CICIG insiste en que Sierra de Stalling y su hijo deben ir a juicio por caso Bufete de la Impunidad
CICIG descarga su malestar contra el juez Mynor Moto a quien hace serias acusaciones sobre su resolución en el caso Bufete de la Impunidad.
Para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el caso cuenta con los suficientes medios de investigación y convicción para ser discutidos en juicio por eso, se rehúsan a aceptar que el caso haya sido clausurado y los implicados exculpados.
La CICIG reprocha que el Juez Mynor Moto haya dictado la clausura provisional del caso contra varios de los implicados, entre ellos, Marta Josefina Sierra de Stalling y su hijo por el delito de cohecho pasivo y tráfico de influencias.
CICIG denuncia impunidad y sesgo
Lo anterior es vulnerar el debido procesos dice CICIG y resolver de manera sesgada además de generar impunidad en el caso.
El juez realizó una valoración parcial de los medios de investigación, y su obligación en esta etapa procesal es establecer la probabilidad de participación de los acusados. Ignoró los medios de convicción como las interceptaciones telefónicas y los videos de las cámaras de seguridad en los cuales se demuestra la vinculación de estas personas en los hechos imputados.
El juzgador vulneró la independencia del Ministerio Público en su función de investigar porque señaló que se debían realizar pesquisas que a consideración de la CICIG resultarían irrelevantes, y no consideró las evidencias presentadas por ente investigador, las cuales se basan en medios objetivos y científicos de investigación. Expuso CICIG en un comunicado.
Moto dictó sobreseimiento, es decir exculpó de todo delito a 7 personas señaladas de vender resoluciones judiciales utilizando una estructura apoyada por un juez corrupto y sacó del proceso a al menos 5 de los sindicados.
Los investigadores insisten en que hay suficientes pruebas además de motivos racionales para demostrar este caso. Los sindicados fueron atrapados con escuchas telefónicas y videos ofreciendo a sus usuarios, servicios ilegales con la promesa de usar sus influecias y conexiones con jueces y magistrados para garantizar resoluciones favorables a cambio de dinero. De hecho, fue la juez Marta Sierra quien dejó en libertad a los primeros involucrados del caso La Línea por el que se investigó a este bufete de la impunidad.