Gobernación cumple orden de la CC y PNC habilita accesos al MP, donde protestas continúan

Las autoridades ancestrales y representantes del Ministerio de Gobernación (Mingob), la Policía Nacional Civil (PNC) y el procurador de los Derechos Humanos hicieron este miércoles 18 de octubre una supervisión del edificio del Ministerio Público (MP) en el barrio Gerona, zona 1 de la capital, previo a liberar los accesos en cumplimiento a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Sin embargo, las autoridades ancestrales informaron que las protestas en demanda de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Feci Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana continuarán por tiempo indefinido.

Luego de la inspección, los mismos manifestantes procedieron a retirar pancartas de la reja del MP y toldos que fueron colocados en la calle, los cuales fueron trasladados a otro sector del frente del inmueble.

“Les pedimos que nos ayuden a reorganizarnos, estaremos aquí manifestando el tiempo que sea necesario. Sí permitieron que nos quedemos acá y en el nombre de Dios se logra el objetivo -la renuncia de Porras-, dijo Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán.

“Demostremos que tenemos educación, seamos la diferencia, seamos el porvenir de nuestra patria, para cambiar a esa gente debemos cambiar nosotros, la educción es la base fundamental de la diferencia entre ellos y nosotros”, dijo otro de los líderes indígenas.

Pidieron proteger los edificios públicos porque “venimos de una manera pacífica (…) nosotros vamos a hacer la diferencia con nuestros principios y valores”.

A las 20 horas se liberará el carril derecho que conduce a la sede del MP, donde, según la PNC, se colocarán vallas para garantizar la transitabilidad.

Previo a eso las autoridades ancestrales y representantes del Mingob y la PNC se reunieron en la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) luego de que la CC ordenara “restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del MP”.

El objetivo del encuentro, según las autoridades ancestrales, fue tener claro lo que la resolución de la CC manda y saber de qué manera se  procedería por parte de las autoridades de la PNC.

En ese encuentro Gobernación dijo que no sería un desalojo, sino que solo garantizar el acceso a las instalaciones de las sedes del MP que sea necesario.

Esto sucede luego de 17 días de paro nacional, convocado por líderes indígenas en rechazo a la fiscal general Consuelo Porras y del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche.

Luis Pachecho, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, enfatizó que no han actuado a título personal y que ahora “no son solo las autoridades ancestrales, sino toda Guatemala a través de diferentes sectores de la sociedad”.

“No es sectorial, no es gremial, es todo el país en descontento”, agregó Luz Emilia Ulario, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán.

Édgar Tuy, síndico de la Municipalidad Indígena de Sololá, denunció la presencia de personas infiltradas en las manifestaciones y condenó las acciones de vandalismo; además, recordó que las manifestaciones que han realizado han sido pacíficas y que han respetado a la PNC.

“Hemos demostrado que somos gente civilizada, agotamos el diálogo”, dijo Misrahí Xicoq Chiroy, autoridad indígena de Sololá.

Por su parte, Héctor Morales, tercer viceministro de Gobernación, dijo que lo que se pide en la resolución es la liberación de los accesos peatonales y las zonas de acceso al MP, pero que no se trata de un desalojo, aunque reiteró que si será necesario que fuerzas de seguridad se movilicen al lugar.

“Dentro de nuestro actuar es movilizarnos al lugar. Solicitamos el acompañamiento del procurador -de los Derechos Humanos-, de ustedes, para poder verificar la accesibilidad al lugar y eso va a continuar mañana porque es permanente, tenemos que hacernos acompañar de la autoridad, de la fuerza necesaria para poder hacer esa verificación, no es reprimir, no es intimidación, el elemento de la PNC es la seguridad y la seguridad es uniformada, la seguridad es a través de una identificación policial”, dijo el tercer viceministro.

Dijo que lo que se busca es agotar el diálogo para la liberación de los accesos peatonales y así evitar la revictimización de las personas que buscan asistencia del MP y que han sido víctimas de algún delito.

El subdirector de Operaciones de la PNC, David Boteo, hizo un llamado a los manifestantes para que los dejen hacer su trabajo, pues deben cumplir con la orden de la CC.

Dijo que lamenta la situación que se vive en el país, donde ha habido cansancio y hambre por parte de los manifestantes y de los agentes de la PNC.

A eso de las 17.30 horas, autoridades ancestrales y los representantes de la PDH, Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al edificio en el barrio Gerona para dar cumplimiento a la orden de la CC de “restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del MP”.

“No queremos llegar a la violencia”

Ante la posibilidad del desalojo de los manifestantes que permanecen en las afueras del MP en el barrio Gerona, las autoridades indígenas pidieron que no se ejerza violencia.

“Estamos en una manifestación pacífica”, señaló Pacheco, quien denunció que en el lugar han circulado vehículos sin placas que han buscado intimidarlos y que ha recibido amenazas de muerte.

Las autoridades indígenas señalaron que creen que “hay resoluciones de la CC que muchas veces creemos que pueden ser para alterar el orden público”, por lo que llaman a la tranquilidad a la población, porque lo que buscan que ponerle fin a la crisis política y no confrontar.

Añadieron que se nota que hay “una represión en contra de la población”, pues, según el presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, la “manifestación enfrente del Ministerio Público ha sido en la calle pública y no ha sido dentro del edificio”.

Agregó que se ha permitido el ingreso de personas y el cambio de guardias de seguridad y que los trabajadores dejaron de llegar por decisión de las autoridades, no de ellos.

“Llamamos a la calma a toda la población, a la unidad, a la democracia y sobre todo a la paz, porque esto no es una lucha de poderes, no es una guerra interna, nosotros solo somos autoridades que venimos a representar a nuestra población porque es una obligación colectiva que nace desde nuestras bases”, reiteró.

“Seguiremos en resistencia pacífica, porque no se vale que nos tomen de esta manera, solo queremos avisar a nuestra población que estas actitudes son las que siempre hieren al pueblo que solo pide el respeto de sus derechos y que defiende la democracia”, refirió.

Definen que la resolución no es una derrota porque “para lograr la democracia en este país hay que seguir luchando”.

Reiteraron que lo menos se necesita es generar focos de violencia porque “no estamos confrontando, llevamos 17 días en asambleas permanentes y no hemos provocado a las autoridades, no hemos dejado que nos provoquen personas infiltradas”.

“El movimiento ha sido en forma pacífica, hemos llamado a la unidad, a la fraternidad, a la paz, a la armonía que es lo que necesita el país, ya estamos cansados de tanta confrontación”, reiteraron.

Amparo respalda manifestaciones

La reunión se desarrolló con presencia del procurador de los derechos humanos, José Alejandro Córdova, quien hizo un llamado a la paz. En representación de la PDH, William Morales indicó que existe una acción de amparo que garantiza la libre manifestación, así como la libre locomoción. Ante esto, Tuy expresó su inquietud por entender el protocolo que ordena la CC. “Si hay un amparo que garantiza la libre manifestación, ¿por qué se ordenó el desalojo?”, señaló.

Retorno de empleados

Según el MP, el regreso del personal se dará cuando las condiciones de seguridad lo permitan y “de momento se está a la espera que concluya el procedimiento y tener certeza que se garantice el acceso y egreso del personal y usuarios, tal y como lo ordenó la CC”.

Además, se envió un ofició que amplía el contenido de uno anterior.

“Considerando y evaluando el riesgo que se pueda suscitar y con el fin de resguardar la vida e integridad de los trabajadores del Ministerio, se les solicita que a través de los medios electrónicos idóneos y conforme a la asignación de turnos, de las áreas fiscales, técnicas y administrativas, se garantice la continuidad del servicio en cumplimento al mandato constitucional”, señala el documento.

Agrega que “lo anterior aplica para el 19 de octubre del año en curso; asimismo los jefes o Encargados de Fiscalía, deberán de tomar las medidas necesarias de acuerdo con la evolución de las manifestaciones, favor estar atentos a las instrucciones de sus superiores, por medios electrónicos confiables, para informar sobre la actualización de las recomendaciones”.