Lanzan proyecto anticorrupción y transparencia para Guatemala, El Salvador y Honduras
La Iniciativa Anticorrupción y Transparencia para América Central, impulsada por la Alianza para Centroamérica y Transparencia Internacional busca fortalecer la integridad corporativa y las condiciones de inversión en la región.
La Alianza para Centroamérica (PCA) y Transparencia Internacional (TI) lanzaron este martes 26 de septiembre el proyecto “Iniciativa Anticorrupción y Transparencia para América Central”, el cual busca fortalecer la integridad corporativa y las condiciones de inversión en la región, por lo que incentivará a las empresas a ofrecerse de forma voluntaria para ser “responsables en sus operaciones”, informaron los involucrados en un comunicado.
De acuerdo con una publicación de PCA, las empresas que figuran como miembros fundadores del proyecto son AgroAmerica, Banco Ficohsa, Corporación AG, Grupo Mariposa y Pantaleón.
El documento señala que el proyecto se llevará a cabo en El Salvador, Guatemala y Honduras y “utilizará las Directrices de Debida Diligencia de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable como marco de referencia para fortalecer la integridad corporativa y las condiciones de inversión en la región”.
Refiere que, además de las contribuciones financieras las empresas fundadoras, “el Proyecto ACT incluye una alianza estratégica con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)”, el cual, según la publicación “desempeñará un papel crucial en la expansión de la participación en el proyecto”.
Se explica que el Proyecto ACT se basa en el lanzamiento, en febrero pasado, de la iniciativa Central American Forward (CAF), de la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, que incluyó la Declaración de Buena Gobernanza que establece los compromisos conjuntos del gobierno de Estados Unidos y la PCA para combatir la corrupción y proteger los derechos laborales en la región.
Agrega que el Proyecto ACT también se basa en los esfuerzos de las empresas miembros de la PCA que se comprometieron con “la Promesa Corporativa de la PCA sobre el Estado de Derecho en junio de 2023”.
“El propósito del Proyecto ACT es ampliar el número de empresas que se comprometen voluntariamente a ser responsables en sus actividades comerciales”, detalla la nota.
“El Estado de Derecho y los esfuerzos contra la corrupción seguirán siendo piedra angular de la Estrategia de Causas Raíces de la Administración Biden-Harris en la región. Aplaudo los esfuerzos de estas empresas miembros de la PCA y de otras de llevar a cabo soluciones lideradas por el sector privado para los desafíos que afectan a toda la sociedad, para promover los objetivos de Central America Forward, lanzada en febrero de 2023 por la vicepresidenta Harris,” dijo Philip Gordon, asesor de Seguridad Nacional de Harris.
“Nuestra declaración conjunta con la PCA sobre Buen Gobierno, Buenos Empleos describe un marco y valores para trabajar con el sector privado. El Departamento defiende el estado de derecho y la lucha contra la corrupción como piedra angular de la política de Estados Unidos en América Central”, dijo Brian A. Nichols, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de EE. UU.
Nichols agregó que “el papel del sector privado es fundamental. Estamos emocionados de ver a la PCA dar pasos clave para poner en práctica estos principios”.
Por su parte Luis Miguel Castillo, presidente de Grupo Mariposa, dijo que “la transparencia es un desafío regional que requiere soluciones regionales. Me complace colaborar con líderes empresariales de toda la región para respaldar este esfuerzo que nos exige a todos mantener altos estándares en nuestras actividades comerciales”.
En tanto, Mateo Yibrin, Ppresidente de COHEP, comentó que “el Proyecto ACT es un testimonio de lo que se puede lograr cuando el Estado de Derecho no solo es respetado, sino defendido. COHEP se siente honrado de contribuir a esta iniciativa para fomentar estándares más elevados de gobierno corporativo en América Central”.
A criterio de Mark Lopes, presidente y director de operaciones de la PCA, “el motor detrás de este compromiso son las empresas miembros, y estamos emocionados de trabajar con Transparencia Internacional para unir una de las organizaciones anticorrupción más creíbles con empresas que están comprometidas con el progreso de las sociedades en las que viven, trabajan y hacen negocios”.
Por lo anterior, Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Transparencia Internacional, dijo que “estamos comprometidos en colaborar con el sector privado para ofrecer soluciones prácticas a los desafíos en esta región. Esperamos escalar y sistematizar este trabajo en todas las empresas de la región”.
Los tres componentes que ofrecerá el Proyecto ACT
- Apoyar el cumplimiento de los compromisos por parte de las empresas signatarias
- Mejorar las capacidades de las empresas signatarias y sus cadenas de valor para adoptar, implementar y supervisar prácticas comerciales transparentes y legales
- Fomentar una red vibrante y en constante expansión de integridad corporativa en la Región
El Proyecto ACT brindará servicios a tres grupos de empresas
- Miembros de la PCA que han firmado la Promesa de Estado de Derecho de la PCA
- Miembros de COHEP que han firmado una Promesa de Estado de Derecho ante COHEP
- Empresas adicionales que han firmado una Promesa de Estado de Derecho con el Proyecto ACT
De esa cuenta, TI y la PCA invitan a otras empresas a unirse a este esfuerzo “innovador para avanzar en esfuerzos concretos y creíbles contra la corrupción en la región”.
En el comunicado se informa que “la Alianza para Centroamérica (PCA) es una organización no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro que colabora con una coalición multinacional de organizaciones privadas para promover oportunidades económicas entre poblaciones desfavorecidas en El Salvador, Guatemala y Honduras”.
Mientras que a Transparencia Internacional (TI) la define como “un movimiento global que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción. TI se enfoca en problemas con el mayor impacto en la vida de las personas y exige la rendición de cuentas a los poderosos en beneficio del bien común”.