Denuncian que la violencia es la principal causa de las 22 mil desapariciones que registra El Salvador
Organizaciones de la sociedad civil acudieron este jueves ante la CIDH para denunciar que las políticas de seguridad pública de El Salvador ocultan información. El 40% de las víctimas desaparecidas son mujeres.
Los jóvenes Karen y Eduardo Guerrero, secuestrados a plena luz del día el sábado 18 de septiembre, son dos nuevas víctimas que se suman a la lista de más de 22.000 desapariciones registradas en El Salvador desde el año 2014, denunciaron organizaciones este jueves en Washington.
La madre de estos dos jóvenes, de 18 y 20 años, respectivamente, ha movido cielo y tierra en la búsqueda desesperada y sin éxito por encontrar a sus hijos, como hacen miles de familias golpeadas por este flagelo.
La pandillas, redes del crimen organizado y la violencia social y doméstica están detrás de las desapariciones expusieron representantes de la sociedad civil en audiencia del 181 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el jueves.
Según los demandantes, el 40% de desaparecidos son mujeres, que en muchos de los casos son víctimas de violencia de género, como se ha comprobado en casos donde finalmente se han encontrado los restos.
Destacaron también que el mayor porcentaje de desapariciones ocurren en zonas controladas por las pandillas MS-13 y Mara 18, que tienen el control de amplias franjas del territorio nacional.
Zaira Navas, de la Organización Cristosal, dijo que desde 2002, “las pandillas dejaron de utilizar el asesinato y desmembramiento de personas cuyos restos abandonaban en lugares públicos, para ocultarlos en fosas clandestinas”.
Entre 2014 y 2016 las autoridades salvadoreñas reportaron 238 cementerios clandestinos donde se encontraron restos de miles de personas, muchas de ellas reportadas como desaparecidas.
“La desaparición de personas ha sido desde hace dos décadas una práctica criminal sistemática, en la que mayoritariamente figuran las pandillas como responsables, aunque en los últimos años se ha documentado que también son producidas por agentes estatales, personas del ámbito familiar, laboral o comunitario de las víctimas”, acotó Navas.
En el contexto del posible pacto del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas para reducir los homicidios, las desapariciones forzadas no han cesado, expusieron, pues en lo que va del año, observatorios sociales y medios de comunicación registran cerca de un millar de desaparecidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) dejaron de proporcionar estadísticas de desaparecidos desde el año 2019, con lo que, según los demandantes, se vuelve más complicado sistematizar información sobre el fenómeno.
La ONU pide a El Salvador ratificar Convención
La CIDH invitó a la sesión a la presidenta del Comité de personas desaparecidas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carmen Rosa Villa, quien destacó que El Salvador es uno de los países de la región que no ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Personas por Desapariciones Forzadas.
La ONU aprobó en 2006 la Convención, que entró en vigencia en 2010. A la fecha, 64 países son parte y 47 solo figuran como signatarios.
“Si El Salvador no forma parte de la Convención, el comité de la ONU tiene limitaciones para apoyarles”, dijo Villa, por lo que instó a agilizar los procesos para ratificar el convenio que entre muchos obliga al país a legislar y designar recursos para hacer frente al problema.
En respuesta a los señalamientos, el Estado salvadoreño dijo que se han activado mecanismos, como un protocolo especial para articular esfuerzos rápidos que permiten alertar sobre las personas desaparecidas.
También, la representación del Estado dijo que la remodelada Fiscalía General de la República creó en 2019 una unidad especial dedicada a la búsqueda de desaparecidos en el país y al acompañamiento de familiares.
Los relatores de la CIDH dejaron abiertas muchas interrogantes sobre por qué El Salvador no avanza para ratificar la Convención, en crear un banco genético para identificar a víctimas, agilizar mecanismos de comunicación con las organizaciones de sociedad civil enroladas en la problemática y sobre todo con las víctimas que sufren la desaparición de los suyos.