Interponen 5 amparos en contra de ley de servicios básicos, aprobada por el Congreso para paliar crisis económica por el coronavirus

Mientras diputados defienden el decreto 15-2020, conocida como ley de servicios básicos, que establece que las empresas no podrán cortar estos a los usuarios por falta de pago derivado de la emergencia sanitaria por el covid 19, el sector empresarial, incluyendo al Cacif, se prepara para accionar legalmente contra esta disposición ya que argumentan que la misma contiene errores técnicos que pone en riesgo la sostenibilidad de las compañías para seguir prestando los servicios.

De hecho, hasta la noche del viernes 1 de mayo ya sumaban cinco acciones legales de este tipo que habían sido presentadas ante el máximo tribunal.

La primera la presentó a título personal el abogado  Óscar Scheel; la segunda, estuvo a cargo de Javier Adolfo Jiménez Mejía, mandatario judicial y administrativo de la entidad Transportista Eléctrica Centroamericana S. A.

A las anteriores se sumaron otros tres amparos que presentaron, la Asociación Nacional de Generadores (ANG), Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager) y de Industria Energética Asociada (IEA).

Nils Leporowsky, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), dijo que es importante que se aprueben iniciativas que den alivio a la situación económica de las familias más afectadas por la emergencia, pero que esas medidas deben ser sostenibles y no comprometer la situación financiera de los prestadores de esos servicios.

“La ley que aprobó el Congreso presenta esa deficiencia que se traduce en riesgo para las operaciones de esos prestadores de servicios, al exponerlas a una situación de insolvencia”, explicó.
Al no estipularse apoyo a las prestadoras de servicios de energía, agua y telefonía, estas empresas pueden afrontar grandes problemas de liquidez, al ocasionarse los impagos de los consumidores, advirtió.

Los generadores de energía eléctrica se pronunciaron esta semana en apoyo al veto presidencial de esa ley. Horacio Fernández, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Generadores (ANG), indicó que son respetuosos de las decisiones de las autoridades del país, pero en este caso analizan presentar alguna acción legal.

Las distribuidoras de energía decidieron y se comprometieron a no suspender el servicio por falta de pago y reconectar si por esa razón se le hubiera cortado, sin necesidad de que exista esa ley, comentó Fernández.

La defienden

Sin embargo, diputados de diversas bancadas apoyan la iniciativa 15-2020; de hecho, el pasado jueves se unieron para rechazar la decisión del presidente, Alejandro Giammattei, quien vetó el decreto que prohíbe a las empresas cortar los servicios básicos durante la crisis sanitaria del nuevo coronavirus.

La parlamentaria Sonia Gutiérrez de la bancada Winaq dijo que el Congreso se unió para defender los intereses del pueblo y que espera que la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelve con base en el interés general ya que la ley paliará el impacto en la economía familiar. “Las empresas no le están regalando nada, solo le estarían difiriendo el pago, creo que el sacrificio es de todos”, comentó.

Respecto al rechazó al veto presidencial, que se logró con 126 votos a favor, dijo que “el Organismo Ejecutivo tendrá que entender que somos un Organismo del Estado independiente”.

Carlos Barreda jefe del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), resaltó que hasta los diputados oficialistas le dieron la espalda al presidente Giammattei, asegura por el reclamo legítimo de la población por lo cual sintieron esa presión que los obligó a rechazar el veto.

La emergencia del covid 19 ha generado “un golpe económico muy fuerte y la población no tiene dinero para pagar el recibo de la energía eléctrica, el agua y el internet que se requiere para que sus hijos puedan estudiar durante el confinamiento”, expuso Barrera.

Unión puede ser efímera

A criterio de Heidy de Matta, directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), la alianza vista el jueves pasado será algo pasajero, pero que podría traer implicaciones clave para la forma en que la bancada oficial seguirá haciendo su labor parlamentaria.

“Yo diría que estas alianzas fueron coyunturales pero que dada la situación actual del país y la necesidad de una reactivación económica va a requerir de mucho dialogo, de mucha discusión y debate para, efectivamente encontrar las mejores soluciones a los problemas nacionales”, explicó de Matta.

La experta también resaltó como un punto positivo la amplia discusión en el parlamento, en la que tan solo un diputado de los 17 que integran la bancada de Vamos respaldó por algunos instantes la decisión de Giammattei.

El respaldo fue fugaz. Cuando estaba por dar inicio el evento de votación el oficialismo decidió abandonar el hemiciclo, situación que tan solo generó un desgaste dentro de una bancada oficial que apenas está por cumplir cuatro meses de trabajo político, añadió.

“Lo que prevaleció fue el interés de la población y la dimensión de la crisis, aquí no está jugando usted con situaciones sencillas, son procesos bien complejos que van a requerir de aquí en adelante un esfuerzo para lograr fortalecer al Estado de Guatemala”, refirió la analista.

Por su parte Emilio Ruiz, analista político de la Asociación para las Investigaciones e Estudios Sociales (Asées), dijo que la actitud de la bancada oficial —de dejar solo al presidente Allan Rodríguez en el hemiciclo— no fue la mejor porque puso en evidencias practicas “negativas” que han sido frecuentes dentro del Congreso.

“No querían verse como la fuerza derrotada, es una práctica triste, porque lo que busca es bloquear la discusión y aprobación de leyes (…) si golpea la decisión del oficialismo incluso una figura que ha salido muy bien en términos de apoyo como la del presidente Giammattei, yo sí creo que fue un mal mensaje”, acotó.

Ambos coinciden en que ahora es necesario que la bancada oficial mejore sus estrategias políticas dentro del hemiciclo porque prácticamente abandonaron al presidente del Congreso en el evento de votación, siendo el único que votó en contra.

Futuro de los amparos

Al respecto de los amparos presentados a la CC, el abogado Alejandro Balsells estima que “es cuestión de tiempo para que el presidente de la república promulgue la ley por orden legislativa”.

• “Mi opinión es que la Corte de Constitucionalidad puede opinar cuando le preguntan, —pero— cuando no le preguntan no. Yo no creo que sea parte del proceso de creación de la ley una pregunta obligatoria, a mi juicio lo que debe pasar es que esa norma entre en vigor”, aseveró.

Pero el expresidente de la CC, Roberto Molina Barreto, asegura que existen posibilidades para que los amparos prosperen. Afirma que, a su criterio era necesaria una consulta constitucional.

• “Posiblemente aquí por haberse tratado más de un lío de orden de orgullo y de carácter político no se tomaron el tiempo para hacer un —análisis— técnico y jurídico de la ley que se vetó, creo que queda una incertidumbre de que va a ocurrir”.

Ley de emergencia

Uno de los puntos que resaltó Giammattei para vetar el decreto 15-2020 fue que la terminología no era clara y textual, ya que, considera, “luz” no es igual a “servicio de energía eléctrica”, pero a consideración del analista en derecho Carlos Bezares, estos aspectos deben de quedar relegados y no son cruciales ante la emergencia actual.

“En este momento la república está llamada a ser responsable incluso para no generar crisis institucional dentro de una crisis sanitaria, el estándar de formalismo tendría que bajar en función de salvaguardar los grandes intereses que están protegiendo en los decretos de emergencia”, comentó.

Por su parte el exdiputado Fernando Linares Beltranena dijo que “las empresas podrían interponer una inconstitucionalidad contra la ley aduciendo que es expropiatoria, y cuestionó “¿Con qué dinero van a pagar las empresas los sueldos, arrendamientos, y costos de proveer los servicios?”.

Después de recibido el primer amparo el Congreso deberá emitir un informe circunstanciado en 48 horas para que los magistrados constitucionales definan el camino de la ley que garantiza los servicios básicos en medio de la crisis.

Con información de Douglas Cuevas, Dulce Rivera Y Rosa María Bolaños.