Ciudad Guatemala
El pasado fin de semana, un operativo policial, que incluía a miembros del polémico cuerpo policial FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana), dejó 23 muertos en un barrio de Caracas, según Provea, una ONG de defensa de los Derechos Humanos.
El gobierno de Venezuela continúa con su política de mano dura contra la delincuencia.
El pasado fin de semana, un operativo policial, que incluía a miembros del polémico cuerpo policial FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana), dejó 23 muertos en un barrio de Caracas, según Provea, una ONG de defensa de los Derechos Humanos.
La cifra de Provea se basa en datos de la propia policía y de las familias, que ya empiezan a denunciar “ejecuciones”.
Hasta este martes, el gobierno venezolano no había dado su versión de lo sucedido.
“No hay comentarios por ahora”, dijo a BBC Mundo sobre los hechos en La Vega un portavoz del Ministerio Público.
El fiscal general, Tarek William Saab, no respondió la petición de comentarios de BBC Mundo.
Tampoco el Ministerio del Interior, Justicia y Paz respondió a la solicitud de BBC Mundo.
¿Qué se sabe?
Desde la noche del viernes y durante el fin de semana, en las redes sociales los vecinos publicaron videos de la llegada de miembros de las FAES, fuertemente armados, al barrio de La Vega, en el oeste de la capital venezolana, y de los posteriores enfrentamientos.
“El foco fundamentalmente fue en La Zulia, que es una calle bastante larga en contacto con Las Torres, que es una zona estratégica territorialmente porque quien la controla también controla la boca suroeste de Caracas, que es un corredor importante”, asegura a BBC Mundo Andrés, un vecino y líder social de la comunidad que prefiere usar un nombre ficticio por temor a represalias.
Marino Alvarado, coordinador de investigaciones de Provea, calificó lo sucedido de “masacre” y habló de 23 muertos.
“El enfrentamiento fue en la parte baja (de La Vega), pero aún en la parte alta, en la que vivo, se escucharon las detonaciones, se vivió mucha zozobra, estuvimos en mucha tensión durante los enfrentamientos”, dijo a BBC Mundo por teléfono Amaranta, una vecina de la zona que también prefiere no dar su nombre real.
“Aún continúa mucha presencia de las FAES incluso en la parte alta”, dijo la noche del lunes la mujer, que durante los enfrentamientos trató de no salir de casa, mantener a su familia alejada de las ventanas, no poner música y bajar el volumen de la televisión “para que no se dieran cuenta de que había gente”.
Marino Alvarado aseguró que los 23 muertos son el mayor saldo de víctimas desde que el Estado venezolano comenzó la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una polémica política de mano dura contra la delincuencia en uno de los países más violentos del mundo.
La vecina de La Vega, una parroquia tradicionalmente más tranquila que otras del entorno, teme por sus hijos adolescentes, a menudo objetivo de estos operativos por considerarlos como sospechosos de pertenecer a las bandas.
“Los amedrentan y les dicen: Te callas o te siembro. ¿Y cómo yo amarro a la pata de la cama a unos adolescentes?”, dijo preocupada.
No hay detalles de contra qué banda actuaba la policía, aunque podría ser la del “Coqui”, basada en la cercana zona de la Cota 905 y que es una de las más peligrosas de Caracas y las de mayor control territorial.
¿Cuán habituales son estas operaciones?
Operativos como el de La Vega son habituales en Caracas y en otras partes del país.
En los barrios populares se denuncia la ausencia del Estado y es habitual el control por parte de bandas. Entre abril y mayo se registraron enfrentamientos entre grupos armados en Petare, el barrio popular más grande de América Latina.
Posteriormente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado entraron en acción contra la banda de “Wilexis”.
En la Cota 905, cercana a La Vega, en los últimos meses fueron habituales también los enfrentamientos entre la policía y la banda del “Coqui”.
A final de 2020, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) publicó su informe anual en el que destacó el descenso de los fallecimientos respecto a 2019 por la pandemia de coronavirus en un país que, sin embargo, sigue siendo el de mayor número de muertes violentas de América Latina: 11.891 en 2020, es decir 45,6 por cada 100.000 habitantes.
La gran novedad del informe es que del total de muertes violentas, un 35,5% fue a manos de la policía, en lo que se clasifica como “resistencia a la autoridad”, una cifra superior a la de los homicidios.
“Por primera vez fueron más los muertos por la policía que los asesinados por los delincuentes”, dijo Roberto Briceño-León, presidente del OVV.
Según los cálculos de Provea, de 2010 a agosto de 2020 más de 27.000 personas han sido asesinadas por organismos policiales y militares, “con un crecimiento significativo en los últimos cinco años desde que surge la OLP”.
¿Qué es la OLP?
Desde que el gobierno de Venezuela creó en julio de 2015 la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), han aumentado las denuncias por asesinatos y desaparecidos a manos de la policía.
De julio de 2015 a febrero de 2016 el gobierno dijo que hubo 245 víctimas y 2.310 detenidos. Después dejó de hacer público el conteo.
La OLP, en la que participan fuerzas especiales civiles y militares, nació el 13 de julio de 2015 como un nuevo plan contra el crimen, pero no hay ningún documento oficial y público que detalle su metodología ni sus metas, denuncian las organizaciones de derechos humanos.
El presidente, Nicolás Maduro, dijo entonces que el objetivo era “apretar al máximo el castigo de todos los crímenes”.
Y la OLP ha golpeado especialmente en los barrios más pobres, los más violentos, allí donde la presencia del Estado es escasa y donde los policías son el enemigo de las bandas.
A esas bandas se les entregó las llamadas “zonas de paz”, sectores en los que pueden ejercer control a cambio de garantizar seguridad.
“Pero eso se ha ido extendiendo a dinámicas de control territorial y se le ha escapado de las manos al Estado”, dice a BBC Mundo Andrés, líder social de la Vega.
La respuesta del Estado contra la violencia ha sido más violencia.
¿Qué son las FAES?
Es el grupo de la policía más temido por su poder de fuego y por su despliegue con armas largas, capuchas e incluso máscaras con el símbolo de la calavera.
Son los comandos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, una unidad de élite activada en 2017 por orden directa del presidente Maduro.
Su misión, dijo el mandatario, es el “proteger al pueblo frente al crimen”.
En junio de 2019, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó decenas de casos de ejecuciones extrajudiciales en el país, algo que este fin de semana denunciaron también vecinos de La Vega.
El informe de Bachelet incluyó entre sus recomendaciones finales la disolución de las FAES y la apertura de una investigación independiente sobre su actuación que atendiera a las víctimas.
Pocos días después de que se hiciera público el informe, Maduro apareció en un acto con efectivos de las FAES.
“¡Viva el FAES!”, proclamó.
En septiembre del año pasado el informe de la Misión para la Determinación de los Hechos en Venezuela de Naciones Unidas dijo que “hay bases razonables” para creer que tanto el presidente Maduro como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de crímenes que entran dentro de la categoría de lesa humanidad.
“Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”, dice el informe.
El gobierno aseguró que el reporte está lleno de “falsedades”, pero en los últimos meses ha estado trabajando de cerca con la oficina de Bachelet.
También en septiembre, Bachelet habló sobre los derechos humanos en Venezuela e insistió, entre otras cosas, en las acciones de las FAES.
“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020”, expresó la expresidenta de Chile.
“El Ministerio Público informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de las FAES en distintos estados del país”, dijo Bachelet sobre la actuación de la fiscalía.
Las palabras de Bachelet ponían de relieve que hubo una cierta reacción del Estado para castigar los excesos de estos operativos.
De hecho, el fiscal, Tarek William Saab, admitió públicamente los excesos de un cuerpo que, sin embargo, sigue operativo.
“Ahora la modalidad es el secuestro que promueven funcionarios policiales. Hay dos denunciadas vinculadas a las FAES nuevamente”, señaló Saab en noviembre en la televisión estatal.
“Yo no entiendo qué es lo que está pasando con las FAES. Son 800 o 1.000 policías. Es mentira podrida que por ellos se han reducido los índices delictivos”, agregó, restando importancia al supuesto papel del cuerpo en la estrategia contra el crimen.
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