Ciudad Guatemala

Cómo un sicario que había sido contratado por 8 mil dólares para cometer horrendo crimen terminó informando al FBI sobre el plan


El hombre de nacionalidad hondureña fue denunciado ante las Policía de EE.UU. por el sicario que había contratado para realizar los brutales asesinatos.

  26 julio, 2021 - 19:58 PM

Un hombre con historial de violencia doméstica contrató a un sicario en Honduras para que asesinara a la madre y al tío de su aún esposa.

De acuerdo al FBI, Santos Orellana Hernández, de 47 años, quien también es hondureño, pidió que ambos homicidios se realizaran al momento de finalizar su proceso de divorcio en Texas, Estados Unidos.

El hombre ofreció al sicario alrededor de 8 mil dólares para que matara a los dos familiares de su pareja Edith Argueta Vásquez.

De igual manera, solicitó también el asesinato del exnovio de Argueta Vásquez y la madre de su antigua pareja.

El hombre de nacionalidad hondureña y el presunto sicario, identificado posteriormente por el FBI como Gustavo Ramires, alias “Tavito”, se comunicaron vía telefónica entre enero y marzo de 2020 para planificar los asesinatos en Honduras.

Las cuatro víctimas vivían en el poblado Las Lomitas, ubicado en el departamento de El Paraíso, al norte de Honduras.

Durante las conversaciones entabladas entre ambos, Orellana le pidió al presunto asesino que las muertes de las cuatro personas se llevaran a cabo a partir del 21 de abril de 2020, fecha en la cual, luego de varios años separados, se formalizaría el divorcio de la pareja.

Asimismo, el autor intelectual del plan le prometió pagarle a “Tavito” hasta que mandara fotos de los cadáveres de las cuatro personas.

Las autoridades consideran que Orellana hubiese logrado su objetivo de no ser por “Tavito”, quien grabó una de las llamadas y entregó el audio a la policía estadounidense.

Luego, la Policía de Port Arthur, Texas, refirió el caso al FBI el 20 de marzo de 2020, un mes antes de la fecha establecida para realizar los asesinatos.

“Edith Argueta Vasquez se estaba divorciando de Orellana Hernández en el condado de Jefferson, Texas, y él quería lastimarla matando a su madre y a su tío que viven en Honduras”, indicó un agente del FBI en una declaración jurada.

Orellana fue detenido por las autoridades de EE.UU. gracias a una conversación telefónica grabada por el supuesto sicario. (Foto Guatevisión: Pixabay)

Según Nathaniel Moss, agente del FBI, “Tavito” Ramires grabó una llamada con Orellana el 18 de marzo de 2020 para posteriormente entregarle la grabación a las autoridades.

Durante esta conversación, el supuesto sicario le dijo a Orellana que debido a problemas de salud no iba a poder realizar los asesinatos pactados, pero se comprometía a contratar a un amigo para que se hiciera cargo de ello.

Los investigadores del caso viajaron hasta Las Lomitas, pueblo ubicado a 150 kilómetros de San Pedro Sula, para entrevistar testigos y preparar un caso en contra de Orellana.

Posteriormente, el hombre de nacionalidad hondureña fue puesto bajo custodia federal el 20 de mayo de 2020.

“En este caso, tan pronto como la Policía de Port Arthur se enteró del complot del acusado para asesinar a sus parientes en Honduras, se coordinó con el FBI, que actuó rápidamente para evitar cualquier derramamiento de sangre”, estableció Nicholas Ganjei, fiscal federal.

Luego de su detención, la Fiscalía Federal pidió que se le negara a Orellana el derecho de salir libre bajo fianza, ya que consideraban que existía un alto riesgo de que él se fugara del país e intentara obstruir el proceso penal por medio de intimidación hacia los testigos.

Como habían pronosticado las autoridades estadounidenses, a principios de junio de 2020, mientras estaba en la cárcel, el hombre hondureño conspiró con otra persona para intimidar a su ex esposa para que ella retirara la acusación del asesinato en sueldo.

El 4 de noviembre de 2020, un jurado federal agregó cargos de conspiración y manipulación de testigos al caso de Orellana.

Finalmente, este pasado viernes, Orellana se declaró culpable de todos los delitos en su contra y ahora se enfrenta a una pena de hasta 20 años dentro de una prisión federal.

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