Feci pide a la Interpol que active alertas rojas contra siete extranjeros vinculados a corrupción en Guatemala
Las siete personas extranjeras están señaladas por las autoridades de pagar sobornos dentro del caso denominado Mecanismo de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), solicitó este jueves 17 de diciembre que la Interpol active siete alertas rojas para la detención de igual número de empresarios que están implicados en el caso Mecanismo de Corrupción en el Ministerio de Energía y Minas, durante la gestión de Érick Archila Dehesa.
Según la Feci, estas personas son señaladas de pagar sobornos.
Las personas para las que la Feci solicitó orden de captura internacional son:
- 1) José Ernesto Páez Cruz, de Ecuador, vinculado con City Petén S. de R.L., señalado de cohecho activo y lavado de dinero u otros activos.
- 2) Horacio Yepez Maldonado, de Ecuador, vinculado con City Petén S. de R.L., señalado de cohecho activo.
- 3) Miguel Hernández Luna, de México, vinculado con Petro Energy S.A., sindicado de cohecho activo.
- 4) Pablo Escobar Bayter, de Colombia, vinculado con Edemtec, S.A., sindicado de cohecho activo.
- 5) Manuel José Giacometto Gómez, de Colombia, vinculado con Edemtec, S.A., señalado de cohecho activo.
- 6) Luis Armando Córdoba Rodríguez, de Colombia, vinculado con Edemtec, S.A., señalado de cohecho activo.
- 7) Juan Carlos Ortiz Mutis, de Colombia, vinculado con Edemtec, S.A., señalado de cohecho activo.
El caso
La investigación del MP determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.
La fiscalía dio a conocer que Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016.
El esquema de corrupción abarcó su gestión como ministro y presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación, -Inde- (14 de enero de enero de 2012 al 15 de mayo de 2015) y el período posterior, en el que Archila dio continuidad a las actividades concertadas con los integrantes de la organización.
Vea también: GALERÍA: Los guatemaltecos más buscados por la Interpol
Beneficios económicos ilícitos
El fin primordial de esa estructura, según la Feci, fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota.
Esa posición, según MP, le permitió a Archila operar la organización desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación, así como negocios ilícitos en el ámbito privado.
Según la Feci, Archila obtuvo comisiones ilícitas en el período comprendido entre agosto de 2012 y abril de 2015. Luego de recibir estas dádivas, Archila benefició con contratos y/o resoluciones administrativas. La entidades que la Feci ubicó dentro de la investigación son Edemtec, S.A.; Petro Energy, S.A.; City Petén, S. de R.L.; e Hidro Xacbal, S.A.. Asimismo, Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca fue intermediario para el cobro de las comisiones por lo menos en estas dos últimas compañías.
Los sobornos emitidos por estas entidades suman Q75 millones 700 mil 811.07 más US$477 mil.
Por su parte, el exministro Érick Archila Dehesa
Erick Archila se pronuncia
El día en que la Feci sacó al luz este nuevo caso, el exministro Archila, través de personeros de una de sus empresas, remitió a la Redacción de Prensa Libre una declaración en la que expone que desde 2015 la Cicig, por medio de la Feci, tiene una persecución política en su contra, pero que probará su inocencia.
“Se presentó un segundo caso fabricado con el único fin de hostigarme por supuestos eventos que ocurrieron hace más de siete años, como intento de ganar impacto y exposición mediática ante la opinión pública”, dijo.
Aseguró que vive de manera “completamente abierta y transparente” en Estados Unidos, pero no ha sido citado ni buscado y se viola su derecho de defensa y el debido proceso.
Sobre el primer proceso en su contra, que no menciona por nombre, Archila señaló que fue “fabricado”, pero no resistió “ningún escrutinio serio”.
También aseguró que él y su familia han sido acosados, y desde 2018 ha sido extorsionado por individuos que se identifican como agentes del Ministerio Público que piden un “pago descomunal de dinero”, o abrirían nuevos cargos en mi contra. “Rechacé contundentemente estos intentos de extorsión y reporté los hechos al Departamento de Justicia de Estados Unidos con las pruebas pertinentes”.
Continuó denunciando que para el presente caso hubo hostigamiento y fue allanada la casa de su mamá, un paciente de riesgo por covid-19. “Niego contundemente esos cargos como ya lo hice en el pasado y probaré mi inocencia”.