Lasso ya eludió con éxito una moción para destituirlo en junio de 2022 cuando, en plena ola de protestas del movimiento indígena, el parlamento solo acumuló 80 votos y la oposición no logró su objetivo.
La sesión que comienza este martes en la Asamblea Nacional de Ecuador será crucial para el futuro del presidente, Guillermo Lasso, y del país.
Lasso se encuentra entre la espada y la pared, ya que podría ser destituido en las próximas semanas si el parlamento, dominado por la oposición, logra una mayoría suficiente de más de dos tercios de la cámara, es decir, al menos 92 del total de 137 asambleístas.
Estos debatirán primero si aceptan o no la “censura y destitución” del jefe de Estado. En la sesión del martes intervienen el presidente -confirmó su presencia para defender su inocencia- y los interpelantes.
Habrá turnos de réplica y se espera un intenso debate sobre las presuntas irregularidades que los opositores atribuyen a Lasso.
Lo acusan de “peculado” (malversación de fondos públicos) por supuestamente tener conocimiento de actos de corrupción de funcionarios que habrían otorgado de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo, el principal activo de Ecuador.
Tras el debate parlamentario, el líder de la Asamblea deberá convocar al pleno en un plazo de cinco días para votar la moción de censura contra el presidente y exbanquero de 67 años que gobierna el país desde mayo de 2021.
Según lo que depare esa votación, se plantean tres posibles escenarios.
Si los opositores logran menos de 92 votos, Lasso continuará con su mandato hasta las próximas elecciones generales de 2025.
El presidente ya eludió con éxito una moción para destituirlo en junio de 2022 cuando, en plena ola de protestas del movimiento indígena, el parlamento solo acumuló 80 votos y la oposición no logró su objetivo.
Cuando el pasado día 9 la Asamblea Nacional dio luz verde al proceso de juicio político contra el presidente, lo hizo por mayoría simple, con 88 votos a favor.
Ahora la barrera es más alta, 92 votos, por lo que la oposición necesitará al menos cuatro diputados más para destituir a Lasso.
Los promotores del juicio político confían en lograr esta mayoría más amplia, ya que en la primera votación solo estaban presentes 116 de los 137 legisladores que integran el parlamento.
Mientras, los partidarios del presidente esperan que la oposición no sume nuevos votos para la sesión plenaria que decidirá su suerte, e incluso buscan restarle apoyos usando sus habilidades negociadoras dentro de la heterogénea Asamblea ecuatoriana.
“Aparentemente están logrando estabilizar su situación en la Asamblea. Llegan al juicio político creyendo que no hay los votos suficientes para destituir a Lasso, aunque el riesgo de que se equivoquen es muy alto”, indica a BBC Mundo Arturo Torres, director del medio digital Código Vidrio especializado en política ecuatoriana.
Los analistas creen, en todo caso, que cualquiera que sea el resultado, se decidirá por un margen ajustado.
Y, si finalmente el presidente supera la moción de censura y permanece en el cargo, “le espera un escenario complejo, crítico“, avisa el experto.
Primero, Ecuador es un país inmerso en una fuerte crisis de seguridad por el aumento incontrolado de la delincuencia organizada en los últimos dos años sin que el ejecutivo de Lasso haya aportado soluciones efectivas.
“Hay mucha inconformidad en la población con la gestión del gobierno, y eso se suma a una oposición dañina que va a tratar de boicotear cualquier iniciativa del presidente”, explica Torres.
La oposición, liderada por el correísmo, no solo tiene la mayoría en la Asamblea sino también en el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo clave en la política de Ecuador encargado de designar a las autoridades de control como el contralor general, el fiscal general y miembros de la Corte Constitucional, entre otras.
Si la oposición logra 92 o más votos, Lasso será destituido de su cargo.
De los 137 escaños de la Asamblea Nacional, 47 pertenecen a Unión por la Esperanza (UNES), el partido de izquierdas que lidera el expresidente Rafael Correa, asilado en Bélgica al tener condenas pendientes por corrupción en Ecuador.
El Movimiento CREO del presidente Lasso solo cuenta con 13 asambleístas, mientras los 77 asientos restantes pertenecen a otros 7 partidos, además de legisladores provinciales e independientes.
Si los correístas logran sumar dos tercios de la cámara y destituyen al actual jefe de Estado, asumiría la presidencia el actual vicepresidente, Alfredo Borrero, que permanecería en el cargo hasta las próximas elecciones previstas para 2025.
De suceder esto, pronostica el director de Código Vidrio, “podríamos esperar una presidencia débil, sin grandes logros, en la que el nuevo presidente terminaría su mandato con las dificultades de coyuntura y estructurales que tenemos hasta ahora”.
El ejecutivo, considera, “estaría debilitado por toda la crisis y viviríamos una acelerada transición que esperemos sea en calma y en paz, pero también favorecería a la oposición, al correísmo, que se nutre de los errores del gobierno para apuntalar sus tesis políticas”.
El cambio de presidente, al menos, podría atenuar un poco la beligerancia de los opositores, que hasta ahora han personificado en Lasso gran parte de sus críticas y ataques al gobierno.
Dejar la presidencia en manos de su número dos sería, opina Torres, menos desfavorable para el presidente que la tercera opción: que el propio Lasso invoque la “muerte cruzada”.
Se trata de un mecanismo constitucional que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar.
Al hacerlo, sin embargo, también debe convocar en seis meses nuevas elecciones legislativas y presidenciales en las que no puede postularse a la reelección.
De ahí viene el término “muerte cruzada”, ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional perderían sus atribuciones.
Desde que este procedimiento se introdujera en la Constitución de 2008 -bajo el gobierno de Correa- nunca se ha aplicado, y se considera poco probable que Lasso lo haga ahora.
“Es una jugada sensible y llevaría al presidente a un suicidio político, porque le quedarían seis meses para gobernar por decreto para convocar unas elecciones anticipadas”, opina el periodista Arturo Torres.
Considera que decretar la muerte cruzada “sería un escenario más favorable para los correístas, que son quienes están hablando de esa posibilidad”.
“Piensan que si se celebran elecciones anticipadas en este contexto de descontento generalizado con el gobierno, podrían recuperar el poder”, puntualiza.
La muerte cruzada les podría generar, además, otro grave problema al ejecutivo de Lasso y al país en general: una ola de protestas con consecuencias imprevisibles.
Movimientos indígenas ya advirtieron de movilizaciones si esto sucede, y podrían sumarse otros colectivos políticos y sociales.
“Es un escenario conflictivo que no va a resolver, sino agudizar, los problemas de la gente de a pie”, considera el experto.
Y es que, asegura, los ecuatorianos “observan con mucha distancia el juicio político y están más pendientes de su realidad cotidiana, marcada por la situación de inseguridad que vive el país, la corrupción y el empeoramiento de los servicios públicos, entre otras cosas”.