GALERÍA: Buscan extinguir dos mansiones más a Otto Pérez Molina
Las casas tienen un valor por más de 8 millones de quetzales, una ubicada en plena playa en Santa Rosa y la otra en Izabal con salida al Lago.
La Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED) una finca ubicada en Izabal; asimismo, presentó la acción de extinción de dominio sobre un bien ubicado en Santa Rosa, ambos bienes asociados al expresidente Otto Fernando Pérez Molina, procesado en varios casos de corrupción.
-
También puede ver: Otto Pérez Molina busca ser beneficiado con arresto domiciliario
La casa de playa de Santa Rosa
Fiscales de la Unidad de Extinción de Dominio presentaron esta semana la acción de extinción de dominio consistente en 1732 folios, previo al inicio del juicio, del bien ubicado en la aldea El Garitón, Taxisco, Santa Rosa.
El inmueble estaba a nombre de Construcciones y Caminos, S.A y posteriormente fue trasladaba a la sociedad Ecoark, S.A. De acuerdo con la investigación preliminar, este bien habría sido adquirido en el año 2013, con “La Cooperacha”.
Es decir esta mansión fue comprada con los fondos que reunieron Manuel López Ambrocio, exministro de la Defensa; Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones; Erick Archila, exministro de Energía y Minas; Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación y Juan De Dios Rodríguez, expresidente del IGSS.
-
También puede ver: Nadie quiere comprar los aguacates de Otto Pérez Molina
La residencia, entregada a la Senabed el 8 de septiembre de 2016, tiene un costo aproximado de 7 millones de quetzales.
La extensa finca ubicada en Izabal
La Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público entregó esta mañana a la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio una finca ubicada en Boca Ancha, departamento de Izabal.
El terreno colinda con el Lago de Izabal y está a nombre de la entidad Plantas de Exportación, S.A y consta de 758 mil metros cuadrados.
Según las pesquisas en la materia, en el 2013 se concretó la compra-venta de este terreno, el cual fue pagado por varias sociedades por un valor de un millón de quetzales.
La medida cautelar fue decretada y autorizada por el Juzgado de Extinción de Dominio, el 10 de junio de 2016.