Estados Unidos no los quiere allá: estos políticos y jueces no pueden ingresar por acusaciones de corrupción

Felipe Alejos y Delia Bac ingresaron este 28 de octubre a la lista de personas con prohibición para entrar a Estados Unidos, una sanción que impone ese gobierno a personas con vínculos con corrupción, narcotráfico o violación de derechos humanos.

Según la embajada de Estados Unidos en Guatemala, en 2019 retiró 250 visas y en los primeros días de 2020 lo hizo con más de dos docenas de ciudadanos.

Las personas afectadas por estas revocaciones incluyen exfuncionarios de gobierno, entre otros, pero no siempre menciona nombres. “Estados Unidos revoca con regularidad las visas de quienes considere inelegibles por razones como actos de corrupción, violaciones de derechos humanos, tráfico de drogas, lavado de dinero, trata y/o contrabando de personas, viajes inadecuados a EE. UU., u otras actividades ilegales”, expuso.

La sanción de Estados Unidos hacia algunos políticos sí ha sido pública y ha agitado la política y la justicia por cuanto hace referencia a señalamientos de ilícitos, los cuales algunas veces aquí no han llegado a ser juzgados.

Así, estos son algunos personajes sancionados y sin visa:

Blanca Stalling

Estados Unidos declaró desde el 25 de marzo de 2019 a Blanca Stalling no apta para ingresar a su territorio por “casos de corrupción importantes”. La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia está procesada por supuestamente ejercer contra el juez Carlos Ruano para que su hijo Otto Molina Stalling -a quien también se le revocó la visa- obtuviera una medida sustitutiva y saliera de prisión preventiva por el caso IGSS-Pisa-Chiquimula.

Gustavo Alejos

El 8 de junio de 2020 el exsecretario privado del entonces presidente Álvaro Colom fue sancionado por el Departamento de Estado con la prohibición para ingresar por señalamientos de corrupción. Alejos enfrenta cinco procesos por corrupción y está en prisión preventiva.

Roxana Baldetti

En mayo de 2015 Roxana Baletti fue despojada de su visa, así como sus hijos, días después de que renunciara a la Vicepresidencia de la República por actos de corrupción por los que actualmente ya cumple condena por uno de ellos. El retiro de la visa incluye a sus hijos. Además de los procesos acá, Baldetti deberá enfrentar a la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico, para lo cual hay un proceso de extradición abierto.

Mauricio López Bonilla
Sobre el exministro de Gobernación hay versiones de que le fue retirada la visa, pero Estados Unidos no lo ha oficializado. No obstante, sí es una persona extraditable para enfrentar cargos por narcotráfico. Estas acusaciones deberán ser solventadas una vez el exministro resuelva su situación jurídica en Guatemala, donde enfrenta varios casos de corrupción.

Édgar Ovalle
El exdiputado prófugo de la justicia por Creompaz, un caso de violación de derechos humanos, confirmó en 2016 a Nómada que Estados Unidos le revocó la visa.

Fernando Linares Beltranena

El exdiputado fue considerado en abril de 2017 no elegible a la visa americana. La oficina del cónsul general no detalló el motivo a Linares. El excongresista fue un opositor a la Cicig y fue parte de una comisión que contrató servicios de cabildeo en Washington para que esa comisión perdiera el apoyo de ese país.

Estuardo Galdamez

Desde marzo de 2018 el exdiputado prófugo de la justicia no cuenta con visa, según confirmaron en su momento fuentes cercanas a la embajada. Es sindicado de delitos en el caso Subordinación del Legislativo al Ejecutivo.

Alejandro Sinibaldi
El Departamento de Estado designó en la lista en diciembre de 2019 a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, por su participación en graves casos de corrupción. Ahora está ligado en tres casos de corrupción, fue exonerado de uno y está a la espera de la audiencia de primera declaración de otra causa judicial.

Lista de corruptos

El 18 de mayo de 2019, a solicitud de la congresista de origen guatemalteco Norma Torres, el Departamento de Estado divulgó una lista de 27 guatemaltecos que desde las esferas públicas cometieron o se cree que cometieron corrupción.

• Erick Archila, exministro de Energía y Minas, fue acusado en 2016 de asociación ilícita y lavado de dinero. Actualmente es prófugo.
• Manuel Baldizón, excongresista, fue condenado por lavado de dinero en 2019, pero es posible que salga antes de prisión.
• Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, fue condenado en 2016 a más de cinco años de prisión por asociación ilícita e tráfico de influencias.
• Jorge Rolando Barrientos Pellecer, exalcalde de Quetzaltenango, fue acusado de lavado de dinero después de aceptar US$3 millones en sobornos de contratistas municipales.
• José Antonio Coro García, exalcalde de Santa Catalina Pinula, fue procesado en 2018 por fraude después de recibir US$461 mil en compensación indebida de fondos municipales.
• Arístides Crespo, expresidente del Congreso, fue acusado en 2018 de malversación y abuso de autoridad.
• Edgar Romeo Cristiani Calderón, exdiputado, fue acusado en 2016 de corrupción en un esquema de contrato gubernamental que involucraba al expresidente del Congreso Luis Rabbé (caso Plazas fantasma).
• Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fue condenado a más de seis años de prisión en 2018 por otorgar un contrato a una compañía no calificada a cambio de sobornos, resultando en al menos 13 muertes (caso IGSS-Pisa).
• Mario Estrada, excandidato a la Presidencia y excongresista, está condenado en Estados Unidos por conspirar para el trasiego de drogas. También fue acusado de intentar asesinar a la entonces candidata Thelma Aldana y los jefes fiscales Juan Franciso Sandoval y Óscar Schaad.
• Selvin Boanerges García Velásquez, excongresista, fue acusado en 2017 de abuso de autoridad y malversación por su participación en nombramientos irregulares, incluida la falsificación de la existencia de puestos en el gobierno para enriquecerse.
• Beatriz Ofelia de León de Barreda, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, fue acusada de tráfico de influencias en un caso de 2011 en el que su hijo -Roberto Barreda, fallecido por covid-19- fue acusado de asesinar a su esposa -Cristina Siekavizza-. Su caso fue sobreseído.
• Baudillo Hichos López, exdirector Adjunto de la Policía Aduanera y excongresista, fue acusado en 2015 de fraude por su participación en un contrato ilícito con el Instituto de Seguridad Social de Guatemala. Hichos obtuvo recientemente una falta de mérito en ese caso.
• Jaime Martínez Loaiza, excongresista, fue acusado en 2017 de asociación ilícita, tráfico de influencias y financiamiento electoral ilícito por su papel en una organización de origen que lavaba dinero en colaboración con las autoridades locales y nacionales.
• Carlos López Girón, excongresista, fue acusado de asociación ilícita y soborno en 2017. Actualmente es un prófugo.
• Julio César López Villatoro, exmiembro del Congreso, fue acusado de asociación ilícita y soborno en 2017. Actualmente es un prófugo.
• Carlos Giovanni Mejía Giron, coronel y exagregado Militar, fue acusado formalmente de cargos de malversación y soborno en 2018.
• Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, fue arrestado en 2015 en una red de aduanas junto con la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti). Pérez está a la espera de juicio (caso La Línea).
• Pedro Muadi Menéndez, expresidente del Congreso, cumple condena por malversación, asociación ilícita y lavado de dinero.
• Luis Armando Rabbé, expresidente del Congreso, fue acusado en 2016 de abuso de poder, mal uso del dinero del estado y designación ilegal de personas para cargos en el gobierno en un escándalo que involucró a un grupo de siete diputados del Congreso de Guatemala. Su extradición con México está en trámite.
• Gudy Rivera Estrada, expresidente del Congreso, fue condenado a más de 13 años de prisión en febrero de 2018 por tráfico de influencias y soborno.
• Ariel Salvador de León, coronel y director de Logística del Jefe de Estado Mayor del Ministerio de Defensa, fue acusado formalmente en 2018 por lavado de dinero y colaboración con la pandilla MS-13 en operaciones de extorsión, con más de 81.8 millones en su cuenta en el momento del arresto.
• Augusto César Sandino Reyes Rosales, excongresista, fue acusado de fraude y lavado de dinero en 2017. Su inmunidad de enjuiciamiento fue eliminada.
• Erick Gustavo Santiago de León, exmagistrado y presidente del Tribunal Civil de Apelaciones Regionales, fue condenado en 2018 a cinco años de prisión.
• José Armando Ubico Aguilar, diputado, fue condenado en 2003 a 46 meses de prisión en los Estados Unidos por tráfico de heroína y se alega creíblemente que también ha participado en lavado de dinero de ganancias de tráfico ilícito. Después de su liberación anticipada en libertad condicional en 2005 y posterior deportación, Ubico fue elegido para el Congreso en 2015.