Ciudad Guatemala
Los resultados preliminares de las elecciones generales del domingo en Nicaragua sugieren que el actual presidente Daniel Ortega ha ganado por una abrumadora mayoría.
Los dio conocer el Consejo Supremo Electoral este lunes hacia las 3am (hora local) e informó que, con el 50% de las mesas escrutadas, su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), obtuvo un 74,99% de apoyo a nivel nacional.
Ortega se enfrentó con unos partidos políticos tildados de “colaboracionistas”, con más de 30 líderes opositores presos, entre ellos siete precandidatos presidenciales. Y la comunidad internacional criticó duramente el proceso electoral calificándolo de “antidemocrático”, “ilegítimo” y “sin credibilidad”. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a los comicios como “pantomima”.
De terminar este mandato, Ortega sumará 20 años consecutivos en el poder y un total de 29 años de gobierno.
Dirigió el país por primera vez tras el triunfo de la revolución (1979) cuando fue electo coordinador de la Junta de Gobierno en marzo de 1981; luego, en 1984 ganó las elecciones y entregó la presidencia en 1990.
Regresó en 2007 y desde entonces comanda el país.
Ortega lleva más tiempo en el poder que cualquiera de los Somoza, la dinastía que duró más de 40 años en Nicaragua y que el propio Ortega ayudó a derrocar.
Anastasio Somoza García fue presidente durante 16 años y sus hijos Luis Somoza Debayle y Anastasio Somoza Debayle gobernaron Nicaragua por casi 7 y 9 años, respectivamente.
Con esta cifra, en la historia de América Latina Ortega se colocaría solo por detrás de Fidel Castro, Porfirio Díaz, Alfredo Stroessner y Rafael Leónidas Trujillo.
Aquí te presentamos cinco puntos que explican la llegada de Ortega al poder y cómo ha logrado permanecer ahí.
1.- El eterno candidato único del Frente Sandinista
Ortega se convirtió en el rostro más conocido de la revolución sandinista que puso fin al régimen somocista en 1979.
Tras el triunfo, en Nicaragua se instaló la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional como gobierno transitorio.
La Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) eligió a Ortega como coordinador y fue designado oficialmente en marzo de 1981.
“Daniel Ortega sacó ventaja de su particular personalidad apagada y de bajo perfil para colocarse como el hombre del Frente Sandinista en la Junta de Gobierno que se instaló tras el derrocamiento de Somoza”, asegura el periodista Fabián Medina, autor del libro “El preso 198”, un perfil de Ortega.
“Ortega fue escogido por la Dirección Nacional porque se veía menos peligroso que los tres principales comandantes de ese momento: Henry Ruiz, Tomas Borge y Humberto Ortega. Todos ellos querían ser presidentes y ninguno aceptaba a los otros dos”, recuerda Medina.
Después, Ortega fue seleccionado como el candidato del Frente Sandinista para las elecciones de 1984, cuando ganó por primera vez la presidencia.
“Ya después del 90 mantuvo el control eliminando la disidencia y los rivales internos que iban apareciendo, de tal forma que cuando se tenía que elegir solo estaba él”, añade el periodista.
En los últimos 37 años, Ortega ha sido el único candidato a la presidencia por el FSLN.
Ha sido el candidato en ocho campañas electorales.
Perdió el poder en 1990 ante Violeta Barrios de Chamorro y también las dos elecciones siguientes: 1996 y 2001.
Regresó en 2007 y sigue ahí desde entonces.
“Ortega va a seguir manejando su partido hasta que se muera, ese es su modelo”, dijo al diario La Prensa la ex guerrillera y figura clave de la revolución sandinista Dora María Téllez a inicios de 2021.
Téllez se encuentra ahora detenida junto a otros 38 opositores.
2.- El pacto que permitió el regreso de Ortega al poder
Después de 16 años intentando regresar a la presidencia, Ortega lo logró en las elecciones de noviembre de 2006.
Para entonces, ya no era aquel hombre vestido de verde olivo con discurso revolucionario. Era más bien un hombre cuyo lema de campaña proclamaba la paz y la reconciliación y que se autodenominaba “socialista” y “cristiano”.
Ortega regresó al poder con apenas el 38% de los votos.
Esto gracias a un pacto que habían negociado años antes él y el expresidente Arnoldo Alemán, líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en el que acordaron bajar el piso electoral de 45% a 35% y que quedó plasmado en la Ley Electoral.
La Ley Electoral establecía que se ganaban las elecciones con el 45% de los votos en primera vuelta.
Tras el pacto, quedó definido que se gana la presidencia con 40% en primera vuelta o bien con 35% si hay una diferencia de al menos 5% sobre el segundo lugar.
“La implementación de este pacto ha generado graves consecuencias en el ejercicio, protección y garantía de los derechos humanos y el debilitamiento del Estado de Derecho“, aseguró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Nicaragua: Concentración de poder y debilitamiento del Estado de Derecho” publicado el pasado 28 de octubre.
3.- Las reformas
Cuando Daniel Ortega asumió el poder en 2007, la Constitución de Nicaragua prohibía la reelección consecutiva y también optar al cargo luego de haber estado en dos mandatos en periodos distintos.
Es decir, de cumplirse la ley, Ortega no podía volver a ser presidente de Nicaragua una vez terminara su periodo.
Dos años después de haber llegado al poder, sin embargo, la Corte Suprema de Nicaragua emitió un fallo en el que declaró “inaplicable” el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección.
Esta sentencia le abrió el camino a Ortega para postularse en las elecciones de 2011.
A finales de 2013, Ortega envió una propuesta de reforma constitucional que luego fue aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista.
La reforma permitió la reelección indefinida, estableció la elección de presidente en primera vuelta por mayoría simple y habilitó al presidente a emitir decretos con fuerza de ley.
“Estoy seguro que habrá más paz, más seguridad, más tranquilidad, más esperanzas y más alegría en el pueblo nicaragüense”, dijo Ortega en un discurso previo a la aprobación.
A finales del año pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución en la que establecía mayo de 2021 como plazo para que el gobierno aprobara reformas electorales que garantizaran este noviembre unas elecciones libres, democráticas y transparentes.
Cuando se venció el plazo, la Asamblea Nacional aprobó unas reformas criticadas por la comunidad internacional.
Con las reformas, Ortega mantiene el control sobre el Consejo Supremo Electoral, anula la observación electoral y prohíbe el financiamiento para los candidatos.
Además, incorpora la recién aprobada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, con la que se puede inhibir como candidatos a los opositores que participaron en las protestas de 2018.
“Estados Unidos y la comunidad internacional están alarmados por la decisión del gobierno de Ortega de ignorar el llamado del pueblo de Nicaragua de hacer reformas electorales significativas”, dijo el portavoz del Departamento de Estados de Estados Unidos, Ned Price, tras la aprobación de las reformas. La CIDH y la Unión Europea también expresaron su preocupación.
“La concentración del poder permitió al Ejecutivo la emisión de una serie de normas y reformas utilizadas para reprimir, perseguir, censurar, asegurar privilegios y, en definitiva, poner fin a la participación de la oposición en las próximas elecciones de noviembre de 2021 con el fin de perpetuarse en forma indefinida en el poder y mantener sus privilegios e inmunidades…”, aseguró la CIDH en su informe.
4. Cerco a opositores
El 2 de junio el gobierno de Ortega impuso arresto domiciliario a quien en ese entonces era una de las aspirantes a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro Barrios.
Fue acusada de “gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”.
En los días siguientes fueron detenidos seis candidatos más. Todos permanecen en prisión.
El gobierno de Ortega acusa a los opositores de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” y se basa en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, aprobada por el mismo parlamento sandinista a finales de 2020.
El 23 de junio, Ortega brindó un discurso en el que justificó sus detenciones.
“No estamos juzgando a políticos ni candidatos. Estamos juzgando a criminales que han atentado contra el país al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado”, dijo haciendo referencia a las manifestaciones en contra del gobierno que iniciaron el 18 de abril de 2018 y cuya represión estatal, según organismos internacionales, dejó al menos 325 muertos.
Una encuesta realizada el pasado septiembre por CID-Gallup reveló que el 65% de los encuestados votaría por cualquiera de los candidatos opositores que se encuentran detenidos.
Si las del domingo hubieran sido elecciones transparentes y competitivas, de acuerdo a esta encuestadora, Ortega habría perdido ante cualquiera de los candidatos que están tras las rejas.
Este domingo, la boleta electoral llevó además de Ortega cinco rostros más.
Cinco caras que muy pocos en Nicaragua conocían.
“Se llaman así mismos opositores, pero realmente no han hecho más que servir de mecanismo de validación en este proceso de votaciones“, aseguró Alexa Zamora, miembro del opositor Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
“Están claramente identificados por la misma población como partidos zancudos o colaboracionistas”, añadió.
5. El pragmatismo de Ortega
Cuando Ortega ganó las elecciones de noviembre de 2006 lo hizo con una campaña enfocada en la paz y la reconciliación, pero siempre con sus discursos antiimperialistas. Ya no era, sin embargo, aquella imagen de guerrillero, sino más bien la de un hombre moderado que luego se acercó al sector privado y a la Iglesia católica.
Como en casi todos sus discursos, en la toma de posesión del 10 de enero de 2007, Ortega criticó el “capitalismo salvaje y el neoliberalismo”, pero también se mostró abierto a mantener buenas relaciones con los organismos financieros internacionales.
Estados Unidos, a quien Ortega insiste en llamarle “el imperio”, es de hecho el mayor socio comercial de Nicaragua.
“Ortega abrazó el marxismo como un estandarte de lucha propio de los años 60 y 70… Lo único que Ortega tiene realmente en común con la izquierda de América Latina es el antiimperialismo. Ortega en estos años ha demostrado ser el mejor alumno que puede tener el Fondo Monetario Internacional. El neoliberalismo que él tanto ataca, él lo practica”, dice el analista político Eliseo Núñez.
Hasta las protestas de 2018, Ortega mantuvo una relación de aliados con la empresa privada. Pero los empresarios se unieron a las manifestaciones en contra de su gobierno y a partir de 2018 esa ruptura tuvo efectos para el país: el Producto Interno Bruto cayó por tres años consecutivos a partir de entonces.
“Las movilizaciones sociales marcaron un punto de inflexión en la relación del sector privado y el gobierno”, le comenta a BBC Mundo Tiziano Breda, analista para Centroamérica de la organización International Crisis Group.
Cuatro de los principales representantes del empresariado están ahora presos acusados de “conspiración”, “pedir intervenciones militares”, “terrorismo”, “traición a la patria” y “lavado de dinero”.
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