Ciudad Guatemala
En su nuevo video, Bad Bunny no es el protagonista.
El cantante puertorriqueño presentó hace unos días “El Apagón”, una nueva producción de casi 23 minutos que es más que un simple videoclip musical.
De hecho, su música y letra solo son un acompañamiento a un corto documental elaborado por la periodista puertorriqueña Bianca Graulau y titulado “Aquí vive gente”, el cual denuncia varias problemáticas que viven los habitantes de la isla estadounidense.
“Yo no me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí. Que se vayan ellos, que se vayan ellos“, canta Bad Bunny en “El Apagón”.
El video se convirtió en un éxito: en las primeras 72 horas desde su publicación consiguió casi 6 millones de reproducciones.
Y fue lanzado tan solo unas horas antes de que el huracán Fiona llegara a Puerto Rico, causando un apagón que dejó a más de 1 millón de personas a oscuras, una situación que se repite con asiduidad y que Bad Bunny denuncia en su videoclip.
Estos son algunos de los graves problemas de Puerto Rico sobre los que arroja luz “El Apagón”:
Acabo de ver el video de “El Apagón” de Bad Bunny, pero es uno de los primeros artistas que usa su poder masivo para hacer un vídeo musical en documental, mostrar la difícil situación de su tierra natal. Se lo critica por muchas cosas pero este gesto lo hace un gran ser humano.
— Ariu🪩 (@arianaullauri) September 16, 2022
Que Bad Bunny haya utilizado el videoclip de el Apagón para hacer un reportaje de todo lo que esta pasando en Puerto Rico para darle bombo a este tipo de injusticias me parece una obra maestra.
— Rafafroste (@RafaFroste) September 16, 2022
Los apagones sin solución
Cinco años después del devastador paso del huracán María en 2017, el gobierno de Puerto Rico firmó un contrato por 15 años con una empresa privada estadounidense-canadiense, Luma Energy, para que se convirtiera en el nuevo operador de energía de la isla.
Su labor es reestablecer y administrar la infraestructura eléctrica que quedó severamente dañada por aquel huracán, para que la isla no vuelva a padecer la falta de electricidad durante días, semanas y hasta meses.
Pero el reportaje de Graulau expone cómo los apagones siguen y señala dos ocurridos este año.
Uno tuvo lugar en abril, tras una explosión en la central eléctrica Costa Sur de Guayanilla, y dejó a más de un millón de boricuas sin luz; el otro apagón grave se dio en agosto pasado, en el Hospital Universitario de Adultos -uno de los más importantes del país-, que estuvo casi un día sin electricidad, poniendo en riesgo las vidas de los pacientes.
“Hay claramente en Puerto Rico una percepción generalizada de que Luma no ha cumplido con su trabajo y esto lo podemos ver en las protestas de los pasados meses ocurrieron casi a diario en la isla que exigen que el gobierno fiscalice a la empresa”, dice el periodista puertorriqueño de BBC Mundo Ronald Ávila-Claudio.
“Pero el gobernador Pedro Pierluisi ha defendido en varias ocasiones al consorcio de energía. Eso es algo que también ha molestado a mucha gente, porque el rol del gobierno es fiscalizar a esta compañía”, añade.
Bianca Graulau, además, señala que los puertorriqueños han visto siete aumentos consecutivos en la factura de luz, pese a que el servicio no ha mejorado.
Y Bad Bunny canta: “Maldita sea, otro apagón”.
El pasado agosto, y ante la indignación popular, el gobernador Pierluisi aseguró no estar satisfecho con el desempeño de Luma y dijo que la compañía “tiene que hacer cambios en su plan de ejecución para mejorar significativamente el servicio que le está ofreciendo a nuestro pueblo”.
“Aunque reconozco que la red eléctrica que tenemos es frágil y obsoleta, es responsabilidad de Luma operarla bajo el estado crítico y de emergencia en el que se encuentra“, dijo en un comunicado.
La “gentrificación” de San Juan
Otra denuncia del reportaje es el desplazamiento de los habitantes de barrios populares de San Juan, quienes se han visto forzados a dejar sus viviendas ante la llegada depromotores inmobiliarios, un fenómeno mundial que se da en ciudades turísticas y que es conocido como “gentrificación”.
Compañías inmobiliarias -muchas de ellas con capital extranjero- levantan apartamentos nuevos para rentar o vender a precios impagables para los vecinos que han vivido ahí por años.
No son pocos los residentes que han recibido el “Aviso de 30 días para desalojar”.
“Vamos a ser extranjeros en nuestra propia patria”, se queja en el video de Bad Bunny un vecino de Puerta de Tierra de San Juan, un barrio que históricamente ha albergado viviendas populares pero que tiene una posición altamente deseada al estar próxima a la zona turística del Viejo San Juan.
Una persona con ingresos medios de US$1.750 no puede costear las nuevas rentas mensuales de más de US$2.500 de los nuevos desarrollos inmobiliarios que han florecido en el barrio.
“Las denuncias de gentrificación recorren toda la isla. En Rincón, en el oeste de la isla, hay un claro cambio demográfico de sectores que son cercanos a la playa y que se los han apropiado personas de alto poder adquisitivo. Y en Luquillo, en las islas Vieques y Culebra también. Han aumentado muchísimo los precios de la vivienda y el salario promedio del puertorriqueño es muy bajo. Hay una crisis de vivienda enorme luego del huracán María”, explica Ávila-Claudio.
Los beneficios de la “ley 22”
Ligado al desplazamiento de los habitantes locales, el reportaje también denuncia cómo una norma -la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, conocida como “ley 22”– está beneficiando a los foráneos.
La norma ofrece exenciones fiscales para que ciertos inversionistas no paguen impuestos sobre ganancias de capital tras convertirse en residentes de la isla.
Por esos beneficios, Puerto Rico se convirtió desde la aprobación de la ley en un destino atractivo para empresarios de diversos sectores, pero la llegada de los que trabajan en el mundo del blockchain y las criptomonedas ha tenido más repercusión.
Carlos Fontán Meléndez, director de la Oficina de Incentivos de Puerto Rico, le dijo a BBC Mundo en marzo pasado que gracias a los exenciones contributivas, el sector inmobiliario había registrado compras por un valor de US$1.300 millones, lo cual se tradujo en unos US$8,8 millones en ingresos para las arcas públicas.
Pero muchos en Puerto Rico consideran que este dinero no beneficia al pueblo, una cuestión que el gobierno atribuye a un problema de percepción.
Bianca Graulau señala en el reportaje que más de 3.000 inversionistas se han beneficiado de la “ley 22”, muchos de los cuales han comprado viviendas populares y hasta una antigua escuela abandonada para transformarla en hoteles y apartamentos para turistas.
Los poderosos inversionistas inmobiliarios, denuncia la periodista, son donantes de los políticos y partidos, asegurándose así que las normas no cambien.
La “privatización” de las playas
Lo que ocurre en la playa del Dorado, al oeste de San Juan, es un ejemplo de cómo los desarrollos turísticos privados están restringiendo el acceso a las playaspúblicas de la isla, señala el reportaje.
A pesar de que la ley exige que haya accesos a través de las propiedades privadas, y que se respete un margen de 20 metros de playa para uso público, las autoridades no siempre hacen valer la norma.
Así, algunos hoteles, villas, clubes y propiedades privadas pueden tener sus porciones de playa exclusivas de manera indebida.
“Una piscina en frente de una playa, ¿qué necesidad hay de eso? Invadiendo el hábitat de tortugas”, lamentaba un vecino en una playa de Rincón, en el oeste de la isla.
Pero algunos puertorriqueños en esa localidad han tomado acción por cuenta propia.
Luego de días de protestas ante un condominio, los manifestantes derribaron una construcción ilegal de una piscina en terreno público tras obtener un fallo judicial favorable.
El caso fue una victoria que “El Apagón” enmarca como una muestra de que los boricuas están luchando por sus derechos.
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