Estado de Guatemala es demandado por la jueza Erika Aifán, por amenazas a su independencia judicial y a su seguridad

Erika Aifán, jueza de mayor riesgo D, demandó al Estado de Guatemala, debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido este martes 7 de septiembre.

La petición fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este mismo 7 de septiembre por su equipo legal probono de King & Spalding y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional (Vance Center), quien emitió un comunicado con la información.

Según el comunicado, la jueza Aifán tiene a su cargo casos de corrupción de alto nivel y crimen organizado. Añade que en marzo de 2021 ella fue descrita como un “ícono de la lucha contra la corrupción en Guatemala”, recibió el Premio Internacional Mujeres de Coraje 2021 del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y es integrante de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, apoyada por el Vance Center.

Recuerda que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Aifán en 2019, pero que recientemente han surgido nuevas amenazas en procesos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que buscan retirar su inmunidad judicial mediante antejuicios.

“Esto permitiría procesarla penalmente por supuestos excesos en sus actuaciones judiciales en casos llevados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Hace un mes, el jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval fue destituido por la fiscal general María Consuelo Porras y obligado a abandonar el país, por temor a su vida”, se lee en el comunicado.

La petición presentada por Aifán contra el Estado de Guatemala es por denuncias de violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta busca “no solo reivindicar los derechos individuales a la independencia judicial, la vida, la integridad personal, el debido proceso legal, y la protección judicial de
una jueza que lucha contra la corrupción en Guatemala, la Jueza Erika Aifán, sino también apoyar al Estado de Derecho en ese país, en el contexto de ataques fuertes en contra del
mismo por círculos poderosos, públicos y privados, que favorecen la continuidad de la corrupción y de la impunidad, incluso dentro de la misma administración de justicia”, se lee en la petición presentada.

Además, que la jueza Aifán goza de Medida cautelar No. 682-18, solicitada por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y por CEJIL, otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión”) el 23 de octubre de 2019 por Resolución 55/2019.

Violaciones contra Aifán

El documento refiere que la petición tiene el objetivo de “señalar las múltiples violaciones de los derechos humanos en el fondo del mismo asunto tratado por las medidas cautelares, así como subrayar el cumplimiento meramente parcial por parte del Estado con las medidas cautelares, y el grave empeoramiento reciente, a pesar de las medidas, de la situación de independencia judicial de la Peticionaria y del Estado de Derecho en Guatemala”.

Añade que luego que se le otorgaron las medidas cautelares a Aifán, los ataques a la independencia judicial de ella y al Estado de Derecho en Guatemala incluyen:

• a) Procesos infundados y parcializados de antejuicio, el rechazo arbitrario del amparo, y una multa infundada por una Recusación indebidamente rechazada, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención.

• b) Denuncias penales en contra de la Jueza, o bien infundadas o fundadas en sus labores jurisdiccionales, y no administrativas, violando al artículo 8 en relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención.

• c) Amenazas en contra de la vida y la integridad física y moral de la Jueza, violando a los artículos 4 y 5 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• d) Actos de hostigamiento, intimidación y agresión, violando a los artículos 4, 5, y 8 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• e) La falta de responder y procesar oportunamente y con apego al debido proceso legal los hechos denunciados por la Jueza Aifán, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• f) La designación al juzgado de personal de apoyo incompetente y corrupto, sin sanciones correspondientes a sus infracciones graves, y la falta de asignación de recursos humanos adecuados, violando al artículo 8 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• g) Dos procesos disciplinarios infundados ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, violando a los artículos 8 y 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

• h) La omisión legislativa para tipificar como delito el atentar contra la independencia judicial, tal como dispone textualmente el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.” violando el artículo 8 en relación con el artículo 2 de la Convención.

Incumplimiento de medidas cautelares

El documento también refiere que Guatemala es responsable por la falta de cumplimiento pleno con la Medida Cautelar resuelta por la Comisión, en particular la falta de cumplimiento pleno con las medidas precisadas en la Resolución:

• a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad
  personal de la señora Érika Lorena Aifán.

• b) adopte las medidas necesarias para garantizar que la beneficiaria pueda llevar a cabo sus labores como juez sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones.

• c) concierte las medidas a implementarse con la beneficiaria y sus representantes.

Petición completa de la jueza Erika Aifán