¿Cómo está Guatemala en cuestión de riesgos 25 años después del paso del huracán Mitch?
Aunque hay más tecnología para prevenir riesgos, el mensaje de prevención no ha sido manejado de forma adecuada.
El 1 de noviembre de 1998 Guatemala se disponía a celebrar el Día de los Santo Difuntos, sin embargo, las celebraciones se cambiaron por el luto y dolor por el paso del huracán Mitch, catalogado como uno de los más destructivos de la historia.
El fenómeno atmosférico dejó alrededor de nueve mil muertos en Centroamérica, desde Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, así como millones de pérdidas en infraestructura y agricultura.
En Guatemala, la principal afectación ocurrió en el oriente y nororiente. De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en el país, el meteoro dejó 268 muertos, 121 desaparecidos, 200 heridos y 750 mil afectados.
De ese tiempo para acá, infinidad de fenómenos climáticos han causado desastres y tragedias. Dentro de los tristemente más recordados se encuentran el huracán Stan, 2005; la tormenta tropical Ágata, 2010; y las tormentas Eta e Iota, que golpearon al país en 2020.
Estas dejaron cientos de víctimas. ¿Pero ha aprendido algo el país en materia de gestión de riesgos luego de estas duras lecciones?
Progresos
Manuel Mota Chavarría, ingeniero especialista gestión de riesgos, apunta que en 25 años ha habido avances importantes en cuanto a investigación y tecnología en cuanto a la mitigación de riesgos, pero hace falta llevar dicho conocimiento e información de forma correcta a toda la población para que sea implementada.
Asimismo, considera que también ha habido avances institucionales, por ejemplo, con la implementación de las normas de reducción de desastres, pero el problema es que ya no se implementan como se debe. “Estas normas existen para hacer cambios sustanciales, no a nivel de respuesta, sino de como nos debemos preparar en diseños y construcción”, añade.
El especialista comenta que en el país se invierte más en respuesta a desastres que en prevención, pero la pregunta clave, afirma, es cuántos recursos podrían ahorrarse si se invirtiera más en prevención que en respuestas.
“Desafortunadamente este año hemos tenido ejemplos claros, como el derrumbe bajo el puente El Naranjo, el derrumbe en Chupol y las carreteras afectadas en las últimas semanas. ¿Acaso se pudieron haber prevenido?”, cuestiona. Mota Chavarría.
Retroceso
Por su parte, Martha Keays, quien 1998 era la jefa de la delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) para Centroamérica, cree que las tragedias han permitido la transformación de las organizaciones humanitarias, mediante el fortalecimiento de las normas y sistemas de respuestas a desastres.
“Eso permitió, por ejemplo, que el número de víctimas fatales de Eta e Iota fuera muchísimo menor que el de Mitch”, aseguró a la agencia de noticias EFE en una entrevista.
Pero al mismo tiempo, explicó Keays, los ecosistemas de la región acumularon los efectos de la crisis climática y ambiental y la pandemia de la covid-19 “hizo retroceder más de 30 años la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que ya eran muy altas en la región”.
De esa forma, las crisis sociales, económicas y ambientales han aumentado la posibilidad de que las amenazas naturales produzcan más daño, sobre todo en poblaciones históricamente marginadas como mujeres, indígenas y migrantes, entre otras.
“Y cuando la vulnerabilidad es alta, no hacen falta muchas sequías, huracanes o tormentas para destruir una comunidad, con un solo evento, aunque sea pequeño, basta”, afirmó Keays.
Keays lamentó que actualmente se registra una reducción de los fondos para atender cuestiones humanitarias de este tipo, puesto que “crisis de gran escala afectan a otras regiones del mundo y acaparan la atención y la inversión global”.
Para aumentar la resiliencia de Centroamérica, Keays habló de impulsar medidas como los sistemas de alerta temprana, la respuesta humanitaria basada en pronósticos, y el financiamiento de iniciativas de adaptación al cambio climático y de protocolos de acción temprana.