“Instamos a Guatemala a revisar esta legislación” dice EE.UU. sobre ley ONG
El pasado 11 de febrero, diputados al Congreso aprobaron el decreto 4-2020, Ley de ONG, que ha generado diversas reacciones y acciones legales. Estados Unidos instó a que se revise esa legislación.
El Subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, publicó en su perfil de Twitter un mensaje por la aprobación de la Ley de Organizaciones no Gubernamentales.
En el texto se lee que a su criterio, la ley ONG impone requisitos onerosos a las Organizaciones que han jugado un papel importante en las democracias efectivas. Además insta a Guatemala a revisar la legislación recientemente modificada.
El proyecto de ley 5257 impone requisitos onerosos a las ONG, que juegan un papel clave en las democracias efectivas y ayudan a fortalecer las instituciones democráticas. Instamos a #Guatemala a revisar esta legislación de conformidad con las mejores prácticas internacionales.-MK
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) February 15, 2020
La Ley de ONG no ha entrado en vigencia debido a que hace falta que el Ejecutivo la sancione o la vete. Diferentes sectores han solicitado al Presidente Alejandro Giammattei, que vete la normativa.
Lo aprobado en el Congreso
El artículo 13 establece que ninguna donación o financiamiento puede usarse para actividades que alteren el orden público o será cancelada y sus directivos deberán responder civil o penalmente. En el caso de los asociados no podrán formar parte de una ONG dentro de un plazo un menor de dos años. Lucrecia Hernández Mack, de Semilla, dijo que ese artículo, así como otros de la ley, violan derechos civiles y políticos. Por su parte, Lázaro Zamora, de Unionista, señaló que este artículo salva la soberanía de la nación.
El artículo 14 ordena que las organizaciones deberán publicar en cualquier medio su balance general al cierre de operaciones de cada ejercicio contable. También deberán llevar libros de contabilidad y estados financieros en sistemas electrónicos, habilitados por la SAT.
Los diputados improbaron el artículo 22 que daba facultades al Estado para vigilar a las ONG y de intervenirlas cuando el interés u orden público lo requiriera.