APG lamenta acoso denunciado por Emisoras Unidas y teme que se pretenda imponer una “censura previa”

La Comisión de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denunció este miércoles 9 de febrero la intención de silenciar a los medios de comunicación en Guatemala por medio de denuncia “infundadas” y la persecución de juzgados que, incluso, amenazan con intervenir empresas periodísticas.

“En este contexto adverso para la prensa. Emisoras Unidas de Guatemala ha denunciado un acto de persecución penal en su contra, que estaría motivado por la labor informativa y periodística del medio, mediante el cual se pretende la intervención de la empresa y con ello dañar sus finanzas, lo que afectaría su funcionamiento y su libre ejercicio como medio de expresión”, señala un comunicado de la APG.

Añade que “Emisoras Unidas señaló en un comunicado público, que, aunque este proceso espurio fue rechazado frecuentemente por cuatro juzgados diferentes, el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala aceptó la demanda y los ha obligado a depositar una suma millonaria, como garantía”.

Tal situación ha sido calificada por la APG como grave para los periodistas en Guatemala, por lo que “la Comisión de Libertad de Prensa de la APG remarca la necesidad de que el gobierno implemente mecanismos de protección, que los tribunales sancionen contra quienes agreden a los periodistas, pero de manera especial, que se abstengan de conocer o procesar las denuncias sin fundamentos en contra de medios y comunicadores, mediante las cuales pretenden imponer una censura previa”.

De acuerdo con los registros de la APG, “este año se han producido nueve agresiones de diversas formas en contra de periodistas y medios, lo cual demuestra la existencia de un plan premeditado para crear temor en el gremio y evitar cualquier tipo de investigación y denuncia de los hechos ilícitos que acontecen en esferas gubernamentales o en los centros de poder en Guatemala”.

“Queremos reiterar que los periodistas y los medios solo cumplen con su función de recopilar, analizar y trasladar información de interés a la ciudadanía para que esta, si se considera o resultara afectada por diversos actos, determine las acciones a seguir en la defensa de sus derechos. Los comunicadores, como cualquier ciudadano, están amparados por la Constitución para ejercer libremente su libre expresión y por lo tanto no deben existir presiones o represalias de ningún sector por la práctica de este derecho”, refiere la APG.

Por aparte, el comunicado de Emisoras Unidas señala que “estamos siendo víctimas de una demanda basada en documentos sin sustentación legal, alegando un falso incumplimiento de un contrato de canje de publicidad en nuestro medio a cambio de servicios de internet, ocurrido hace más de diez años”.

Agrega que empresas de cartón “son las promotoras de esta ilegalidad, que buscan tomar represalias en contra de este medio de comunicación por su rectitud y transparencia al informar sobre los hechos”.

También refiere que “en cuatro ocasiones anteriores cuatro juzgados consecutivamente rechazaron esta demanda por inconsistente y por carecer de fundamento fáctico y legal, (…) hasta que llegó el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, que de manera extraña la aceptó, ha intentado intervenir esta empresa y nos obligó a depositar como garantía 7 millones de quetzales en efectivo, a lo que tuvimos que acceder”.

“Ya antes hemos tenido presiones de diferente tipo de diversas instituciones, tratando de doblegar nuestro sistema de noticias, pero es la primera vez que un tribunal de la república se presta a semejante atrocidad”, concluye el comunicado.