El pasado domingo anunciaron la detención de este médico de 63 años que es residente habitual de Florida (EE.UU.) desde hace más de dos décadas.
Su nombre es Christian Emmanuel Sanon y las autoridades de Haití consideran que es uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato del presidente del Estado caribeño, Jovenel Moïse.
El pasado domingo anunciaron la detención de este médico de 63 años que es residente habitual de Florida (EE.UU.) desde hace más de dos décadas.
Según la policía, hay otros dos autores intelectuales involucrados, pero sus identidades aún son un misterio.
Cómo también lo son las posibles motivaciones de Sanon.
El jefe de la policía haitiana, Leon Charles, reveló en una rueda de prensa que cuando fueron detenidos los miembros del comando que asesinó a tiros Moïse -hiriendo también a la primera dama, Martine Moïse-, “la primera persona a la que llamaron fue a Emmanuel Sanon”.
Según la reconstrucción de los hechos que hace la policía haitiana, Sanon llegó a Haití en junio en avión privado desde Florida acompañado de un grupo de seis individuos colombianos contratados en principio para escoltarle.
Pero las verdaderas intenciones “eran políticas”, aseguró el jefe de policía, sin especificarlas.
“Contactó con otras dos personas que consideramos [también] autores intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse”.
Posteriormente, “la misión cambió” y a uno de los colombianos se le presentó una orden de arresto contra el presidente de la República. “La operación se montó a partir de ahí”, explicó Charles.
Sanon es el tercer haitiano detenido por el caso, que se suman a otros 18 colombianos acusados de formar parte del comando supuestamente responsable del ataque a la residencia del mandatario el pasado miércoles.
Al interrogarlos, la policía haitiana supo que Sanon había reclutado a 26 miembros a través de una empresa de seguridad venezolana con sede en Florida llamada CTU.
Y para enredar más la madeja, si cabe, el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, reveló este fin de semana que la compañía es propiedad de Antonio Intriago, un venezolano al que vinculan con la oposición.
La policía haitiana aportó otros datos de la operación:
“En la casa de Christian Emmanuel Sanon hemos encontrado una gorra con las siglas de la DEA, seis estuches de armas, una veintena de cajas de balas de calibre 12 y 9 milímetros, cuatro matrículas de la República Dominicana, un cargador de pistola, 24 hojas de tiro al blanco, dos vehículos y correspondencia de diversos sectores del país”.
Sin embargo, la complejidad de la red, cuyos tentáculos abarcan varios países, y la vaguedad de la explicaciones policiales está despertando sospechas en un país sometido a una tensión política y social máxima.
Muchos se preguntan cómo los asaltantes consiguieron atravesar un recinto de la más alta seguridad defendido por las fuerzas de seguridad haitianas sin que hubiera más muertos en el enfrentamiento.
En Colombia, algunos familiares de los colombianos involucrados aseguran que los hombres fueron a Haití para proteger al presidente, no para matarlo, lo que se suma a la confusión que rodea el asesinato.
“Mauricio [Javier Romero] nunca se habría apuntado a una operación así”, aseguró su esposa a The New York Times, “por mucho dinero que le ofrecieran”.
Hay voces de la oposición cuestionando abiertamente la versión oficial de los hechos.
Es el caso de Steven Benoit, exsenador y prominente figura de la oposición, quien asegura que le resulta difícil creer que los colombianos fueran responsables del magnicidio.
“La historia simplemente no tiene sentido”, asegura Benoit en una entrevista al periódico estadounidense.
“¿Cómo es que no hay ningún guardia de seguridad en el complejo presidencial que haya recibido un disparo, que tenga siquiera un rasguño?”, plantea.
Y va más allá y se pregunta por qué los colombianos que se encontraban en el lugar del asesinato no intentaron huir inmediatamente del país tras la muerte de Moïse.
Se quedaron y fueron muertos o capturados.
La desconfianza entre gobierno y oposición viene de lejos.
Moïse era presidente de Haití desde 2017 y en su mandato se enfrentó a importantes acusaciones de corrupción y manifestaciones generalizadas en la capital y otras ciudades desde 2019.
El 26 de septiembre se deberían celebrar unas elecciones que la oposición reclamaba que debían haber sucedido mucho antes.
Para ellos, el mandato de cinco años de Moïse debía haber acabado el pasado 7 de febrero, cuando se cumplían los cinco años del fin del gobierno del Ejecutivo de Michel Martelly en 2016.
El presidente, sin embargo, insistía en que debía gobernar un año más porque no tomó posesión hasta el 7 de febrero de 2017.
Precisamente en febrero de este año Moïse aseguró que se había frustrado un intento de matarlo y derrocar al gobierno.
Ahora mismo, nada está claro para un país devastado por la pobreza, la inseguridad y los desastres naturales.
Ni siquiera quien está legítimamente al cargo de las instituciones.
La Constitución dice que la Asamblea Nacional debe elegir a otro presidente y que, mientras tanto, el primer ministro debe tomar el relevo.
Pero Haití cuenta con un primer ministro interino, Claude Joseph, y con un nuevo designado, Ariel Henry, designado justo antes del asesinatos y que aún no ha jurado su cargo.
Ambos reclaman el mando.
Precisamente, este vacío de poder y la situación social hacen temer a muchos que se desate una espiral de violencia en el país.
Mientras tanto, los 11 millones de habitantes de Haití esperan saber la motivación qué hubo detrás del asesinato de su presidente.