APG y APQ condenan las agresiones contra periodistas de Sololá y Quetzaltenango 

La Asociación de Periodistas de Guatemala y la Asociación de Periodistas de Quetzaltenango condenaron este miércoles 10 de noviembre las agresiones y censura a las que han sido sometidos reporteros de varios medios de comunicación en Sololá y Quetzaltenango, hechos que “representan un grave delito contra los derechos humanos”.

“La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala repudia los actos de acoso y censura en contra de tres periodistas de la cabecera de Sololá, corresponsales de distintos medios, por parte de integrantes de los Consejos Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Sololá, quienes se oponen a que los reporteros cubran las audiencias judiciales de un polémico caso familiar y el proceso en contra del exlíder de un Cocode” señala un comunicado de la APG.

Se sabe que algunos líderes comunitarios de Sololá ejercen presión sobre los reporteros, porque se niegan a que estos den cobertura a las audiencias de un caso en el que se le vincula; sin embargo, de acuerdo con esa entidad, eso es un atropello en contra de la libertad de prensa.

“Las acciones de las autoridades comunitarias representan un grave delito contra los derechos humanos y un peligro que en un futuro puedan incurrir en arbitrariedades similares en contra de más periodistas o para censurar otros temas que no deseen que se divulguen. Esto además es un reflejo de pocos, pero malos liderazgos comunitarios, en este y otros departamentos, que arremeten y pretenden censurar a la prensa cuando se divulga información que afectaría sus intereses o los intereses de allegados”, reitera la APG.

Añade que la Comisión de Libertad de Prensa “demanda a la Fiscalía de Delitos cometidos en contra de Periodistas para que inicie inmediatamente una investigación en contra de los miembros de estos Cocodes y solicite los análisis de riesgo para estos tres comunicadores”.

También solicita a la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que acompañe a las víctimas en este proceso.

“Esta Comisión reitera su preocupación por el grave retroceso de las garantías para que los periodistas puedan desempeñar libremente su labor, sin restricciones ni represiones de ningún sector. Durante este año, el Observatorio de los Periodistas de la APG ha registrado más de 115 ataques y restricciones de distinta índole, una cifra apenas menor a la reportada en el mismo periodo del 2020”, concluye el comunicado.

Agresión policial

En tanto, la Asociación de Prensa Quetzalteca (APQ) condenó las agresiones que sufrió el periodista Rubén Jocol por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes lo retuvieron en una estación policial por haber grabado una captura en una calle de la Ciudad Altense.

“La APQ condena de manera contundente y rotunda la agresión, retención ilegal y violación a su derecho periodístico de informar en contra de nuestro colega Rubén Jocol a manos de agentes de las unidades QUE-140 y DCSP-40 de la PNC la noche del lunes 8 de noviembre en la diagonal 12 y 26 avenida de la zona 1 de Quetzaltenango”, refiere un comunicado de esa entidad.

Añade que Jocol cubría un hecho de tránsito y cuando lo documentaba tres agentes de la PNC, “aparentemente asignados a la subestación del barrio Las Flores, lo sometieron tras doblarle los brazos con violencia para esposarlo y retuvieron obligándolo a borrar videos y todo el material periodístico de su celular; además lo acusaron de obstruir el procedimiento policial.

Al periodista Jocol lo retuvieron esposado por 45 minutos y luego de borrar las evidencias fue dejado en libertad, refiere el comunicado de la APQ.

“Como APQ exigimos a la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público no sumar este caso a la impunidad en que mantiene otros delitos cometidos contra periodistas de este departamento y el país. También exigimos a la Inspectoría General de la PNC cumplir con su investigación contra los agentes involucrados de forma imparcial a fin de sancionar como corresponde a los causantes de este hecho y que el mismo no se repita en contra de otro colega más y sobre todo en contra de la población en general”, agrega la misiva.

Los hechos

Enrique Pablo, corresponsal de Emisoras Unidas y Noti 7 en Sololá, fue intimidado por familiares de un hombre de la tercera edad que fue despojado de su casa y sus propiedades, y de cuyo caso el comunicador hizo una nota, lo que causó la inconformidad de los parientes que le exigen que se retracte de lo publicado.

En la playa pública del Lago de Atitlán murió una persona en la desembocadura del río San Francisco. Los reporteros llegaron para cubrir la nota, pero los lancheros los intimidaron porque, según ellos, esas publicaciones le dan “mala fama” al lugar.

En esa oportunidad, Ábner Chumil, reportero de canal 6 Panadish, fue empujado y su equipo lanzado al suelo; además, intimidaron a Gilberto Xingo, corresponsal de Azteca Guate en Sololá.

A otros reporteros, entre ellos Enrique Pablo y Fredy de León, les advirtieron que no podían documentar el hecho.

El tercer caso fue el de Alfonso Guárquez, corresponsal de Nuestro Diario, y Fredy de León, de Radio Sonora, quienes el lunes pasado cubrirían una audiencia de primera declaración en el Juzgado de Primera Instancia de Sololá en contra de líderes comunitarios involucrados en el supuesto desalojo de una mujer de la tercera edad.

Dichos periodistas llegaron al juzgado y afuera estaban los líderes comunitarios y otros miembros de Cocodes. Los intimidaron, les impidieron entrar a la audiencia e impidieron el desarrollo de otras diligencias mientras exigían que cerraran el caso en el que se les vincula.

El juez Otto Vásquez no pudo hacer nada y solo pidió refuerzos de la PNC para resguardar la integridad de las partes procesales. A los periodistas los empujaron, los insultaron y les hicieron reclamos. Varias personas quedaron retenidas en el Juzgado.

Fredy de León publicó un post en la página de Facebook de Noticias Sololá sobre la retención, pero lo supuestos líderes fueron a buscar al periodistas Ángel Julajuj, propietario de la página en mención. Lo llevaron a la sede de las autoridades comunitarias y lo obligaron a llamar a Fredy de León. Luego lo obligaron a borrar el mensaje, a retractarse y a eliminar como administrador de la página a De León. Lo hizo para salvaguardar su integridad.

También obligaron a Julajuj a firmar un acta en la que señalaba que la nota era falsa. Lo tuvieron en ese lugar por más de dos horas y advirtieron que si seguían con las publicaciones iban a tomar acciones contra Fredy de León.

Caso Xela

El reportero de Stereo 100, Rubén Jocol, estaba de turno el lunes pasado. A eso de las 20 o 20.30 horas fue a comprar comida a un lugar que está por la 8ª. calle de la zona 1 de Xela, cerca del parque de El Calvario.

Cuando esperaba por los alimentos una grúa con dos tripulantes a bordo pasó “botando una venta de papas en el sector”. Cerca había agentes de la PNC cenando y procedieron a perseguir al vehículo pesado, por lo que el reportero también los siguió para documentar el hecho, pero fu agredido por los policías que le dieron alcance a los responsables del accidente. Las patrullas en las que iban los policías que agredieron a Jocol son la QUE-140 y la DCSP-40.

“Me bajé del carro para documentar la consignación. A una distancia prudencial tomé fotos y vídeos con el celular, cuando de repente un elemento se me acercó y sin decirme nada me engrilletó la mano izquierda y como no me dejaba engrilletar por uno, llegaron otros dos y con fuerza me sometieron y subieron a la patrulla”, comentó el reportero.

Lo llevaron a una subestación que está por el barrio Las Flores, zona 1, lo bajaron junto con el piloto y copiloto de la grúa. La condición para dejarlo ir era que borrara todo el material que había documentado.