Miles de jóvenes recibieron con una mezcla de sorpresa, alivio e incredulidad las noticias que llegaban este jueves desde la sede de la Corte Suprema en Washington DC.
Son jóvenes indocumentados que llegaron a EE. UU. cuando eran niños y cuya situación estaba en un limbo desde que el gobierno de Donald Trump rescindiera en 2017 el programa DACA que los protegía de la deportación.
En una ajustada decisión (5-4), el máximo tribunal estadounidense falló en contra de la decisión de Trump por considerarla “arbitraria y caprichosa”.
En BBC Mundo te presentamos las principales claves de este asunto.
El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) es una iniciativa firmada por Barack Obama en junio de 2012 como una orden ejecutiva.
DACA les otorga a sus beneficiarios -conocidos popularmente como dreamers (soñadores)- un permiso temporal de trabajo que, al igual que la protección contra la deportación, deben renovar cada dos años.
Para poder optar al programa, los jóvenes deben cumplir una serie de requisitos:
DACA no ofrece un estatus legal ni abre un camino a la ciudadanía.
El programa lo gestiona el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento de Seguridad Nacional.
Obama fue criticado por adoptar la vía ejecutiva para una decisión de tal magnitud, ante lo que el expresidente alegó que el bloqueo del Congreso -cuyas dos cámaras estaban entonces en manos de los republicanos- le impedía acometer una reforma migratoria integral.
El presidente Trump, que ha hecho de la mano dura contra la inmigración uno de sus principales pilares, prometió que terminaría con DACA por considerarlo ilegal e inconstitucional.
El entonces fiscal general Jeff Sessions anunció en septiembre de 2017 la rescisión del programa, pero la medida quedó en el aire a la espera de la resolución de la Corte Suprema que se produjo este jueves.
Los jueces de la Corte Suprema ratificaron fallos de tribunales inferiores que calificaron de ilegal la decisión de Trump de 2017.
El juez conservador John Roberts se alineó con los cuatro jueces progresistas para determinar que el intento del Departamento de Justicia de rescindir DACA fue “arbitrario y caprichoso”.
El fallo se asemeja a la conclusión de la Corte el año pasado con la que bloqueó los intentos del gobierno de Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo 2020.
El ponente de ambas decisiones fue el juez Roberts, que ha demostrado su estricto seguimiento de la ley de Procedimiento Administrativo de 1946 con la que justificó la resolución de este jueves.
“No decidimos si DACA o su rescisión son políticas sensatas. Solo abordamos si la agencia cumplió con el requisito de procedimiento para aportar una explicación razonada de sus acciones”, escribió Roberts, que hizo notar que el gobierno simplemente no ofreció una justificación legal adecuada de sus acciones.
Los otros cuatro jueces conservadores de la corte, incluidos los dos nominados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, disintieron.
“La decisión de hoy se debe reconocer como lo que es: un esfuerzo por evitar una decisión políticamente controvertida pero legalmente correcta“, escribió el juez conservador Clarence Thomas en su desacuerdo.
Este fallo significa que casi 700.000 jóvenes inmigrantes sin papeles actualmente inscritos en DACA, la mayoría nacidos en México y otros países latinoamericanos, seguirán protegidos de la deportación y podrán aspirar a obtener permisos renovables de trabajo por dos años.
Por el momento no se ha hablado de abrir un plazo para nuevas inscripciones.
Muchos de los beneficiarios de DACA y las organizaciones que trabajan por los derechos de los inmigrantes reaccionaron con alegría y emoción ante la decisión de una Corte de mayoría conservadora, aunque casi todos reconocieron que se trata de una “victoria temporal y de procedimiento”.
Así lo apuntó Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), quien manifestó que la lucha sigue y que hay que permanecer alerta porque “todo puede cambiar con una nueva ley o decreto”.
“Por un día descansamos, mañana nos tenemos que levantar sabiendo que el camino es largo“, añadió Sindy Benavides, directora ejecutiva de LULAC.
Efectivamente, la decisión de la Corte no impide que Trump intente volver a acabar con el programa, como insinuó en otro mensaje de Twitter:
As President of the United States, I am asking for a legal solution on DACA, not a political one, consistent with the rule of law. The Supreme Court is not willing to give us one, so now we have to start this process all over again.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020
“Como presidente de Estados Unidos, pido una solución legal sobre DACA, no política, consistente con la ley. La Corte Suprema no está dispuesta a dárnosla, así que tenemos que empezar todo el proceso de nuevo“.
En cualquier caso, es improbable que su gobierno pueda rescindir DACA antes de las elecciones del 3 de noviembre, en las que el presidente busca la reelección.
Sin desdeñar el alivio que supone para los dreamers saber que siguen amparados por DACA, su futuro sigue siendo incierto.
El objetivo de estos jóvenes, y de las organizaciones que los representan, es que el Congreso de EE.UU. adopte una reforma migratoria que suponga una solución permanente a su estatus legal en el país.
Al grito de “Todos o nada” demandan que se regularice la situación de los casi 13 millones de inmigrantes sin papeles que se calcula habitan en EE.UU.
“Un Trump reelegido puede intentar eliminar DACA en el segundo mandato. Con cuatro años de experiencia, los miembros de su gobierno quizá hayan aprendido algo sobre cómo navegar las traicioneras aguas del procedimiento administrativo”, apunta Anthony Zurcher.
El periodista de la BBC señala que, del otro lado, “un Joe Biden presidente tendría cuatro años para desarrollar más el programa y empujar al Congreso a que alcance una solución legislativa permanente que su exjefe, Barack Obama, no pudo conseguir”.
A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, parece haber consenso en que no habrá ningún cambio hasta que el próximo gobierno tome posesión.