Ciudad Guatemala
Cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden en procura de reunificar a familias migrantes separadas en la frontera con México, sostuvo que eso para él es un imperativo moral antes que un mero asunto político.
“Vamos a trabajar para deshacer la vergüenza moral y nacional del gobierno anterior que literalmente, no figurativamente, arrancó a los niños de los brazos de sus familias, sus madres y padres, en la frontera”, dijo Biden al crear un grupo gubernamental de trabajo con ese objetivo.
Sin embargo, el mismo día la portavoz presidencial aclaró que el grupo recién emitirá su primer informe en cuatro meses, y luego evaluará su progreso de forma bimensual.
“Esto es muy difícil”, explicó Jen Psaki.
El caso ilustra el contraste cada vez más evidente entre la voluntad expresada por Biden de hacer de EE.UU. un país más acogedor para los inmigrantes, y las dificultades para lograrlo en la práctica.
Ya sea por escollos legales, burocráticos y políticos, por el reto de dominar a una policía migratoria fomentada por el anterior gobierno, o por el riesgo de enfrentar una crisis fronteriza, todo indica que a Biden le llevará bastante tiempo enterrar definitivamente el legado migratorio de Trump.
“Creo que no está tardando más de lo que él (Biden) pensaba que iba a llevar, pero está tardando más de lo que muchos imaginaban”, señala Muzaffar Chishti, director de la oficina del Instituto de Política Migratoria en la escuela de derecho de la Universidad de Nueva York.
“Existe una idea de que sólo porque el presidente tiene mucha autoridad en política migratoria puede deshacer muy rápido las acciones del anterior presidente. Y eso no es cierto”, dice Chishti a BBC Mundo.
El reto en la frontera
Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, Biden tomó varias medidas para impulsar su nueva agenda migratoria, tras cuatro años en los que su antecesor priorizó las deportaciones y el cierre de fronteras a quienes buscan empleo, estudio o asilo en EE.UU.
Por ejemplo, el presidente detuvo de inmediato la construcción del muro fronterizo con México promovido por Trump, reforzó un programa que protege de deportación a jóvenes que llegaron al país siendo niños (conocidos como dreamers) y propuso una reforma legal que abra el camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes sin papeles.
La semana pasada, además de crear el grupo de trabajo para reunificar familias separadas, Biden firmó órdenes ejecutivas para revisar políticas migratorias de Trump, renovar los mecanismos de asilo en EE.UU. y atender las causas de la emigración desde América Latina.
El nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, anunció el sábado la suspensión de los acuerdos de “tercer país seguro” que Trump firmó en 2019 con El Salvador, Guatemala y Honduras, que obligaban a quienes buscaran asilo en EE.UU. a hacerlo previamente en esos países.
Activistas pro inmigrantes han aplaudido estas y otras acciones de Biden.
Pero muchos de esos cambios son por ahora más tentativos que definitivos.
De hecho, Blinken definió las interrupciones de los acuerdos de asilo con los países centroamericanos como “los primeros pasos concretos” para poder gestionar la migración en la región.
Reconstruir el sistema de asilo puede demandar meses. Y lograr el objetivo de Biden de aliviar los problemas que causan la emigración constante de países latinoamericanos, como la violencia o el desempleo, podría tardar años.
Mientras tanto, el gobierno de EE.UU. busca evitar que su agenda migratoria sea vista como una invitación a inmigrar.
“Estas acciones no significan que la frontera de EE.UU. esté abierta”, aclaró el secretario de Estado en su comunicado.
Roberta Jacobson, una experimentada diplomática nombrada coordinadora de la frontera con México en el Consejo de Seguridad Nacional de Biden, advirtió días atrás que “los procedimientos para entrar a EE.UU. no van a cambiar de la noche al día, y el viaje es especialmente peligroso ahora en medio de una pandemia”.
Sin embargo, en los últimos días se reportó una mayor llegada de migrantes a la zona fronteriza, donde miles ya aguardaban del lado mexicano una respuesta a sus pedidos de asilo en EE.UU., lo cual puede poner a prueba la receptividad del gobierno.
“Un trabajo enorme”
Después de ser electo con la promesa de acabar con las políticas migratorias de Trump y antes de asumir el cargo, Biden ya había indicado que tomaría meses lograr los cambios, de modo de evitar una crisis de “dos millones de personas” en la frontera.
Grupos defensores de los inmigrantes señalan que la cautela es comprensible después que Trump desmantelara el anterior sistema de migración de EE.UU. con cientos de órdenes ejecutivas.
“Aunque es urgente ver los cambios necesarios para arreglar el sistema de inmigración, entendemos que es un trabajo enorme que va a tomar tiempo”, dice Laura Vázquez, gerente de iniciativas de inmigración en UnidosUS, el mayor grupo de defensa de los latinos en EE.UU., a BBC Mundo.
Todo indica que también demorará en ser aprobada en el Congreso la reforma propuesta por Biden para legalizar el estatus de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven desde hace años en EE.UU., en su mayoría latinoamericanos.
Proyectos similares han naufragado en el pasado, y se anticipa que otra vez será difícil que la iniciativa logre el apoyo necesario de los republicanos, algunos de los cuales ya expresaron su rechazo por considerarla una amnistía para quienes están “ilegalmente” en el país.
La agenda migratoria de Biden ya sufrió un revés cuando un juez federal de Texas bloqueó de forma temporaria a fines de enero una orden del nuevo gobierno para suspender las deportaciones por 100 días.
Luego el Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a cientos de migrantes a Centroamérica y el Caribe, en un aparente desafío a las instrucciones del gobierno de enfocarse en la deportación de presuntos terroristas y criminales peligrosos.
Algunos especialistas señalan que también podría llevar tiempo cambiar la orientación de ICE, que ha enfrentado acusaciones de abusos y negligancia de detenidos.
El sindicato de agentes de ICE apoyó la reelección de Trump en noviembre y logró un acuerdo con el gobierno saliente, en víspera de la investidura de Biden, que requiere su consulta para modificar políticas de ese servicio oficial.
El diario The Washington Post sostuvo en un editorial que gracias a ese pacto firmado por el entonces subsecretario interino del departamento de Seguridad Interior, Ken Cuccinelli, “el sindicato de ICE puede básicamente vetar cualquier plan de inmigración de Biden“.
Para lidiar con ese y otros asuntos, Biden nombró como secretario de Seguridad Interior a Alejandro Mayorkas, un abogado inmigrante cubano que ya trabajó en ese departamento durante el gobierno de Barack Obama.
Tras convertirse en el primer latino en asumir ese cargo, Mayorkas dio la bienvenida a las órdenes migratorias de Biden y señaló como un reto principal la reunificación de las familias separadas en la frontera durante el gobierno de Trump.
La pregunta ahora es cuándo ocurrirá eso.
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