Presupuesto de Q99 mil 700 millones aprobado de forma exprés por el Congreso genera reacciones de sectores sociales, pero el presidente de Guatemala lo defiende.
OJ dice que reducción del monto solicitado pone de manifiesto que la justicia "no es prioridad nacional".
Castillo propone una instancia técnica y sectorial que analice de nuevo el gasto y haga recomendaciones.
Organizaciones sociales e instituciones recurren a la justicia para frenar el gasto aprobado por los diputados.
PNC sostiene que usó extintores solo para apagar las llantas incendiadas.
Centros de estudios, empresarios y organizaciones indígenas critican forma y fondo del gasto aprobado por diputados.