Abogados solicitan retiro del derecho de antejuicio del juez Fredy Orellana
Grupo de abogados cuestiona polémicas resoluciones del juez Fredy Orellana y solicita que se le retire el derecho de antejuicio.
El grupo de abogados Transparencia y Cambio solicitó este viernes 14 de julio en Gestión Penal de Torre de Tribunales el retiro del derecho de antejuicio del juez Séptimo Penal “A”, Fredy Orellana, quien ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, una resolución que generó días de incertidumbre electoral y jornadas de protestas.
El grupo de jurista es dirigido por Juan Francisco Solórzano Foppa y detalla que el delito por el que se pidió el retiro de inmunidad del juez Orellana es anticipación de funciones públicas, pues aseguran que no juró fidelidad a la Constitución al momento de asumir el cargo.
“La petición en este momento va por la comisión del delito de anticipación de funciones públicas, porque el juez Séptimo Fredy Raúl Orellana Letona no juró lealtad a la constitución como lo establece la ley y como lo debería hacer”, dijo a periodistas Solorzano Foppa.
“Vemos e insisto que en sus resoluciones definitivamente no respetan las normas constitucionales, no respeta la Constitución y tampoco respeta la Ley Electoral y de Partidos Políticos, esto ya es público y la misma Corte de Constitucionalidad ya le ha dicho que sus actuaciones son contrarias a la Constitución”, agregó Solorzano Foppa.
También dijo que Orellana “es un juez que irrespeta la Constitución, no juró lealtad a la Constitución y por ende tampoco cumple los requisitos mínimos para ser un juez. Esto no lo digo yo, eso está en el reglamento de la ley de aquí, de la Carrera de Servicio Judicial”.
Quién es el Juez Orellana
El Juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla; sin embargo, no es la primera vez que esta judicatura emite una resolución que ha estado en el ojo de la polémica.
Orellana, quien fungió como presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, fue quien avaló la captura del periodista y fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, quien el 14 de junio fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero.
También procesó a la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Samari Gómez, quien finalmente fue absuelta del delito de revelación de información confidencial o reservada; aunque el MP apeló la resolución.
En el mismo caso, Orellana confirmó la orden de extradición en contra del exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, por posibles vínculos con Zamora. Sandoval se encuentra en Estados Unidos desde julio de 2021 y desde allá argumenta persecución por los casos de corrupción que develó junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
En enero de 2020 Sandoval presentó una recusación en contra de Fredy Orellana, al hacerse pública una fotografía donde se observa al juez con una pistola en la mano y al lado de uno de los abogados de Gustavo Alejos, procesado por su vínculo en varios casos de corrupción.
El caso del abogado Juan Francisco Solorzano Foppa también lo conoció Orellana. El MP afirmó que Foppa, quien fue abogado defensor de Zamora, se concertó con otras personas para realizar y presentar un documento fraudulento en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, en el que está vinculado Zamora.
El 13 de junio último, Foppa fue sentenciado a dos años de prisión conmutables, luego de aceptar los cargos que el Ministerio Público (MP) le imputó.
Caso IGSS
Orellana también ordenó el cierre del proceso penal a favor del exdiputado Baudilio Hichos, quien falleció en 2021.
En octubre de 2020, Orellana emitió el sobreseimiento del caso IGSS-Chiquimula, dando por terminada la persecución penal contra Hichos por tráfico de influencias.
La Feci dijo que Hichos dirigió una red integrada por personal del IGSS y particulares en la que negociaron el arrendamiento de manera discrecional del edificio en el centro de Chiquimula.
El titular del Juzgado Séptimo Penal también benefició al exdiputado Roberto Kestler al cerrar la persecución penal por asociación ilícita y enviarlo a juicio únicamente por tráfico de influencias en el caso Negociantes de la Salud.