Bono Familia: IVE alerta sobre posibles transacciones sospechosas vinculadas con lavado y extorsiones

El programa de apoyo económico a las personas vulnerables por el covid-19 que aprobó el Congreso en abril último –por Q6 mil millones–, también encendió las alertas de que estas mismas redes cometan acciones vinculadas al lavado de dinero.

La IVE, que es la unidad de inteligencia financiera adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), confirmó que hay un incremento de reportes de transacción sospechosa (RTS), así como de personas supuestamente vinculadas con casos de extorsión.

Alerta funciona desde mayo

Las alertas que recibe el sistema se reciben desde mediados de mayo, cuando inició tanto la entrega de los fondos como la creación de las cuentas virtuales con código al beneficiario, que se puede canjear de una sucursal, retiro en cajero automático o consumo en algún establecimiento con POS.

Saulo de León, intendente de la IVE, declaró a Prensa Libre que las acciones del Gobierno para dispersar dinero han establecido mecanismos y alertas tempranas para detectar transacciones sospechosas, que pueden provenir de este subsidio estatal.

El objetivo es evitar que estos recursos lleguen a las estructuras de extorsión y a aquellas relacionadas a personas expuestas políticamente.

Hasta el viernes 31 de julio, el Bono Familia llevaba una ejecución del 43%, que equivale Q2 mil 47.6 millones y un saldo disponible de Q3 mil 952 millones, según Ministerio de Finanzas.

El fondo es de Q6 mil millones, y están inscritas 6.5 millones de familias.

Tipologías y base de datos

Estas redes pueden emplear diferentes tipologías –estudio del patrón de comportamiento del delincuente–, y diferentes mecanismos en que se pueden utilizar.

De León explicó que, aunque se han identificado varias tipologías, las más comunes son el robo de contadores de energía, documentos -facturas- y el uso de testaferros para ponerse como beneficiarios del apoyo económico.

Principalmente la IVE generó una base de datos de personas que han estado involucradas en casos de extorsión, y las entidades bancarias asimismo cuentan con una base de personas que han sido capturadas, denunciadas o reportadas de pertenecer a estructuras de extorsiones”, precisó.

Cuando una remesa o transferencia de Bono Familia llega a una persona y aparece en la lista, se genera una alerta, se comunica a la IVE, se hace el análisis y se traslada al Ministerio Público (MP) que deberá hacer una investigación para determinar si se cometió algún acto delictivo.

Explicó que cada una de las entidades bancarias y cooperativas de ahorro y crédito manejan a lo interno un control de las personas que han sido utilizadas para cometer el delito de extorsión. De la misma forma, la IVE lleva un registro de los casos que se han presentado al MP para determinar cualquier coincidencia futura.

“Las redes identifican a aquellos perfiles que son beneficiarios o que pueden ser beneficiados, utilizan testaferros para canalizar el dinero, chantajean a la persona que recibió el subsidio y exigen que les sea entregado directamente”, puntualizó.

También existe el mecanismo de usar cajeros automáticos o cuentas de ahorro infantil, una práctica común de estas estructuras, para la canalización de fondos provenientes de la extorsión.

Reiteró que, si se detectara un caso en el traslado de fondos, los bancos y la IVE tienen la capacidad de identificar casi inmediatamente que el dinero tiene un origen dudoso, y que se acredite a una persona que fue reportada como perteneciente a estas estructuras.

En el momento en que sucede, se genera una alerta y el banco tiene la obligación de presentar un RTS.

Luis Lara Grojec, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), mencionó que se trabaja en coordinación con las autoridades de la IVE para tratar que el programa de ayuda funcione de acuerdo con los principios con los que fue creado. “Se hacen los análisis adecuados para que el programa funcione a sus lineamientos”, aseguró Lara Grojec.

Denuncias aumentan

El intendente dijo que algunos beneficiarios de los programas pueden ser susceptibles a recibir dinero dudoso de otros individuos, y que esto implicaría serios problemas. Por estas razones, la SIB mantiene la campaña de no prestar su cuenta bancaria.

Confirmó que uno de los flagelos que creció en medio de los efectos de la pandemia es la utilización y activación de las estructuras de extorsión y el 75% de las denuncias presentadas al MP están vinculadas con estas redes.

Hasta el 29 de julio las estadísticas de la IVE eran:

• Denuncias y ampliaciones de denuncias: 187
• Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) denunciados: 255
• Monto denunciado: Q1 mil 51.6 millones
• Personas involucradas -denuncias y ampliaciones-: 1 mil 830

El intendente resaltó que llama la atención el número de personas involucradas, que estaría alcanzando el total del 2019 que fue de 1 mil 935, es decir, el 95% de lo registrado el año pasado ya se alcanzó en julio de este año.

Personas expuestas

Al igual que en las extorsiones, los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito están generando RTS en personas políticamente expuestas, y las operaciones que se realicen tengan una lógica económica o legal.

“Se está buscando que el beneficio llegue a las personas realmente necesitadas y que no exista una reorientación”, agregó.

Recordó que las Peps no solo incluyen a funcionarios públicos, sino también a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Mides: “La IVE giró oficio a las instituciones bancarias”

El Ministerio de Desarrollo (Mides), brindó su postura con respecto al trabajo que realiza la IVE en el programa social.

A continuación, las respuestas que atendió la unidad de comunicación del referido ministerio.

¿Qué pasa si una persona beneficiada es parte de la lista y vinculada a estructuras de redes de extorsión y personas políticamente expuestas?

El Mides no cuenta con la información de personas vinculadas a redes de extorsión y personas políticamente expuestas, más sin embargo, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, giró un oficio a las instituciones bancarias que participan en el Fondo, en donde les solicita adecuar los programas, normas, procedimientos y controles internos, en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, respecto de las transacciones relacionadas con la entrega del beneficio, correspondiente al Fondo Bono Familia, al que se hace referencia en el artículo 2 del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, a los beneficiarios que indica la mencionada disposición legal; así como lo instruido mediante Oficio No. 3467-2020 del Superintendente de Bancos.

¿Cuántos casos han sido detectados y no haberles realizado los desembolsos?

El Mides no cuenta con la cantidad de casos detectados, ya que dicha información la posee únicamente las instituciones bancarias que participan en el Fondo, que de conformidad con los procesos operativos destinados para la creación y acreditación de fondos a cuentas monetarias Bono Familia, las instituciones bancarias pueden notificar al Mides que, por políticas internas de cada institución, no se crean/acreditan o bloquean fondos a las cuentas Bono Familia.

¿La IVE señala que mantiene alerta para que personas beneficiadas puedan ser utilizadas como testaferros?

El Mides no cuenta con información al respecto, pero es probable que la IVE si mantenga comunicación con las instituciones bancarias que participan en el Fondo al respecto de la consulta.

¿Qué filtros están utilizando para la selección de las personas beneficiadas del Bono Familia?

Según el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, y las reformas establecidas a este, mediante Decreto 22-2020 del Congreso de la República de Guatemala, los criterios de exclusión son los siguientes:

• Personas o familias que habiten en una vivienda cuyo consumo eléctrico haya superado los 200 kWh durante el mes de febrero.
• Servidores Públicos.
• Personas que reciban beneficios derivados de cualquier sistema de pensiones, incluyendo las clases pasivas del Estado cuyo beneficio sea de dos mil quetzales (Q2,000.00) mensuales o más.
• Personas que reciban pensiones por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuyo beneficio sea de dos mil quetzales (Q2,000.00) mensuales o más.
• Personas que cuenten con contratos administrativos de prestación de servicios vigentes en el Sector Público.

También se establece como condición general que la persona beneficiada no reciba otros beneficios o aportes de programas destinados a la emergencia de COVID-19 o Transferencias Monetarias que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social, los cuales se detallan a continuación:

• Programa Social Bono Social.
• Programa Social Beca Social.
• Programa para la Atención a las Niñas y Adolescentes Embarazadas o Madres Víctimas de Violencia Sexual Menores de 14 años cuyos casos hayan sido Judicializados.
• Intervención de Asistencia Económica Temporal para Personas y Familias afectadas por COVID-19 del Fondo de Desarrollo Social – FODES-.