Gustavo Alejos Cámbara y otros cuatro implicados aceptan cargos en caso Negociantes de la Salud
Gustavo Alejos Cambara y otros cuatro implicados en el caso Negociantes de la Salud aceptaron los cargos que el MP les imputaba en un caso de corrupción relacionado con la venta de medicamentos al IGSS.
El ex secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cámbara, aceptó los cargos que el Ministerio Público (MP) le imputaba por su implicación en el caso de corrupción Negociantes de la Salud, una trama para favorecer a empresas con la compra de medicamentos por parte del IGSS, algunos de los cuales, según la investigación, eran sometidos a modificaciones irregulares.
Alejos Cámbara, quien fue secretario Privado de la Presidencia durante el Gobierno de Álvaro Colom, aceptó los cargos por tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho activo de manera continuada, siete años después de haberse dado a conocer el caso.
Durante su declaración antes los jueces, Alejos Cambara dijo: “le pido disculpas por todo el daño que le hice al pueblo de Guatemala, a mi familia en especial, es una lección para todos (…).
La declaración del exsecretario privado de la presidencia fue escueta y no brindó detalles de la acusación que expuso el Ministerio Público.
De momento se desconoce si los cinco implicados en el caso que aceptaron culpas serán sentenciados, pues la audiencia se suspendió y se reprogramó para el jueves 25 de mayo a las 9 horas en la misma judicatura.
En la misma audiencia, desarrollada este miércoles 24 de mayo en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, también aceptaron cargos los sindicados Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, quien fue procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo, y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.
Además, aceptaron cargos José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa farmacéutica, acusado de asociación ilícita y tráfico de influencias y César Estuardo Hernández Monroy, quien fungía como médico del IGSS, quien fue procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo.
El empresario Alejandro Enrique Toledo Paz al momento de aceptar la culpa en el caso Negociantes de la Salud dijo: “Creamos necesidades para vender medicinas”.
El caso
Según la investigación del MP, la organización criminal señalada en el caso Negociantes de la Salud utilizó diferentes mecanismos ilícitos, entre los cuales se destacan modificaciones irregulares de medicamentos básicos, pagos por inclusiones y exclusiones de la lista básica de medicinas, así como generación injustificada en el consumo de medicamentos.
Todo eso con el fin de promover la compra a los proveedores de la organización criminal, hasta el punto de que el Seguro Social se abasteció de medicinas para 13 años, cuando la vigencia de algunos productos era solo de dos.
Según el MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Alejos Cambara, junto a Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, también operadores y proveedores del IGSS, se encargaban de procurar la venta de un producto o servicio e incidían en el consumo de este para favorecer a sus empresas o la de otros proveedores a cambio de comisiones.
Alejos Cambara es considerado uno de los tres operadores principales de la estructura.
EE. UU. lo sanciona
El 8 de junio de 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Alejos Cambara por su vinculación en casos de corrupción y le prohibió ingresar en su territorio junto a algunos integrantes de su familia.
Se trató de una designación pública “dada su implicación en graves casos de corrupción”.
En la designación de ese día se lee que “en su calidad oficial de secretario privado del expresidente de la República de Guatemala Álvaro Colom, Alejos estuvo involucrado en actos de corrupción que socavaron el estado de derecho y la confianza del público guatemalteco en las instituciones democráticas, los funcionarios y los procesos públicos de su gobierno”.
Ese día se informó que esa designación se efectuó “en virtud de la Sección 7031 c) de la Ley de Asignaciones relativas al Departamento de Estado, Operaciones en el Exterior y Programas Afines, 2020 (División G, Ley pública 116-94). Conforme a la Sección 7031 c)”.
“Una vez el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros, junto con sus familiares inmediatos, por su implicación, directa o indirecta, en casos graves de corrupción, esas personas no están autorizadas a ingresar a los Estados Unidos”, señala el documento.