Exdiputado Gudy Rivera logra salir de prisión antes de cumplir la condena
Entre las restricciones que mantiene está que no puede salir del país, pero sí podrá tener un trabajo estable.
El exdiputado del Partido Patriota (PP) Gudy Rivera, quien fue condenado por intentar sobornar a una magistrada para obtener una resolución favorable a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, salió de prisión el 12 de agosto último.
Rivera fue sentenciado a 13 años y cuatro meses por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal el 28 de julio de 2016. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia redujo a ocho años y 11 meses la condena.
Actualmente le faltan dos años y medio de cárcel, pero un Juzgado de Ejecución Penal le concedió el beneficio de libertad anticipada, por lo que podrá culminar la condena en libertad.
La Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público (MP) no se opuso a esta disposición. Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que a criterio de la fiscalía Rivera cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 80 del Código Penal, entre los cuales estaba el haber cumplido con más de la mitad de la pena de prisión impuesta, que el reo no había sido condenado por otro delito, mostrar buena conducta durante su reclusión y haber hecho el pago de la multa impuesta en la pena.
Entre las prohibiciones que siguen vigentes para el congresista está la de no salir del país, tiene la obligación de reportar su huella digital en el Ministerio Público de Gerona, pero puede mantener un trabajo estable.
El caso
En el 2014, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió como secretaria general del PP a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por realizar campaña anticipada en un evento en que se proclamó a Alejandro Sinibaldi como candidato presidencial de esa agrupación.
Con el fin de revertir la disposición del TSE, el exdiputado Rivera se reunió con la magistrada de la Sala Quinta de Apelaciones, Claudia Escobar, y ofreció garantizarle su reelección en el cargo a cambio de que esta otorgara un amparo que permitiera a Baldetti continuar como secretaria general.
No obstante, la magistrada denunció estas presiones ante el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), lo que derivó en la condena del exdiputado por tráfico de influencia y cohecho activo.