Son solo 40 presos, todos musulmanes y la mayoría de ellos lleva más de 15 años allí, en el calor sofocante del trópico.
Cerca de una bahía en el oriente de Cuba, Estados Unidos mantiene el último reducto de las cárceles secretas que creó por todo el mundo en su “guerra contra el terror”: el centro de detención de Guantánamo.
En algún momento llegó a albergar más de 700 reos, pero ahora, solo queda un puñado allí.
Sin embargo, a medida que pasan los años, Estados Unidos gasta más y más dinero por ellos.
En 2013, cuando había 166 presos, el costo anual de operar el sistema penitenciario y judicial de Guantánamo era de US$454 millones, según el Departamento de Defensa (DoD), lo que implicaba un gasto anual de unos US$2.7 millones por cada preso.
En 2018, cuando solo quedaba la cuarta parte de los que estaban allí en 2013, el gasto anual rondó los US$540 millones, lo que implicó alrededor de US$13.5 millones por al año, según estimaciones del diario The New York Times.
De acuerdo con datos del DoD suministrados a la emisora NPR, Washington ha gastado más de US$6 mil millones desde la apertura de la cárcel hace 18 años, lo que implica un gasto promedio de US$380 millones por año.
Esta es, según medios de Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos, la cárcel más cara del mundo.
“Creo que es una locura (lo que paga EE.UU. por la cárcel). Operarla cuesta una fortuna y creo que es una locura”, aseguró el presidente Donald Trump a inicios de mes cuando fue interrogado sobre los gastos de la prisión.
El mandatario, que firmó en 2018 una orden para mantener la cárcel abierta de forma indefinida, rechazó el pasado viernes la idea de que su gobierno siga enviando nuevos presos al oriente de Cuba.
“Estados Unidos no va a tener a miles y miles de personas varadas en la bahía de Guantánamo, cautivas en la bahía de Guantánamo durante los próximos 50 años y nosotros gastando miles y miles de millones de dólares”, afirmó.
Sin embargo, nada se dijo de los presos que quedan allí y los expertos creen poco probable que el centro de detención cierre en un futuro cercano.
“Hay muchos elementos que nos hacen pensar que, lamentablemente, no están dadas las condiciones para que la cárcel deje de operar”, le dice a BBC Mundo Wells Dixon, abogado del Center for Constitutional Rights, una organización de defensa legal en la que se dedica a defender presos retenidos en Guantánamo.
Los ataques de septiembre de 2001 llevaron a Estados Unidos a la campaña más larga y costosa de su historia: la llamada “guerra contra el terror”.
Las operaciones internacionales, apoyadas por países aliados y la OTAN, conllevaron no solo a abrir frentes de batalla en varias naciones de Medio Oriente, sino también a la búsqueda empedernida de los principales líderes y miembros de lo que EE. UU. consideraba “organizaciones terroristas”.
Desde inicios de la década del 2000, las cabezas de supuestos miembros de Al Qaeda, el Talibán y otros grupos extremistas comenzaron a aparecer en la lista de los más buscados del mundo.
Y desde enero de 2002, comenzaron a llegar a Guantánamo los primeros presos y poco a poco la cárcel improvisada en una base militar en el oriente de Cuba se llenó con algunos de los hombres más buscados del mundo.
Para julio de 2003, ya había más de 603 detenidos, según datos del Departamento de Defensa.
Según explica Patricia Stottlemyer, abogada de Human Right First, una organización internacional de derechos humanos, Washington los considera desde entonces “combatientes enemigos ilegales”.
“Esto implica que no son considerados prisioneros de guerra, por lo que EE.UU. entiende que no tiene que aplicarles las convenciones internacionales y, por tanto, puede retenerlos indefinidamente sin juicio y sin derecho a una representación legal”, le dice a BBC Mundo.
En 2014, el Comité de Inteligencia del Senado reveló que la prisión de Guantánamo era parte de un “programa de detención secreta indefinida“, en el que se hacía uso de violentos métodos de tortura.
Y aunque desde 2008 el entonces presidente Barack Obama ordenó el cierre de dichos centros de detención a lo largo del mundo, la cárcel sigue abierta como el último vestigio en el continente americano de “guerra contra el terrorismo”.
De acuerdo con Stottlemyer, varios factores inciden en que Guantánamo sea “la cárcel más cara” de todo el planeta.
Entre ellos, señala, está su propia ubicación.
“Al no estar en territorio continental de EE. UU., el gobierno tiene que desplazar por aire o barco a la mayoría de su personal y muchos de los elementos vitales para el mantenimiento de la prisión”, señala.
Actualmente, unos mil 800 soldados trabajan en el penal de Guantánamo, lo que equivale a 45 guardias por cada prisionero.
Mientras los militares cuentan con una capilla y un cine, los presos tienen -según sea su comportamiento- acceso a comida halal, televisión satelital, equipos deportivos o Playstation.
Y, como las audiencias preliminares para los casos se realizan allí, el gobierno también debe asumir el costo de los traslados semanales de jueces, abogados, periodistas, personal de apoyo o equipos para las vistas orales.
Pero a medida que pasa el tiempo y los prisioneros siguen en Guantánamo, la lejanía del continente también se está volviendo un problema humanitario.
“Pasan los años y los prisioneros están envejeciendo y como la atención médica allí es tan inadecuada, a menudo, el gobierno necesita llevar por aire desde EE. UU. continental equipos médicos muy caros y especialistas, lo que lógicamente tiene un costo”, comenta.
Y es que, de acuerdo con la experta, el limbo legal en el que se encuentran estos presos no les permite siquiera que sean trasladados a territorio de Estados Unidos ni siquiera en caso de una emergencia sanitaria.
“Esto ha resultado en situaciones extravagantes, como médicos volando desde Miami a Guantánamo en medio de un huracán para atender a los presos de Guantánamo”, señala.
Dixon, por su parte, señala que la ubicación de la cárcel -cercana a una bahía y al inclemente clima tropical- ha hecho que su mantenimiento y funcionamiento también impliquen gastos adicionales.
De ahí que, en su criterio, mantener sus instalaciones se ha convertido también en un “negocio redondo” para las empresas contratistas que buscan operar allí.
“Cuando miras lo que gasta el gobierno, es fácil imaginar el interés que puede generar un contrato en el centro de detención”, opina.
Además de mantener la infraestructura y reacomodar los edificios, son estas compañías las que también proveen a Guantánamo del personal que asiste en el funcionamiento de la cárcel.
Según los últimos datos del departamento de Defensa, unos 300 contratistas trabajan en la prisión, entre ellos, lingüistas, traductores, analistas de inteligencia, consultores o expertos en tecnologías.
Sin contar los funcionarios de las agencias de inteligencia de EE. UU. (cuya presencia en Guantánamo es información clasificada), se calcula que hay más de dos mil cien personas trabajando para 40 reos, entre militares y empleados civiles.
El mantenimiento de las instalaciones existentes y las que se han construido o remodelado en los últimos años (como una sala para celebrar los juicios) también han sumado dígitos a los gastos de la cárcel, pagada con dinero de los contribuyentes.
Para que se tenga una idea, una cárcel como la “supermax” en Colorado, donde se encuentran presos como “El Chapo” Guzmán, cuesta unos US$78.000 por reo al año, según estimaciones del periódico The New York Times.
Pero, ¿cómo se explica entonces que EE.UU. gaste tanto por mantener una cárcel en una lejana bahía en sur de Cuba donde solo tiene 40 prisioneros?
De acuerdo con la abogada de Human Right First, una de las razones detrás de mantener la cárcel en Guantánamo es política: cuando el gobierno de Barack Obama propuso cerrarla en 2008, el Congreso se opuso a traer a presuntos “terroristas” a territorio estadounidense.
“En realidad, al mantenerlos fuera de territorio de Estados Unidos, lo que se logra es que las leyes y derechos que podrían tener en territorio continental no aplican para ellos”, señala.
Pero la razón detrás de esto, según los expertos consultados por BBC Mundo, no es solo poder aplicares penas más duras o someterlos a un sistema penal más estricto.
“En realidad, estos presos en Guantánamo están bajo un sistema de justicia nuevo que no está destinado a proporcionar derechos fundamentales para los acusados, sino para ocultar el hecho de que estos acusados fueron torturados”, considera Dixon.
En octubre de 2006, el entonces presidente George W. Bush aprobó un nuevo mecanismo para juzgar a los convictos de la “guerra contra el terrorismo” a través de un sistema de tribunales militares que, según sus críticos, no respeta los derechos fundamentales de los acusados.
Del total de presos que han pasado por Guantánamo, solo 8 han sido condenados (aunque tres de las condenas fueron completamente anuladas) mientras la mayoría de ellos todavía no ha llegado a juicio, incluidos los cinco presuntos “co-conspiradores” del atentado del 11 de septiembre de 2001.
“Mientras, en el mismo período, los tribunales federales de EE. UU. demostraron ser mucho más efectivos para garantizar una justicia rápida para los casos de lucha contra el terrorismo. Desde el 11S, más de 650 personas han sido condenadas por delitos relacionados con el terrorismo”, afirma Stottlemyer.
Según Dixon, al mantener a los presos en Guantánamo, Washington se libra de tener que destapar una caja de Pandora: la de los “abusos”, dice, que sufrieron estas personas en los centros de detención ocultos de la CIA.
“Es por eso que es funcional para el statu quo de EE. UU. mantener esa cárcel. Sirve a los intereses del gobierno y particularmente a los de la Agencia Central de Inteligencia, que es señalada por ser responsable de la tortura de estas personas”, comenta el abogado.
“Mientras estas personas estén detenidas en Guantánamo, la información sobre su tortura no será revelada. Ese es el principal interés del gobierno y por lo que paga para mantener la cárcel: evitar la divulgación sobre los casos de tortura, evitar que el mundo sepa exactamente qué les sucedió a estos hombres, dónde les sucedió y quién es el responsable”, señala.