Fallecidos, contratistas y empleados públicos aparecen entre beneficiaron de programa de alimentos por el coronavirus
Mides y Maga justifican que los listados son responsabilidad de las autoridades locales.
El Programa de Apoyo Alimentario fue creado al inicio de la pandemia por el covid-19 en 2020 para ayudar a familias que podrían caer en inseguridad alimentaria, pero ahora afloran irregularidades.
Diputados cuestionaron este 21 de abril presuntas irregularidades que encontraron en el padrón de beneficiarios del programa, el cual está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para el área urbana y el Ministerio de Agricultura (Maga) para el área rural.
Según los registros, el Mides entregó esta ayuda de enero a hoy a 169 mil 25 personas, pero solo tiene el detalle digitalizado de 36 mil 558 beneficiarios.
A pesar de que solo está documentada la quinta parte de los beneficiados, las anomalías apuntan a que en los listados hay 128 fallecidos -40 en 2020-, cinco son extranjeros, nueve no estaba en Guatemala cuando recibieron la ayuda, cuatro son funcionarios -uno del Maga-, 32 son trabajadores municipales, 144 son proveedores del Estado, cien jubilados y 9 mil 812 recibieron el Bono Familia. En todos estos casos la ley no permitía que recibieran este tipo de ayuda.
Mientras tanto, el Maga reporta 200 mil 969 beneficiados, aunque solo están digitalizados 83 mil 940. Aquí se han encontrado 69 fallecidos, un extranjero, 42 no estaban en Guatemala cuando recibieron el apoyo, tres son trabajadores del Gobierno central, 12 son empleados municipales, 137 son contratistas del Estado, 66 son jubilados y 21 mil 552 son beneficiarios del Bono Familia.
El diputado Carlos Barreda consideró: “La ayuda alimentaria no está llegando a los más pobres, menos a los que tienen hambre. No sabemos si las familias están siendo atendidas. Pero muertos cobran, extranjeros cobran, empleados públicos cobran, contratistas cobran y el político reparte”.
Las autoridades de Maga y Mides justificaron que autoridades locales son los encargados de hacer los listados de los beneficiarios.
“Nosotros recibimos los listados de los centros de operaciones de Emergencia (COE) municipales y nuestro papel es verificar contra los listados del Registro Nacional de las Personas (Renap) la duplicidad de los números de DPI o si hay fallecidos. Luego remitimos nuestras convalidaciones a cada uno de los ministerios”, dijo la secretaria María Eugenia de León.
Barreda replicó al respecto: “Entonces se le pasaron más de cien fallecidos en lo que va del año […] Ustedes no están haciendo el trabajo que tienen que hacer”.
Aparte, el diputado Marvin Samayoa apuntó que, si bien los COE envían la información, las autoridades centrales son las responsables de la revisión. “Lo peor es que no accionan. Hay niños que se están muriendo del hambre”, acusó.
Denuncian a asesor
En la misma citación, el diputado Barreda señaló que Julio Ricardo Molina Zelada, un asesor del Maga, también recibe contratos del Intecap por Q91 mil y la Empresa Portuaria Quetzal por Q81 mil. Además, el contrato del Maga es por Q100 mil.