Fiscalía dice ente la OEA que actúa de forma objetiva en procesos penales
El secretario general del MP se reúne con el jefe de la Misión de Mediación de la OEA y dice que Fiscalía busca “garantizar el estado de derecho”, al justificar acciones de persecución penal.
El Ministerio Público (MP) justificó este jueves 23 de noviembre ante la Misión de Mediación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), enviada a Guatemala en el marco de la crisis política que vive el país, que su actuar es de forma objetiva y que se basa en “garantizar una respuesta oportuna a las víctimas del delito, denunciantes y agraviados”; además, solicitó que se garantice la autonomía “en el ejercicio de la acción penal”.
La OEA envió una misión de mediación a Guatemala a petición del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, debido a que las acciones del MP en contra de los resultados electorales detonaron en jornadas de protestas y bloqueos en gran parte del país.
El proceso de mediación consiste en sentarse con las partes que integran el conflicto en cuestión (no necesariamente en una misma reunión) y buscar los puntos en común en los que los actores puedan ceder para llegar a acuerdos.
De esa cuanta, el secretario general del MP, Angel Pineda, se reunión con el jefe de la Misión de Mediación de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, a quien se reiteró que el actuar de la Fiscalía es de forma objetiva.
En la reunión también participó el embajador permanente de la OEA en Guatemala, Diego Paz Bustamante.
“Durante la reunión el señor Rosadilla y el Embajador Permanente de la OEA en Guatemala, Diego Paz Bustamante conocieron de la fuente oficial la información relacionada con las acciones que desarrolla el Ministerio Público para garantizar una respuesta oportuna a las víctimas del delito, denunciantes y agraviados quienes están legitimados para obtener una tutela judicial oportuna”, señala la Fiscalía en un comunicado.
De acuerdo con el MP, Pineda también manifestó que el MP, por mandato legal, “para garantizar la investigación en búsqueda de la verdad, debe practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia de los hechos, estableciendo quiénes son los partícipes, valorando su responsabilidad y verificando también el daño causado por el delito para presentarlo ante un juez y que, en respeto al debido proceso, sea el juez quien tome la decisión correspondiente”.
Además, detalla que “se manifestó de forma categórica que el Ministerio Público siempre actúa de forma objetiva buscando dar respuesta a las denuncias ciudadanas y con ello brindar una justicia eficaz a través de la averiguación de la verdad”.
De acuerdo con el comunicado, Pineda le señaló a la Misión que el MP “no es un ente político sino estrictamente técnico y su labor se enmarca en la persecución penal y la investigación de los delitos de acción pública, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, haciendo énfasis en que todos los ciudadanos se encuentran sujetos a la ley y nadie es superior a ella”.
El documento difundido por el MP señala que Pineda le solicitó al jefe de la Misión que la información que se le proporcionó sea trasladada al Consejo Permanente de la OEA “a efecto de garantizar el principio de autonomía del ejercicio de la acción penal pública que le fue conferido por mandato constitucional al Ministerio Público de la República de Guatemala”.
El encuentro entre las autoridades del MP y de la Misión de Mediación de la OEA se dio en momento en que la crisis política se recrudeció a raíz del pedido de la Fiscalía de quitar la inmunidad al binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, a quienes se les vincula con la toma de la Universidad de San Carlos en 2022 en rechazo de la elección de rectar de esa casa de estudios.
Desde el 12 de julio pasado, el MP, bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras Argueta, ha intentado revertir los resultados de los comicios celebrados este año, ganados por Arévalo de León.
El presidente electo ha denunciado públicamente, desde el 1 de septiembre, que Porras Argueta ha utilizado a la Fiscalía para efectuar un “golpe de Estado” con el fin de evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
Con información de EFE