Cinco años después de las manifestaciones multitudinarias que sacaron del poder al entonces presidente Otto Pérez Molina, Guatemala vivió este fin de semana nuevas y masivas protestas contra el gobierno.
El motivo principal fue la propuesta de presupuestos para el año próximo aprobada en el Congreso. Tras la gran polémica causada, la Junta Directiva parlamentaria se vio obligada este lunes a anunciar la suspensión de su trámite.
Las imágenes de la principal movilización del sábado dieron la vuelta al mundo después de que parte de las instalaciones del Congreso acabaran tomadas e incendiadas por algunos de los manifestantes en la capital del país.
Hasta ese momento, la marcha se había desarrollado de manera pacífica. Finalmente fue disuelta por gases lacrimógenos de la policía y decenas de personas fueron detenidas. Naciones Unidas recomendó investigar el “uso excesivo de fuerza” que causó varios heridos.
Muchos de los manifestantes hablaron de un “hartazgo” general ante la situación que vive el país y la gestión de la clase política con el presidente, Alejandro Giammattei, a la cabeza.
Estos son tres de los motivos que los guatemaltecos argumentaron para salir nuevamente a protestar a las calles.
Lo que definitivamente encendió la mecha de estas manifestaciones fue la aprobación en el Congreso la pasada semana de los presupuestos del Estado para el año próximo.
El Parlamento, integrado en su mayoría por el oficialismo y partidos afines, dio luz verde a unas cuentas récord de 99.700 millones de quetzales (unos US$12.800 millones).
El presupuesto, que supone un notable aumento respecto al del año en curso antes de que fuera incrementado por la partida dedicada a combatir el covid-19, contempla una distribución de recursos que fue duramente criticada por algunos sectores.
Así, algunas partidas vitales para la población -una de las más afectadas por la pobreza o la desnutrición infantil en toda América Latina y duramente castigada por los últimos huracanes- aparecen prácticamente congeladas, como las referentes al equipamiento de hospitales o educación.
Organismos como la Procuraduría de Derechos Humanos, crítica en muchas ocasiones con la gestión del gobierno, vieron reducido su presupuesto.
En cambio, sí aumentaron las partidas para infraestructuras en concesiones para el sector privado.
La aprobación se realizó en una sesión en el Parlamento con carácter de urgencia. Diputados de la oposición denunciaron que el proceso había sido “opaco” al no haber tenido tiempo suficiente para analizarlas.
Pero tras las masivas protestas del fin de semana, la junta directiva del Congreso anunció en la madrugada de este lunes que suspende el trámite del presupuesto “con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social”, dijo el presidente parlamentario, Allan Rodríguez.
La Junta Directiva del Congreso y Jefes de Bloques Legislativos, acordaron la suspensión del Decreto 33-2020, relativo al #Presupuesto2021Gt y el del presupuesto del Organismo Legislativo, para el Ejercicio Fiscal 2021. pic.twitter.com/XY84IkTbTa
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 23, 2020
El decreto que avalaba el presupuesto no será remitido por lo tanto al presidente Giammattei, quien debía aprobarlo o vetarlo. El mandatario había anunciado previamente que lo apoyaría.
Ahora, los diputados tienen un estrecho margen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto o, de lo contrario, seguiría vigente el que estuvo vigente este año.
Entre las consignas más escuchadas y leídas en las pancartas de las últimas protestas estaban las que exigían la renuncia del presidente guatemalteco.
Giammattei ha visto cómo su índice de aprobación cayó en picado del 56% cuando accedió al poder en enero a solo el 30% en julio, según un estudio de la empresa mexicana de investigación Mitofsky.
Para complicar aún más la situación, el propio vicepresidente guatemalteco, Guillermo Castillo, pidió el pasado viernes al presidente que ambos renunciaran a sus cargos “por el bien del país”.
“Juntos prometimos llevar las riendas conforme a la población lo requería. Sin embargo, no han sido como se esperaba”, reconoció en un video publicado en sus redes sociales en el que aconsejaba que sean “nuevas personas las que vengan a tomar las decisiones más importantes”.
Castillo, quien ya mostró sus discrepancias con decisiones de Giammattei en el pasado, le solicitó también al mandatario vetar los presupuestos de 2021 y devolverlos al Congreso, apelando a “la eficiencia, transparencia y austeridad para no tener más endeudamiento”.
El presidente no respondió públicamente a esta petición. De hecho, no fue hasta el domingo que se pronunció sobre las protestas mediante un comunicado en el que anunciaba que había decidido “invocar la Carta Democrática Interamericana” tras los “gravísimos sucesos” de los últimos días.
Según Giammattei, lo hizo “ante la grave amenaza institucional” en la que se encuentra el país, por lo que ve necesario recurrir a la comunidad internacional en busca de apoyo para “la preservación de la democracia en Guatemala”.
Otras de las denuncias más escuchadas en las protestas son las que acusan a las autoridades de corrupción.
No es una práctica para nada inédita en Guatemala, donde denuncias por corrupción ya les costaron sus puestos al expresidente Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti , ambos en prisión a la espera de juicio.
El país es uno de los percibidos como más corruptos de América Latina, solo por debajo de Venezuela, Haití y Nicaragua, según un informe publicado en enero por Transparencia Internacional.
Y la situación no parece haber mejorado desde que Giammattei asumiera la presidencia este año.
“Estamos cansados de la corrupción. No podemos más”, le dijo a Efe una de las manifestantes, Luisa Rivera, quien se acercó al centro de Ciudad de Guatemala el fin de semana motivada por buscar “cambios”.
Sectores críticos con la propuesta de presupuestos para 2021 denunciaron que se contemplara destinar tantos fondos para infraestructuras en concesiones al sector privado, que en el pasado ha sido protagonista de grandes casos de corrupción.
El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, le dijo a la agencia AP que las cuentas propuestas fortalecían también ministerios como los de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que han sido históricamente “focos de corruptos”.
A este descontento general se sumó en los últimos meses la gestión del gobierno frente a la pandemia de coronavirus.
Según la empresa Mitofsky, este es uno de los principales motivos por los que la imagen de Giammattei cayó estrepitosamente en la primera mitad del año a niveles más bajos que los de otros presidentes como el nicaragüense Daniel Ortega.
La estrategia frente al covid-19 de Giammattei, médico de profesión, fue duramente criticada por sectores sociales que denunciaron carencias en los hospitales y mal manejo de los recursos destinados a la crisis.
Según el centro Johns Hopkins, Guatemala registra hasta este lunes 118.629 casos confirmados de covid-19 y 4.076 muertes.
Aunque se trata de la cifra más alta entre los países de Centroamérica, la proporción de fallecidos por 100.000 habitantes es mayor en Panamá, Costa Rica, Belice y Honduras.