CIDH y su Relatoría rechazan “el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público de Guatemala”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) indicaron este 18 de noviembre, por medio de un comunicado, que “rechazan el ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público (MP) de Guatemala, mediante incesantes acciones e injerencias indebidas”.

De acuerdo con la CIDH y y la RELE las acciones “atentan contra el orden democrático, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio individual y colectivo de las libertades civiles y políticas en el país”.

De acuerdo en comunicado emitido por CIDH y RELE, “el 16 de noviembre, el MP anunció la apertura de una investigación por hechos relacionados con las movilizaciones estudiantiles y la ocupación de la Universidad de San Carlos (USAC), ocurridas entre el 19 de mayo de 2022 y el 9 de junio de 2023, en las que la comunidad universitaria denunciaba irregularidades en el proceso de elección del rector de esa casa de estudios”.

Según la CIDH “el MP indicó que la USAC tuvo un daño de 90 millones de quetzales en su estructura física”.

Además, señaló que el objeto real de la toma de esa Universidad “fue la comisión de delitos para postular y apuntalar a personas candidatas de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular, Presidente y Vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República, entre otros”.

La secretaría seneral de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que “estas decisiones del MP constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático”.

Por otra parte, la CIDH advierte con preocupación que la solicitud del retiro de inmunidad del presidente y vicepresidenta electos “ocurre en un contexto ampliamente documentado sobre reiteradas acciones injerencistas del MP en las elecciones generales y en el proceso de transición en curso, mediante la instrumentalización del derecho penal”.

Asimismo, añaden, “alerta sobre el riesgo de esas injerencias respecto de la toma de posesión del presidente electo, conforme la voluntad soberana expresada en las urnas, lo que socava gravemente el principio de separación de poderes y profundiza la inestabilidad política en Guatemala”.

El mismo 16 de noviembre, el MP informó sobre la presentación de solicitudes de retiro de inmunidad de cinco diputados integrantes de los partidos Movimiento Semilla, VOS y Winaq; así como del binomio presidencial electo.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del MP anunció la solicitud de 31 órdenes de allanamiento y 27 órdenes de aprehensión en contra de líderes y lideresas universitarias, personal académico, el exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, entre otras.

A estos los sindican de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada y asociación ilícita.

Hasta el 16 de noviembre, cinco personas habían sido detenidas, Rodolfo Chang Shium, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Alfredo Beber Aceituno, Javier Alfonso de León Gómez y Marcela Blanco Fuentes, excandidata a diputada del partido Semilla.

El respeto a los derechos humanos; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; y la separación e independencia de los poderes públicos, son elementos esenciales de la democracia representativa, según el Artículo 3 de la Carta Democrática, citan en el comunicado.

La CIDH recuerda que “el régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legítimo del poder dentro del marco del Estado de derecho que incluye el respeto a los elementos, componentes y atributos de la democracia”.

La CIDH y su RELE reiteran en este informe el llamado a cesar las acciones injerencistas del MP “que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población, y de esta forma cumplir con las obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”.

Urgen al Estado “garantizar y respetar el proceso de transición presidencial”.