Cámara Guatemalteca de Periodismo exige que se respete la libre expresión

Ante los últimos acontecimientos en los que el Ministerio Público (MP) ha utilizado como indicios publicaciones en redes sociales para acusar a detenidos en el caso Toma Usac: Botín Político, así como el requerimiento de información a la plataforma X, antes Twitter, sobre cuentas de medios de comunicación y periodistas, la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) exige que se respete la libre expresión, un derecho que “no debe ser limitado por leyes o disposiciones gubernamentales”.

En un comunicado, la CGP mostró preocupación ante los últimos acontecimientos en los que, según varios sectores, se atenta conta la libre expresión, por lo que reafirmó “su dedicación inquebrantable a los principios de la libre expresión, un derecho fundamental establecido en el artículo 35 de la Constitución de nuestra República”.

La entidad invitó a la reflexión y al diálogo constructivo “sin perder de vista que la capacidad de expresarnos es el cimiento de nuestra libertad y un indicador de la salud de nuestra sociedad”.

“La Cámara Guatemalteca de Periodismo reafirma su dedicación inquebrantable a los principios de la libre expresión, un derecho fundamental establecido en el artículo 35 de la Constitución de nuestra República. Este derecho es el pilar de la democracia, asegurando que todas las voces puedan ser escuchadas sin temor a censura o acciones punitivas”, detalla el documento.

El comunicado agrega que ante los recientes acontecimientos que han generado debate público, “es nuestro deber recordar a las autoridades que la libre emisión del pensamiento es un derecho que no debe ser limitado por leyes o disposiciones gubernamentales. Cualquier acción que contravenga este precepto es motivo de preocupación y requiere de nuestra atención y voz colectiva”.

“Expresarse libremente no es un acto delictivo sino un ejercicio de nuestra ciudadanía”, dice el comunicado de la Cámara, que insta a mantener la integridad del estado de derecho, “lo que implica un irrestricto respeto por el debido proceso y las garantías judiciales de cada individuo”.

“Nuestra posición es apolítica en lo que respecta a la defensa de los derechos constitucionales. Nos pronunciamos no en defensa de intereses particulares o figuras específicas, sino en protección de los derechos individuales de todos los ciudadanos, como lo es, la libre emisión del pensamiento”, dice la nota.

Además, detalla que “la legítima labor de los periodistas y medios de comunicación no debe verse amenazada por ningún motivo”.

“Hacemos un llamamiento a las autoridades y a todos los ciudadanos para que refuercen su compromiso con la salvaguarda de este derecho esencial. La libertad de expresión debe ser defendida para fortalecer nuestro sistema democrático. Invitamos a la reflexión y al diálogo constructivo, sin perder de vista que la capacidad de expresamos es el cimiento de nuestra libertad y un indicador de la salud de nuestra sociedad”, refiere el documento.

Presentan indicios

El MP utilizó el martes pasado varias publicaciones en las redes sociales como supuestas evidencias para acusar a la excandidata a diputada del Movimiento Semilla, Marcela Blanco, en un supuesto caso que también involucra al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

El fiscal del Ministerio Público Saúl Sánchez acusó a Blanco y cinco personas detenidas más por utilizar “violencia, hostigamiento y desorden en las redes sociales para lograr sus fines al margen de la ley”.

Blanco, de 23 años, está acusada desde el 16 de noviembre por un supuesto caso de daños al patrimonio de la Universidad de San Carlos, mismo señalamiento de la Fiscalía en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, para que le sea retirada su inmunidad.

El juez penal Víctor Cruz, sancionado por corrupción por Estados Unidos.

La excandidata a diputada por el Movimiento Semilla ha sido inculpada junto a otras 26 personas (cinco detenidas hasta el momento) por los delitos de asociación ilícita, usurpación y depredación de bienes.

La Fiscalía utilizó una fotografía de Blanco dentro de las instalaciones de la Universidad de San Carlos para intentar vincularla a la toma que un grupo de estudiantes realizó en 2022, como medida de rechazo contra supuestas anomalías en la elección de las autoridades de esa casa de estudios.

Blanco es una comunicadora graduada de otra universidad y ha defendido en reiteradas ocasiones su inocencia desde su captura el 16 de noviembre.

Arévalo de León calificó este caso como un nuevo intento de la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras Argueta, para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero y lamentó que se esté deteniendo a “personas inocentes”.

Requiere información

El pasado martes trascendió que el MP le solicitó información a la red social X, antes Twitter, de los perfiles de varios medios de comunicación, de la periodista Leslie Sánchez de Guatevisión y de la diputada fallecida Lucrecia Hernández Mack, según informó el diario La Hora.

De acuerdo con la publicación, el requerimiento se hizo por medio de un escrito bajo la causa penal 01070-2023-00023, que identifica el Caso Toma Usac: Botín Político, por el cual se solicitó el retiro de la inmunidad del binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y por el que seis personas se encuentran detenidas.

La solicitud fue hecha por el juez Décimo Penal, Víctor Cruz, quien se encuentra a cargo del caso Toma Usac: Botín Político, quien está sancionado por el Departamento de Estado de EE. UU. que lo incluyó en una lista de actores corruptos.

Entre las cuantas de las cuales el MP solicita información están las del diario La Hora, Ruda GT, Prensa Comunitaria, de la periodista de Guatevisión Leslie Sánchez y de la diputada del Movimiento Semilla Lucrecia Hernández Mack, quien falleció el pasado 6 de septiembre.

De acuerdo con el escrito que publicó La Hora, la solicitud fue fechada el 26 de septiembre pasado y fue dirigida a la oficina de X en San Francisco, California, Estados Unidos.

Con información de EFE