Ciudad Guatemala
En la noche del 6 de marzo, nueve cuerpos baleados aparecieron tirados en la comunidad hondureña de El Portillo de la Mora. Solo una persona sobrevivió. La policía dijo que las víctimas fueron emboscadas y ejecutadas por delincuentes.
Esa fue la novena masacre del año en Honduras y el detonante para que la presidenta Xiomara Castro explotara contra la Secretaría de Seguridad.
“Todo lo que me han solicitado se lo he resuelto. Control Nacional de los Centros Penitenciarios, traslado de la Fuerza Anti Maras, Dirección de Investigación e Inteligencia, Estado de excepción y ampliaciones en más del 60% del territorio nacional… No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios”, escribió en Twitter.
Secretaría de Seguridad: No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios, entre otros.
¡Exijo contundentes acciones y resultados en las próximas 72 horas!
¡Se termino el tiempo de espera!
2/2— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) March 7, 2023
Honduras vive desde el 6 de diciembre un estado de excepción que abarca más de la mitad de su territorio y que restringe los derechos de los ciudadanos para enfrentar la criminalidad.
Analistas consultados por BBC Mundo aseguran que es una medida consecuencia del “efecto Bukele”, producto de la guerra contra las maras del presidente salvadoreño.
El Salvador lleva un año en un régimen de excepción cuestionado por organizaciones de derechos humanos pero aplaudido por muchos salvadoreños por disminuir el crimen y los homicidios, según datos del gobierno.
En la vecina Honduras, la violencia ha sido uno de los retos de Castro desde que asumió la presidencia.
El país registró en 2022 la tasa más baja de homicidios en 16 años con 35 por cada 100.000 habitantes, pero grupos defensores de derechos humanos y analistas cuestionan si las restricciones constitucionales son sostenibles y advierten sobre las consecuencias de la experiencia salvadoreña.
Estado de excepción extendido
Honduras ha prorrogado hasta en dos ocasiones el estado de excepción, provocando un llamado de atención a fines de febrero de Naciones Unidas, que pidió evitar su “uso prolongado”.
El estado de excepción está vigente hasta el 20 de abril y comprende 235 de los 298 municipios del país, incluyendo la capital, Tegucigalpa, y San Pedro Sula, las ciudades más pobladas.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) recuerda que este régimen suspende derechos constitucionales como la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio.
La Policía dice que estas medidas han permitido “golpear a estructuras criminales que se han lucrado de la población hondureña mediante la extorsión“.
Este último delito ha aumentado en Honduras en los últimos años, causando cientos de muertos y poniendo contra la pared a pequeños y medianos empresarios.
Según las autoridades, el estado de excepción también ha permitido identificar y capturar a pandilleros que se lucran con otros delitos como el tráfico de armas y drogas, robo de vehículos, feminicidios y lavado de activos.
Los datos de la Policía cifran en más de 4.200 los capturados por múltiples delitos. También reportan la incautación de más de 800 armas de fuego, 80 kilos de cocaína y 1.300 kg de marihuana.
Eugenio Sosa, del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, pide “ver si otras organizaciones académicas y de la sociedad civil hacen un monitoreo alternativo”.
“Es saludable que haya otras fuentes a los datos oficiales”, le dice a BBC Mundo.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) ha señalado “inconsistencias en los datos expuestos por el Gobierno” y ha recomendado que no se amplíe el estado de excepción por no satisfacer “los estándares internacionales de derechos humanos”.
El “efecto Bukele”
El Salvador y Honduras comparten frontera y desafíos. Tienen unas de las mayores tasas de asesinatos del mundo y sus habitantes sufren una inseguridad endémica.
Ahora también comparten este “modelo Bukele” de lucha contra el crimen.
“La reducción de homicidios y extorsiones” que reporta el gobierno salvadoreño “ha hecho que gobiernos como el de Honduras traten de imitar a Bukele”, le dice a BBC Mundo Leonardo Pineda, analista e investigador social.
Es una observación que comparten centros como WOLA, advirtiendo de “la normalización” de este método que emplea a la fuerza pública y limita derechos.
“En estas poblaciones con hastío de violencia, el modelo de Bukele genera simpatías y puede volverse en una tendencia que los políticos se entusiasmen en aplicarlo”, dice Sosa.
Los analistas hondureños señalan una diferencia sobre cómo se aplica en ambos países.
Sosa opina que las prórrogas del estado de excepción en Honduras son un síntoma de que la violencia no se ha controlado.
“También percibo un intento de equilibrar el mantenimiento de estos estados de excepción y el respeto a los derechos humanos”, dice el experto.
“No está siendo una tierra arrasada por la policía en colonias y casas como en El Salvador”, añade Sosa, aunque medios hondureños reportan presuntas detenciones arbitrarias e irregularidades en procedimientos judiciales.
Pineda advierte que muchas medidas parecen “más propaganda que acción” y que muchas comunidades no sienten sus efectos.
“La extorsión no ha parado, con excepción de algunas comunidades en las que aparentemente las mismas maras han decidido parar para no calentar más los territorios”, afirma Pineda.
Ambos analistas apuntan que la policía es más “débil” y no cuenta con un apoyo tan abierto del ejército como en El Salvador.
Efectos colaterales
Pineda dice que la mano dura de Bukele está provocando una “migración de pandilleros de El Salvador hacia otros países de la región y se está empezando a notar en Honduras”.
“La mayoría de criminólogos coincide en que cuando un país ataca como Bukele y los otros vecinos tienen más flexibilidad, estos pueden convertirse en refugio y ampliación” de grupos delictivos, explica Sosa.
Las autoridades hondureñas también han observado “una mutación” de las estructuras criminales, moviéndose de zonas urbanas a rurales en municipios sin estado de excepción.
Aunque las autoridades hablan de una disminución de los homicidios, Honduras vive semanas sangrientas. En los primeros dos meses de 2023 se han producido nueve masacres cuyos móviles no están claros.
Tras la última ocurrida a comienzos de marzo, Castro lanzó un ultimátum a la Secretaría de Seguridad para detener esta última escalada de violencia a pesar del estado de excepción.
El reto de atacar la raíz
La gran crítica al “modelo Bukele” es la ausencia de un plan más allá de las medidas de excepción.
“¿Qué va a pasar cuando se suspendan estas acciones represivas contra los derechos humanos si no se atacan las raíces?”, se pregunta Pineda.
Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica en Wola, recuerda que “limitar derechos constitucionales supone un riesgo enorme de que ocurran violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias y se cometan abusos de autoridad”.
Son esas precisamente algunas de las críticas hacia las medidas de Bukele, además de el hecho de que no se resuelva el hacinamiento en las cárceles salvadoreñas, ni siquiera con la construcción reciente de una megacárcel.
En Honduras, Sosa menciona que estas medidas deben combinarse con “la disminución de la desigualdad, la pobreza y la recomposición de las instituciones para cortar el crimen organizado a altísimo nivel”.
“Y esto último no se resuelve con solo extraditar al expresidente”, dice Sosa, en referencia a Juan Orlando Hernández, antecesor de Castro y extraditado a Estados Unidos, donde será juzgado por presunto narcotráfico y posesión de armas de fuego.
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