de 2021, han pasado la frontera más de ocho millones de migrantes.

Ante las preocupaciones de activistas que argumentan que la ley propicia el perfilado racial hacia inmigrantes que residen en el estado, entre otros resultados negativos, Abbot advirtió que la aplicación de esta ley “se enfocará en la frontera”.

La medida se suma a otras que Abbott ha instrumentado como parte de su Operación Estrella Solitaria contra la inmigración irregular, a la que han sido asignados US$9 mil 500 millones desde 2021 y que ha incluido la colocación de un cerco de alambre de púas y una barrera de boyas en el fronterizo Río Grande (Río Bravo en México).

Abbott también firmó otros dos proyectos de ley, incluyendo la SB3, que asigna US$1 mil 540 millones adicionales para la construcción del muro fronterizo y el financiamiento de operaciones de seguridad en la región, incluyendo fondos a los departamentos de policía para implementar la SB4.

Otra ley firmada por el gobernador crea una pena mínima de 10 años para personas encontradas culpables de tráfico de migrantes.

Asimismo, Abbott se despachó contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo que la frontera es de dos sentidos y que su Gobierno había podido “parar todo esto”.

Calificó de “reprobable” la política de López Obrador al exponer a los migrantes a torturas, violaciones y la muerte.

Pese al exorbitante costo de su política migratoria, las medidas le han permitido a Abbott, quien ha sido gobernador desde 2015, consolidar su poder en el estado al pasar por encima de las objeciones demócratas, promover su agenda antiinmigrante a nivel nacional y desafiar al Gobierno del presidente Biden, a quien culpa de la inmigración ilegal por su supuesta política de “fronteras abiertas”.

Abbott enfrenta la perspectiva de que las nuevas leyes, en especial la SB4, sean impugnadas por el Gobierno federal o por grupos proinmigrantes, entre ellos la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), que ya han anunciado su intención de ir a las cortes.

Las nuevas disposiciones pueden generar también el rechazo de un sector de los aproximadamente 12 millones de hispanos de Texas, que constituyen el mayor grupo demográfico del estado con 40.2 % de los alrededor de 30 millones de habitantes.