El otro, detallado en 2017, reveló que un juez de Minnesota firmó una orden judicial que le pedía a Google que proporcionara información sobre cualquier persona que buscara el nombre de una víctima de fraude en la ciudad de Edina, donde se cometió el crimen.
Si bien Google se ocupa de miles de pedidos de este tipo cada año, la palabra clave garantizada es una de las más polémicas. En muchos casos, el gobierno ya tendrá una cuenta de Google específica sobre la que desea obtener información y tendrá pruebas de que está vinculada a un delito. Pero las órdenes de búsqueda son efectivamente expediciones de pesca, con la esperanza de atrapar a posibles sospechosos cuyas identidades el gobierno desconoce. No es diferente a las llamadas órdenes de arresto por geovalla, donde los investigadores le piden a Google que brinde información sobre cualquier persona que se encuentre dentro de la ubicación de la escena del crimen en un momento dado.
“Al igual que con todas las solicitudes de las fuerzas del orden, tenemos un proceso riguroso que está diseñado para proteger la privacidad de nuestros usuarios y, al mismo tiempo, respaldar el importante trabajo de las fuerzas del orden”, dijo un portavoz de Google.
El último caso muestra que Google continúa cumpliendo con solicitudes tan controvertidas, a pesar de las preocupaciones sobre su legalidad y el potencial de implicar a personas inocentes que buscaban los términos relevantes. Desde la perspectiva del gobierno en Wisconsin, el alcance de la orden debería haber sido lo suficientemente limitado para evitar lo último: es probable que la cantidad de personas que busquen nombres, direcciones y números de teléfono específicos en el período de tiempo dado sea baja.
Pero los expertos en privacidad están preocupados por el precedente establecido por tales órdenes de arresto y la posibilidad de que dicha orden sea una violación de las protecciones de la Cuarta Enmienda de registros irrazonables. También existen preocupaciones sobre los problemas de libertad de expresión de la Primera Enmienda, dado el potencial de causar ansiedad entre los usuarios de Google de que sus identidades podrían ser entregadas al gobierno debido a lo que buscaron.
“El rastreo a través de la base de datos del historial de búsqueda de Google permite a la policía identificar a las personas simplemente en función de lo que podrían haber estado pensando, por cualquier motivo, en algún momento del pasado. Esta es una red virtual a través de los intereses, creencias, opiniones, valores y amistades del público, similar a la lectura de mentes impulsada por la máquina del tiempo de Google ”, dijo Jennifer Granick, asesora de vigilancia y ciberseguridad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). “Esta técnica que antes no era posible amenaza los intereses de la Primera Enmienda e inevitablemente barrerá a personas inocentes, especialmente si los términos de las palabras clave no son únicos y el marco de tiempo no es preciso. Para empeorar las cosas, la policía lo hace actualmente en secreto, lo que aísla la práctica del debate público y la regulación”.
Se suponía que el caso de Wisconsin también permanecía en secreto. La orden solo salió a la luz porque el Departamento de Justicia la abrió accidentalmente en septiembre. Forbes revisó el documento antes de que fuera sellado nuevamente y no lo publicaron ni brindaron detalles completos del caso para proteger la identidad de la víctima y su familia. La investigación está en curso, dos años después de que ocurrieron los delitos, y el Departamento de Justicia no comentó si se habían presentado cargos o no.
Forbes pudo identificar otra orden de palabra clave no informada previamente en el Distrito Norte de California en diciembre de 2020, aunque su existencia solo se señaló en un expediente judicial. También tiene el potencial de ser amplio. La orden, actualmente sellada, se titula “Solicitud de los Estados Unidos de una orden de búsqueda para cuentas de Google asociadas con seis términos de búsqueda y cuatro fechas de búsqueda”.
El gobierno puede obtener más con estas solicitudes que simples identidades de cuentas de Google y direcciones IP. En Wisconsin, el gobierno tenía la esperanza de que Google también pudiera proporcionar “CookieID” pertenecientes a cualquier usuario que realizara las búsquedas. Estos CookieIDs “son identificadores que se utilizan para agrupar todas las búsquedas realizadas desde una máquina determinada, durante un período de tiempo determinado. Esa información permite a los investigadores determinar, incluso cuando el usuario no ha iniciado sesión en una cuenta de Google, si la misma persona puede haber realizado múltiples búsquedas pertinentes ”, escribió el gobierno.
Había otro aspecto perturbador en la orden de registro: el gobierno había publicado el nombre de la víctima del secuestro, su perfil de Facebook (ahora ya no se puede acceder), su número de teléfono y dirección, una posible violación de la privacidad de un menor. El gobierno ahora ha sellado el documento, aunque solo fue alertado de la filtración después de que Forbes envió un correo electrónico al Departamento de Justicia para solicitar comentarios. Ese error, de revelar la identidad de las víctimas menores de abuso sexual en los documentos judiciales, se ha convertido en algo común en los últimos años. Como en el caso más reciente, se ha visto al FBI y al DHS eligiendo seudónimos y acrónimos para las víctimas, pero luego publicando el enlace completo de su perfil de Facebook, que contiene el nombre del menor.
*En alianza con Forbes México
