Blanca Alfaro pide al Congreso integración del TSE y magistrada antejuiciada señala que se busca afectar resultados electorales 2023
Irma Palencia señala que el objetivo de la persecución política contra los magistrados tiene la intención de integrar un nuevo TSE y "posiblemente cambiar los resultados" en las Elecciones 2023.
La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, emitió un comunicado este martes 5 de diciembre cuestionando el proceso de antejuicio y posibles intenciones de fondo para la posible anulación de los resultados electorales.
La funcionaria agregó que dados los últimos acontecimientos y la desinformación interna y externa alrededor de los derechos a los privilegios e inmunidades que la asisten como magistrada del TSE, “surge la necesidad de trasladarles la situación actual, principalmente respecto de la posición del Tribunal Supremo Electoral y el entramado político, polarización y extrema judicialización imperante, cada vez más a medida que transcurren los días, subiendo la intensidad de tales circunstancias, con predecibles e impredecibles resultados”.
Agregó que como ya es de conocimiento público algunos antecedentes, “me referiré a los últimos como las decisiones en contra de cuatro (de los cinco) magistrados titulares de este Tribunal, todo lo que comunicaré es a título personal”.
Recordó que desde el 2022 iniciaron narrativas infundadas de un posible fraude electoral, cuando el Tribunal socializó por transparencia, sus intentos por modernizar el tribunal y adquirir tecnología para preparar con antelación, (para dos años después) las elecciones que se llevaron a cabo en este 2023.
Señaló el ataque “sistematizado de desinformación e información falsa o tergiversada, toda vez que la presunción de inocencia es un derecho que nos asiste, pese a lo cual persiste el descredito”.
Agregó que después de “haber intentado el Ministerio Publico (MP) varias estrategias sin éxito, en julio del año en curso, la repetición (por orden de la Corte de Constitucionalidad) de audiencias de escrutinio de los votos que legalmente corresponde a las Juntas Electorales Departamentales, llenar el consolidado final de resultados departamentales de las 5 elecciones en el documento número 8, sin que después de realizarlas -no procediendo-, se modificara resultado electoral alguno, como era la intención, y después de 5 espurios allanamientos a las sedes del Tribunal Supremo Electoral, y el secuestro de actas de escrutinio electoral originales, lo cual es sumamente grave e inédito, en condiciones denigrantes, con abuso de autoridad e incumplimiento de garantías procesales, en detrimento de los derechos fundamentales de los colaboradores del Tribunal y la entidad misma, al ser ésta garante de la voluntad popular”.
Además señaló “un sin fin de solicitudes del Ministerio Publico a diario de documentos y actuaciones para entregarlas en horas, que nos mantienen ocupados en ese asunto, apartándonos adrede o no, de nuestro quehacer institucional”.
Añadió que la “Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una resolución carente de legalidad, trasladó para su trámite al Congreso de la República uno de los antejuicios que penden sobre los magistrados de este Tribunal, mismo que es ilegítimo, político y espurio, lo que lo hace legalmente improcedente. La CSJ pese a ello, violando el razonamiento obligado que debió hacer al respecto conforme a la ley y a la jurisprudencia constitucional, por lo que presentó una acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), sin resultado alguno”.
A decir de Palencia, se continuó violando el procedimiento, debido a que la CSJ, para conocer del antejuicio, se integró solo con dos magistrados titulares y once suplentes, “sin que estos llenaran los requisitos para integrar la misma, toda vez que cuando se inhibieron o excusaron los magistrados titulares, debían seguir el orden legal que determina la ley, extremo que no cumplieron, además de que, violentaron el procedimiento porque las excusas o inhibitorias (referenciales) nunca les fueron notificadas como sujetos parte del proceso, según lo reza la Ley del Organismo Judicial, motivo por el cual también se presentó otra acción constitucional de amparo hasta la fecha no resueltas”.
Agregó que en la tramitación del antejuicio ante el Congreso de la República y la Comisión pesquisidora del Congreso, se violentó el procedimiento, no solo los artículos de la Ley de Antejuicio, 10 y 17, sino también infringieron en su contra derechos que le asisten como el de defensa, debido proceso, legalidad.
“Nunca fui escuchada, mis excusas obedecieron a las arbitrariedades ya señalada, mismas que fueron obviadas, dejándome en un total estado de indefensión, ante una arbitrariedad y campante denegación de justicia, por lo que dicho proceso que culminó lamentable sin que fueran resueltas las acciones de amparo que pretendían restituir los derechos y garantías ya mencionados”, señaló.
Recordó que el 30 de noviembre en una sesión maratónica “plagada de cuestionamientos” les retiraron arbitrariamente el derecho al antejuicio, también señaló que se violentó flagrantemente el derecho de privilegios e inmunidades que les asiste a los cuatro magistrados antejuiciados, toda vez que desde su proceder inicial se hizo arbitrariamente, presentando otras acciones constitucionales de amparo, ante la CC.
Agregó: “Sin embargo, circula públicamente acciones contra nuestra libertad, sin que, como corresponde esto deba remitirse a la CSJ para la investigación pertinente, que es todo un proceso. Persisten a sí mismo otras violaciones, como a nuestra honra, reputación, dignidad, libertad, integridad, entre otros, lo cual afecta gravemente a nuestras familias, colaboradores y la situación del Tribunal Supremo Electoral en este contexto tan difícil, de incertidumbre legal y oscuro que estamos viviendo, corriendo graves riesgos institucionales internos aprovechados por otros intereses arbitrarios y antidemocráticos”.
Licencia laboral
“Dado que, es sistemática la denegación de justicia, y la carencia de garantías para enfrentar legalmente a cualquier investigación en nuestra contra, a lo que reiteramos estar dispuestos como siempre lo hemos públicamente manifestado, y por sugerencia de la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral —Blanca Alfaro—, en sesión de Pleno solicitamos licencia laboral por dos semanas aprobada en acta de pleno, esta cobra vigencia legalmente a partir del día lunes 4 de diciembre del presente año, tal y como quedó estipulado por unanimidad en el Pleno del Tribunal Supremo Electoral”, afirmó Palencia.
Respecto del comunicado de Palencia en el que indica que fue una sugerencia de la presidenta del TSE, tomar la licencia laboral, Alfaro respondió que en ningún momento ella dio una sugerencia de ese tipo y que cada magistrado debe ser responsable de sus acciones y decisiones y reiteró que no hizo esa recomendación.
“No hice la sugerencia”, dijo. “Ella —Irma Palencia— mandó su escrito y está en Secretaría. Además, esa fue una reunión de pleno donde estuvo el señor secretario, estuvieron los magistrados, estuvimos integrados”, aseguró Alfaro.
“Ella manifestó —en la reunión— a viva voz que solicitaba su permiso”, explicó la presidenta del TSE.
Además aseguró que en el acta consta la solicitud de la magistrada Irma Palencia y del magistrado Ranulfo Rojas sobre la solicitud de licencia laboral. “Si la sugerencia hubiera sido mía debería quedar plasmada en el acta”, comentó.
Integración de pleno
En declaraciones a medios de comunicación, la magistrada Alfaro dijo que se envió al Congreso un oficio para que los magistrados suplentes sean electos como titulares y así integrar de nuevo el pleno.
Sobre estas acciones, Palencia también se refirió en el comunicado compartido en redes sociales y manifestó su preocupación.
“Nos invade la preocupación cada vez más fuerte, de que el motivo principal de toda ésta persecución política -con apariencia de legalidad-, pretende que se integre el TSE con nuevos magistrados, cuando aún tenemos nuestra calidad de magistrados, y esta petición solo sería válida si es unánime del pleno de magistrados, persiguiendo posiblemente cambiar los resultados obtenidos en las elecciones generales 2023, mismas que con éxito, transparencia, eficiencia e integridad llevamos a cabo, tal como lo confirman las diferentes misiones de observación electoral nacionales e internacionales, los voluntarios y los más de doscientos cincuenta mil ciudadanos que fueron custodios naturales del voto, y los únicos que recepcionaron y contaron los mismos, en presencia de los fiscales de los partidos políticos que firmaron de conformidad las actas de escrutinio de las mesas receptoras de votos, en un ejercicio cívico, ejemplar, transparente e incuestionable como ha sido calificado por las misiones de observación electoral antes aludidas”, argumentó.
La magistrada del @TSEGuatemala, Irma Palencia, emitió un comunicado cuestionando el proceso de antejuicio y posibles intenciones de fondo para la posible anulación de los resultados electorales.@prensa_libre@Guatevision_tv pic.twitter.com/Imb8bJM6kM
— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) December 5, 2023
Palencia emite el comunicado luego de que los diputados del Congreso les retiraron la inmunidad a ella y también a los magistrados Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, ya que la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, y los magistrados suplentes lograron un amparo provisional que frenó las diligencias de antejuicio.
Además, los cuatro magistrados salieron del país, luego de conocerse que se les retiró el derecho de antejuicio.
Los magistrados fueron denunciados por un supuesto fraude financiero en la compra del sistema Trep para las elecciones generales de 2023.