Ejecutivo señala al MP y dice Gobierno de Giammattei pagaba más de Q450 mil mensuales a firma de abogados para investigar a guatemaltecos en el exilio

El Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, solicitó este 7 de marzo una auditoría contra el  Ministerio Público (MP) y su secretario general Ángel Pineda, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio de Finanzas, por la supuesta contratación de un bufete internacional de abogados para investigar a dos guatemaltecos en el exilio.

La solicitud fue presentada por Guerrero en la ventanilla 33 del Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en la que se expuso el caso.

Luego de presentar la denuncia, Guerrero atendió a los periodistas y dio detalles de la petición de auditorías que presentó en la CGC.

“Por instrucciones del presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, vengo a denunciar ante la población y ante la Contraloría General de Cuentas el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero”, mencionó Guerrero.

Afirmó que estos gastos fueron hechos en el gobierno anterior, obedeciendo a una solicitud del actual secretario general del MP, Ángel Pineda.

Hubo un oficio

“El 16  de noviembre de 2021 el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, dirigió un oficio al presidente de la República de aquel entonces, Alejandro Giammattei, por medio del cual le requiere pagar un bufete de abogados en Estados Unidos para actuar en contra de personas guatemaltecas exiliadas en el extranjero, utilizando como pretexto la defensa de los intereses del Estado”, leyó Guerrero en la denuncia.

“A pesar de que en ese oficio se acompañan únicamente publicaciones realizadas en redes sociales, el día siguiente la secretaria general de la Presidencia, por instrucciones del presidente -Giammattei-, ordena al procurador General de la Nación iniciar la las gestiones necesarias para emprender la persecución política”, continuó Guerrero.

Más de Q460 mil mensuales

“Como consecuencia, el procurador General de la Nación inicia las gestiones necesarias para emprender dichas dichos actos ante el Ministerio de Finanzas públicas asignando de forma urgente recursos financieros adicionales por el valor de Q461 mil 600 mensuales”, expresó Guerrero.

Guerrero Garnica dijo que la estrategia propuesta por ese bufete fue sometido a aprobación de la actual fiscal general Consuelo Porras.

“Por lo anterior, acudo en estos momentos ante la Contraloría General de Cuentas a solicitar auditoría al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Finanzas Públicas en relación con los actos anteriormente descritos ocurridos durante los años 2021 y 2022” señaló.

Reiteró que desde el actual Gobierno de Guatemala continúan revocando toda instrucción tendiente a  la persecución política de personas guatemaltecas exiliadas y de medios de comunicación por venganzas personales de funcionarios públicos.

Aseguró que el Gobierno se ha enfocado en estos momentos a los funcionarios públicos que posiblemente abusaron del poder.

Al funcionario se le preguntó si en la denuncia se incluía el nombre de la firma de abogados que se contrató y por cuánto tiempo y respondió que sí se incluía el nombre, pero que en estos momento se reservaban de hacerlo público. Dijo que no saben por cuánto tiempo fueron contratados estos abogados, pero eso es lo que se trata de establecer con la petición que se presentó en la CGC.

También se le preguntó a Guerrero sobre qué personas en el exilio se habían enfocado los esfuerzos de esta firma de abogados y respondió que son muchos los guatemaltecos y las guatemaltecas que han sido exiliadas por persecuciones políticas, pero que también se reservaban el derecho de identificarlos, aunque confirmó que fue contra dos personas.

Guerrero dijo que ubicaron ese oficio que envió Pineda porque el Procurador General de la Nación les advirtió de los hechos y desde esa institución y la Secretaría General de la Presidencia se empezó con las investigaciones y encontraron que en noviembre de 2021 comenzaron estas acciones.

Acciones penales

Al preguntarle a Guerrero si iban a iniciar acciones penales, este respondió que los motivos de la presente solicitud son el esclarecimiento de la utilización de recursos del Estado de Guatemala y que de allí se puedan emprender las demás acciones incluyendo acciones penales.

Se le consultó si habría alguna denuncia contra el expresidente Giammattei y dijo que va a ser importante la labor que realice la Contraloría, porque de ello podrán hacer las denuncias pertinentes.

Afirmó que la  Contraloría General de Cuentas tiene un mandato constitucional, que es velar por la calidad del uso de los recursos del estado de Guatemala y esperan haga su trabajo.

Se pidió la postura del MP sobre estas denuncia que presentaron del Ejecutivo en la Contraloría, pero aún no se han pronunciado.