Ciudad Guatemala
Más de tres años después de su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump solamente ha construido unos 177 de los 1.609 kilómetros del polémico muro que prometió erigir en la frontera con México, de acuerdo con cifras oficiales citadas por el diario The Washington Post.
No permita, sin embargo, que ese dato le lleve a sacar conclusiones erróneas.
Durante el actual gobierno ha habido una reducción significativa de la inmigración en Estados Unidos, aunque esta no ha sido conseguida gracias a la barrera fronteriza sino a lo que expertos y medios estadounidenses han bautizado como “el muro invisible de Trump”.
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¿A qué se refieren? Al incesante y cuidadoso cambio en las normas migratorias impulsado por el ejecutivo que ha hecho más cuesta arriba el camino que deben recorrer los extranjeros que desean establecerse siguiendo los cauces legales en Estados Unidos.
Así, esta nueva línea de defensa fronteriza afecta más a quienes aspiran a inmigrar legalmente que a los llamados “sin papeles”.
Pero ¿cuánto realmente se ha reducido la inmigración legal?
Menos residentes y menos refugiados
De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés), entre 2016 -último año de gobierno de Barack Obama- y 2018 se produjo un descenso tanto en el otorgamiento de permisos de residencia permanente como en la acogida de refugiados.
Entre ambas fechas, la entrega de las conocidas greencards (permisos de residencia) pasó de 1.183.505 a 1.096.611; mientras que la admisión de refugiados se redujo casi 75% al pasar de 84.988 a 22.405.
En el caso de las solicitudes de asilo, sí hubo un incremento notable pues pasaron de 20.362 a 38.687. Ssin embargo, este aumento no alcanza ni remotamente para compensar las caídas en las otras dos categorías. Entre las tres acumulan un descenso de 131.152, equivalente a una caída de 10% entre 2016 y 2018.
El otorgamiento de visas de inmigrantes también registra una disminución significativa al pasar de 617.752 en 2016 a 462.422, una diferencia de 155.330 (25% menos).
Un estudio de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense (NFAP, por sus siglas en inglés) calcula que las políticas adoptadas por la Casa Blanca pueden llevar en el largo plazo a una reducciónde un 30% en el ingreso de inmigrantes legales en comparación con los niveles de 2016, lo que repercutiría negativamente en el tamaño de la fuerza laboral disponible y, en consecuencia, en el crecimiento económico.
Mismas leyes, ¿nueva interpretación?
Uno de los elementos más llamativos de cómo el gobierno de Trump ha logrado reducir la inmigración en Estados Unidos radica en el hecho de que no solamente no ha sido a través del muro fronterizo, sino que además tampoco ha requerido cambiar las leyes migratorias existentes (para lo cual hace falta la aprobación del Congreso).
Entonces, ¿cómo lo ha hecho?
Básicamente usando sus facultades presidenciales, a través de la firma de decretos, y por medio de una reinterpretación más estricta de los requisitos previstos en las leyes para el otorgamiento de beneficios migratorios.
Así, por ejemplo, poco después de tomar posesión de su cargo, el mandatario firmó una orden ejecutiva que prohibía el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos procedentes de Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
El entonces llamado veto migratorio fue duramente cuestionado, catalogado como discriminatorio y su aplicación fue suspendida por los tribunales.
Ante ello, la Casa Blanca optó por aprobar una segunda orden modificada -que excluía a Irak y eliminaba un prohibición indefinida para refugiados sirios- que también fue criticada e impugnada legalmente.
Pero eso no disuadió al gobierno, que terminó emitiendo en septiembre de 2017 una tercera medida en la que incluía en la prohibición el ingreso de autoridades de Venezuela y sus familiares, así como ciudadanos de Corea del Norte y Chad.
Con las nuevas inclusiones la orden ya no podía ser considerada como “antimusulmana” y obtuvo el visto bueno de los tribunales.
El viernes pasado entró en vigor una ampliación del llamado “veto migratorio” para incluir a Eritrea, Kirguistán, Myanmar y -muy importante- Nigeria, el país más poblado de África.
La medida también prohíbe que los ciudadanos de Sudán y Tanzania participen en el programa de visas de diversidad -conocido como la “lotería” de visas-, mediante el cual cada año se otorgan permisos de residencia permanente a unos 50.000 extranjeros.
¿Una carga para el Estado?
De acuerdo con los expertos, una norma que significará una restricción importante a partir de ahora será la nueva regla final de “Carga pública“, que entró en vigor este lunes y que prevé la posibilidad de negar la residencia permanente o una extensión de visado a aquellos extranjeros que las autoridades migratorias consideren que no son capaces de mantenerse por sí mismos y, por tanto, pueden convertirse en una carga económica para el Estado.
Hasta la semana pasada, solamente aquellos inmigrantes que se encontraban muy próximos o por debajo de la línea oficial de pobreza o que habían requerido ayuda financiera sostenida durante largo plazo eran rechazados, lo que ocurría en menos del 1% de los casos.
A partir de ahora, los funcionarios de migración tomarán en cuenta no solo los ingresos sino también otro conjunto de elementos como la edad, la salud y la educación del solicitante.
Otro elemento fundamental es que la persona no haya usado beneficios sociales como subsidios a la vivienda o ayudas para la alimentación durante 12 de los últimos 36 meses.
En agosto pasado, cuando la norma fue aprobada, el director en funciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Kenneth T. Cuccinelli II, defendió la nueva regla argumentando que servirá para garantizar que los inmigrantes que lleguen al país sean autosuficientes y no se conviertan en una carga para la sociedad.
“El presidente Trump sigue cumpliendo con su promesa con el pueblo estadounidense de aplicar las leyes migratorias de nuestra nación”, escribió Cuccinelli en un artículo aparecido en The Hill, a propósito de la entrada en vigor de la nueva regla sobre “Carga pública”.
El cambio, sin embargo, ha sido duramente cuestionado y muchos argumentan que no se trata de una simple reinterpretación de las normas existentes.
“Esta es una reescritura fundamental de nuestras leyes migratorias a través de las órdenes ejecutivas“, le dijo al diario The New York Times Kamal Essaheb, subdirector del Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés).
Por su parte, un análisis del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés) estima que la nueva norma “tendrá un profundo efecto en el ingreso legal en EE.UU. y en el uso de beneficios públicos por parte de millones de extranjeros en situación legal y de los ciudadanos estadounidenses con quienes ellos viven”.
De acuerdo con cálculos de esa institución, la polémica regla puede llevar a que una parte significativa de los casi 23 millones de extranjeros y de estadounidenses que forman parte de familias inmigrantes decidan dejar de utilizar los beneficios públicos que les corresponden.
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