Ciudad Guatemala
El Título 42 fue duramente criticado por las organizaciones de derechos humanos por considerar que era usado como arma para ejecutar expulsiones masivas.
Es un cambio que afectará a cientos de miles de personas.
Este 11 de mayo a las 11:59 pm llegará a su fin la vigencia del Título 42, la norma que desde marzo de 2020 ha permitido a las autoridades de Estados Unidos expulsar de forma expedita a los extranjeros que llegaban a sus fronteras.
Aunque esa norma fue puesta en marcha como salvaguarda ante la pandemia de coronavirus, en la práctica sirvió también para controlar la entrada de migrantes al país y su aplicación durante tres años derivó en más de 2,8 millones de expulsiones, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés).
El Título 42 fue duramente criticado por las organizaciones de derechos humanos por considerar que era usado como arma para ejecutar expulsiones masivas y dejaba desprotegidos a los legítimos solicitantes de asilo y refugio.
Establecida durante la presidencia de Donald Trump, esta norma había sido cuestionada por el actual mandatario, Joe Biden, quien tras llegar a la Casa Blanca intentó dejarla sin efecto, aunque no lo consiguió hasta ahora.
En los últimos meses, sin embargo, el fin del Título 42 ha sido motivo de preocupación para el gobierno estadounidense ante la posibilidad de que la extinción de esta norma derive en una llegada masiva de extranjeros que produzca una crisis en la frontera.
Este temor no es exclusivo del gobierno federal.
Tres ciudades fronterizas en Texas –Brownsville, Laredo y El Paso– se declararon en estado de emergencia, mientras que el gobernador de este estado, Greg Abbott, anunció el despliegue de la unidad táctica fronteriza de la Guardia Nacional “para que ayude a interceptar y repelar a grandes grupos de migrantes que intenten entrar a Texas ilegalmente”.
Por su parte, el gobierno federal envió 1.500 soldados que darán apoyo a la patrulla fronteriza, aunque no ejecutarán funciones policiales.
Las autoridades estadounidenses temen que se produzca una ola migratoria de grandes proporciones, pues estiman que en el norte de México hay más de 150.000 migrantes esperando en albergues y campamentos el momento de cruzar la frontera, según informó CNN.
A partir de la expiración del Título 42, calculan que se presentarán ante sus fronteras hasta 13.000 migrantes diarios, una cifra que más que duplica las llegadas que solían registrar en un día promedio.
Para intentar evitar que la situación se escape de control, el gobierno de Biden anunció la aplicación de una nueva serie de medidas que tienen por objetivo formal “mejorar la seguridad de la frontera, limitar la inmigración irregular y crear procesos adicionales seguros y ordenados para que las personas que huyen de crisis humanitarias puedan llegar legalmente a Estados Unidos”.
En la práctica, sin embargo, estas decisiones implicarán que a partir de ahora se ejercerá un control más estricto sobre los migrantes que llegan a las fronteras de EE.UU.
Mientras el Partido Republicano acusa a Biden de no hacer lo suficiente para proteger las fronteras de los migrantes, organizaciones de derechos humanos e incluso legisladores demócratas han criticado estas medidas anunciadas porque consideran que no son compatibles con la responsabilidad de proteger a personas que se encuentran en situaciones vulnerables en otros países.
BBC Mundo te cuenta en qué consisten estas polémicas medidas.
Expulsión y sanciones para quienes entren a EE.UU. de forma irregular
A partir de la expiración del Título 42, volverá a aplicarse en la frontera el Título 8 queprevé la expulsión de Estados Unidos en cuestión de días de quienes ingresen al país de forma irregular.
Estas personas también tendrán prohibido ingresar a EE.UU. durante, al menos, un periodo de cinco años y podrían ser sometidas a un proceso penal si intentan ingresar nuevamente de forma irregular.
Además, las autoridades han propuesto una norma que permitiría presumir que no son elegibles para recibir asilo, a menos que la persona logre demostrar que le puede ser aplicable una excepción a esta norma.
Procesamiento expedito y bajo detención
El gobierno de EE.UU. anunció que va a procesar y deportar de forma acelerada a quienes no tengan justificación legal para estar en ese país.
En el caso de las personas solteras que expresen temor de sufrir persecución en el país al que serían expulsados, serán remitidos para una entrevista con un funcionario migratorio especializado en asilo, quien determinará si su temor es creíble.
Durante este proceso, la persona permanecerá bajo custodia del DHS, bien sea en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Lo mismo ocurrirá si la decisión sobre el asilo está siendo revisada por un juez de inmigración.
Las familias también podrán ser sometidas al procedimiento de expulsión acelerada, aunque durante el procedimiento no permanezcan detenidas sino sujetas a medidas de supervisión reforzada como el toque de queda.
El DHS anunció que está ampliando sus instalaciones para poder alojar a un mayor número de personas bajo detención y disponer de espacios para realizar un mayor número de entrevistas, al tiempo que está mejorando sus capacidades tecnológicas y aumentando el número de funcionarios de asilo y jueces migratorios, para poder completar estos procedimientos con mayor rapidez.
Aumento de las deportaciones
El DHS asegura que ha “incrementado de manera drástica” el número de vuelos de deportación semanales y que prevé duplicarlos o triplicarlos en el caso de algunos países. Estos incluyen los vuelos a Cuba que habían sido suspendidos durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses también aseguran estar aumentando de forma importante sus capacidades para transportar migrantes tanto por vía aérea como terrestre, no solamente para acelerar las deportaciones sino además para poder trasladarlos a centros migratorios que se encuentren menos congestionados, donde pueden concluir sus trámites.
Según el CBP, ante la inminente extinción del Título 42, en las últimas tres semanas se produjeron unos 30.000 encuentros de migrantes que habían cruzado la frontera, un aumento notable en comparación con los 1.500 que hubo durante las dos primeras semanas de abril. En respuesta, las autoridades estadounidenses han estado deportando migrantes tres veces al día.
Apertura de centros de procesamiento en otros países
Recientemente, Estados Unidos anunció la creación en América Latina de Centros Regionales de Procesamiento, con los que se busca evitar que los potenciales migrantes tengan que realizar la peligrosa travesía por tierra a través del continente y terminen concentrándose en su frontera sur.
Estos establecimientos estarán gestionados por personal de organizaciones internacionales como la Oficina de la ONU para los Refugiados (Acnur) o la Organización Internacional de Migraciones, quienes determinarán si los solicitantes cumplen con los requisitos exigidos para ir a EE.UU., tomando en cuenta distintos mecanismos disponibles como el refugio, los programas de reunificación familiar, los permisos de estadía (parole) o las admisiones con fines de trabajo, entre otros.
La apertura de estos centros no solamente previene que los migrantes tengan que trasladarse, sino que además evita que tramiten su asilo estando dentro del territorio estadounidense y que contribuyan a la saturación de un sistema que se encuentra atascado con más de dos millones de casos pendientes para marzo de 2023.
Uso de la aplicación CBP One
Quienes quieran entrar a Estados Unidos desde México deberán concertar una cita previa en el puerto de entrada a través de la aplicación móvil CBP One.
Hasta ahora esta aplicación estaba disponible para aquellos que querían solicitar su ingreso como una excepción a la orden de salud pública del Título 42, pero ha sido criticada porque supuestamente otorgaba muy pocas citas y tenía constantes fallos.
A partir de este 12 de mayo, esa aplicación será la que deberán usar los extranjeros que se encuentran en México para programar su presentación ante el puerto de entrada fronterizo estadounidense, de tal forma que cuando lo hagan ya tengan una cita asignada para que su caso sea atendido y procesado.
Según el CBP, se ofrecerán unas 1.000 citas al día a través de la aplicación.
Las autoridades de EE.UU. han advertido que quienes acudan a un puerto de entrada sin tener cita podrán ser considerados como inelegibles para recibir asilo, a menos que demuestren que su caso se corresponde con una excepción.
Pérdida de la opción a asilo
Este 11 de mayo entra en vigor una norma, con vigencia por dos años, que considerará como inelegibles para solicitar asilo a aquellas personas queantes de llegar a EE.UU. hayan transitado por otros países y que no hayan solicitado esa protección en los mismos.
Esta presunción de inelegibilidad también se aplica a quienes entren ilegalmente en el país y a quienes se presenten en los puestos fronterizos estadounidenses sin haber concertado previamente una cita usando la app CBP One. Todas estas personas podrán estar sujetas a procedimientos de deportación acelerada.
Ampliación (limitada) de las vías legales para emigrar
Las autoridades estadounidenses aseguran que con estas medidas no buscan bloquear la migración, sino asegurar sus fronteras y garantizar que el proceso de entrada al país sea seguro y ordenado.
Con ese objetivo, el gobierno de Biden se ha comprometido a duplicar la cifra de refugiados que admite procedentes del continente americano.
Al mismo tiempo, anunció que mantendrá el programa ampliado de permisos humanitarios (parole) que estableció en 2022 y gracias al cual está aceptando la entrada de hasta 30.000 personas al mes, quienes obtienen un permiso de estadía y de trabajo por dos años.
Sin embargo, este programa solamente es aplicable a nacionales de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, quienes además deben contar con un patrocinante en Estados Unidos que esté dispuesto a hacerse responsable financieramente por ellos.
También ha establecido nuevos programas de permisos para reunificación familiar, pero estos solamente están destinados a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia.
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