Entidades exigen restaurar las libertades de prensa y expresión en Nicaragua, donde persecución contra periodistas se agudiza

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El régimen de Daniel Ortega "ha barrido" con las libertades de prensa y expresión en Nicaragua, según parientes de periodistas perseguidos.

por César Pérez Marroquín 19 abril, 2022 - 16:30 PM

Veintisiete organizaciones nacionales e internacionales de prensa se unieron en una sola voz en contra de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, donde se “ha logrado barrer todos los derechos humanos” y demoler las estructuras de la sociedad civil por medio de la “represión, la cárcel y la muerte”, según familiares de periodistas perseguidos o que se encuentran en el exilio.

Los contundentes testimonios de varios familiares se escucharon durante la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que comenzó este martes 19 de abril de forma virtual y que analizará hasta el próximo jueves el panorama de la libertad de prensa en América Latina, donde se vive una “agudización de la violencia” contra periodistas y medios, principalmente en Nicaragua.

El plan de acción, firmado por 27 de organizaciones hemisféricas, recoge 10 puntos que permiten a los nicaragüenses “vivir nuevamente en libertad, democracia y con las garantías de un estado de derecho”.

Entre los puntos destacan la solicitud a los organismos multilaterales del condicionamiento de créditos y ayuda no humanitaria al país hasta que el Gobierno no “libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones” a los diarios La Prensa, Confidencial y 100 % Noticias.

La declaratoria detalla que “ante la persecución sistemática del periodismo independiente, la opresión y censura generalizada, el secuestro de los poderes públicos y la demolición de las estructuras de la sociedad civil en Nicaragua, las organizaciones firmantes se comprometen a seguir un plan de acción que permita restaurar las libertades de prensa y expresión, como garantías esenciales para restablecer la democracia”.

Las entidades de prensa añaden que “la crisis institucional y social de Nicaragua se agravó a partir de abril de 2018, cuando fueron asesinados más de 335 opositores en enfrentamientos con la Policía Nacional y grupos paramilitares”.

“Después de ahogar en sangre las multitudinarias protestas civiles contra su gobierno, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue endureciendo su postura, ante los reclamos y las sanciones impuestas por la comunidad internacional”, y desde entonces, “a través de una maquinaria legal que incluyó sendas leyes sobre Agentes Extranjeros, Delitos Cibernéticos y Soberanía de los Pueblos, el gobierno encarceló a opositores, persiguió a disidentes, cerró organizaciones de la sociedad civil, expulsó a periodistas y confiscó universidades y medios de comunicación”.

De acuerdo con el documento “Hoy se calcula en más de 170 los presos políticos, entre ellos la precandidata presidencial a las elecciones de noviembre de 2021, Cristiana Chamorro, y Pedro Joaquín Chamorro, miembro del directorio del diario La Prensa y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, condenados a ocho y nueve años de cárcel, respectivamente”.

Refiere que, luego de haber encarcelado a todos los aspirantes a las elecciones de 2021, Ortega se declaró vencedor con más del 75 por ciento de los votos, en un proceso con 80 por ciento de abstención, y a partir de entonces “mantiene una línea férrea de represión y terror contra cualquier expresión de crítica o disidencia”.

Las organizaciones detallan que uno de los peores ataques contra la prensa en Nicaragua ocurrió en agosto de 2021, “con la toma militar y el cierre de las instalaciones de La Prensa y la captura de su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP”.

Detallan que, como en todos los juicios contra disidentes efectuados a puerta cerrada, Holmann fue condenado a nueve años de prisión por “falsos delitos y sin el debido proceso judicial”. La sentencia también ordena la custodia policial de los bienes de La Prensa, “lo que equivale a una confiscación ilegal y es una violación al artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua”.

También refiere que previamente, Confidencial, uno de los medios con mayor audiencia en Nicaragua, fue obligado a suspender operaciones y trasladarse a Costa Rica, donde, además, se exiliaron más de 120 periodistas en los últimos tres años.

Agregan que otro medio independiente, Radio Darío, con sede en León, “fue reducido a cenizas por simpatizantes del gobierno que incendiaron sus instalaciones en 2018”.

Los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza cumplen desde febrero condenas de 13 y nueve años, respectivamente. El comentarista televisivo Jaime Arellano también recibió sentencia de 13 años.

Dicen que pese a las sanciones políticas y económicas de nivel internacional que buscan la apertura del país, el régimen de Ortega continúa cerrándose y un ejemplo de eso es que inició el proceso para desvincularse de la Organización de Estados Americanos (OEA), rechazó la presencia de observadores internacionales en las elecciones y, recientemente, expulsó a la Cruz Roja Internacional y al nuncio apostólico del Vaticano.

Plan de acción

“Ante esta realidad, las organizaciones aquí firmantes expresan su compromiso de trabajar en el siguiente plan de acción que permita a los nicaragüenses cumplir con sus aspiraciones de vivir nuevamente en libertad, democracia y con las garantías de un Estado de derecho”, refieren las organizaciones de prensa.

Solicitar a los organismos multilaterales que condicionen el otorgamiento de créditos y de ayuda no humanitaria hasta que el gobierno libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias; permita el regreso de medios y periodistas desde el exilio y ofrezca garantías para su labor, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana.
Exigir, mediante una campaña de prensa y en pedidos ante las embajadas de cada país, que el gobierno de Nicaragua libere a los presos políticos, incluyendo a los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza y Jaime Arellano, así como a los miembros del directorio de La Prensa Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann Chamorro.
Animar a los gobiernos receptores del éxodo de periodistas nicaragüenses a que lo sigan haciendo y exhortar a otros gobiernos que los acojan y les ofrezcan cooperación humanitaria, tecnológica y económica para que puedan seguir informando desde el exilio.
Gestionar ante gobiernos de terceros países la agilización de trámites para el otorgamiento de visas de trabajo humanitarias a periodistas perseguidos por el régimen.
Realizar campañas de promoción a través de los medios y las redes sociales para impulsar donaciones, membresías y suscripciones destinadas a apoyar la viabilidad de medios independientes nicaragüenses dentro y fuera del país.
Gestionar ante startups y empresas tecnológicas que provean a los medios independientes nicaragüenses servicios más asequibles.
Impulsar un debate con agencias de noticias y medios de comunicación internacionales con el objetivo de que se mantenga una cobertura periodística profunda sobre Nicaragua, para que el tema permanezca en la agenda pública global.
Apoyar campañas de información que exhorten a funcionarios del régimen a denunciar violaciones a los derechos humanos y la libertad de prensa, como lo hicieron el embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields, y el asesor del gobierno ante la Corte Internacional de Nicaragua, Paul Reichler.
Pedir a la Organización de las Naciones Unidas, a la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abran espacios amplios de debate para definir acciones que permitan restaurar la democracia y la plena vigencia de los derechos ciudadanos y de las libertades fundamentales.
Exhortar a los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, en medio del clima de confrontación internacional por la invasión a Ucrania, a que no disipen el interés por Nicaragua y busquen con firmeza senderos para presionar al régimen Ortega-Murillo a favor de la paz y la democracia.

Testimonios

“En Nicaragua todos estamos presos y bajo los abusos de una dictadura” que “fabrica juicios ilegales sin fundamento” contra periodistas y ordena “confiscaciones ilegales” de medios, dijo Renata Holmann, hija de Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa.

Renata se mostró visiblemente afectada al relatar los padecimientos de su padre, “aislado e incomunicado” en una celda “sellada” de 2×2 metros, tras ser condenado a nueve años de cárcel por supuesto lavado de dinero, y se refirió a la “confiscación inconstitucional y ocupación” por la Policía de las instalaciones del diario.

Se trata de un “acto cobarde de venganza de la dictadura de Ortega-Murillo” para “aplastar los derechos” en el país, afirmó Holmann, quien pidió “redoblar la presión nacional e internacional” e “investigar los asesinatos, torturas y detenciones ilegales” del régimen.

En este segmento testimonial se escucharon también las voces de Cristopher Mendoza Jirón, sobrino del periodista deportivo preso Miguel Mendoza; la periodista exiliada Lourdes Arróliga, de la Fundación Violeta Chamorro, y la costarricense-nicaragüense Lucía Pineda, jefa de prensa del canal 100% Noticias.

Para Pineda, Nicaragua atraviesa una “situación de extrema gravedad” por la represión gubernamental, con un “ataque a los medios de comunicación brutal, inmisericorde” que solo deja al periodista el camino del “exilio, la cárcel o incluso la muerte”.

Pineda, arrestada y puesta en libertad en 2019, recordó que, desde los disturbios de 2018, cuando buena parte del país se echó a las calles en protesta, “han pasado 4 años de represión, cárcel y muerte”.

Tachó al Gobierno de Ortega de “régimen del mal y cobarde” y aseguró que éste se ha convertido en el “más nefasto al reprimir en tiempos de paz a la población desarmada” y encarcelar a todos los aspirantes a las elecciones generales de 2021.

En ese contexto, Arróliga dijo que ese “monstruo que es la dictadura Ortega-Murillo (la pareja presidencial) ha acabado con la libertad de expresión, información, prensa y asociación en el país, pero no ha logrado extirpar el anhelo de fortalecer la construcción democrática” de Nicaragua.