Interponen amparo en la CC en busca de garantizar la alternancia del poder

El abogado Érick Castillo y el constituyente Aquiles Faillace, plantearon un amparo este miércoles 11 de octubre en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en busca de una resolución que “declare como máxima autoridad electoral la prevalencia de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Electoral y de Partidos Políticos” y así evitar que haya un rompimiento constitucional.

El amparo, interpuesto, según los denunciantes, por la omisión del TSE de emitir una resolución de oficio “que evite el rompimiento del orden constitucional” llega mientras miles de guatemaltecos protestan en las calles contra las acciones que el Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, ha emprendido en contra del proceso electoral y del partido político Movimiento Semilla, del presidente electo Benardo Arévalo de León.

En el amparo, los profesionales le piden a la CC que le ordene al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que “de oficio emita resolución en la cual declare como máxima autoridad electoral la prevalencia de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Electoral y de Partidos Políticos ante cualquier decisión del juez Séptimo Penal u otro órgano jurisdiccional del ámbito penal que pretendan romper el orden constitucional”.

Además, le piden que por medio de la resolución “se garantice que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumirán la Presidencia y Vicepresidencia de la República el 14 de enero de 2024 y así se respete la soberanía del pueblo de Guatemala”.

También le requieren a la CC que “le ordene a la Junta Directiva del Congreso de la Republica de Guatemala que se abstenga de rechazar las credenciales de Bernardo Arévalo y Karin Herrera para evitar el rompimiento del orden constitucional y asuma las decisiones administrativas correspondientes para respetar las decisiones del TSE y con ello garantice que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumirán los indicados cargos el 14 de enero de 2024”.

Otro de los requerimientos que se le hace a la CC en el amparo es que “le ordene al presidente de la República que se abstenga de decretar algún estado de Excepción porque las manifestaciones del pueblo de Guatemala son pacíficas y en todo caso denuncie a los infiltrados que han cometido hechos delictivos y que ilegalmente pretenden deslegitimar la manifestación que pacificamente realiza el pueblo de Guatemala”.

Por último, con la acción constitucional de amparo le exigen a la CC que, “de manera real y efectiva dote de plena certeza jurídica el proceso electoral para que, en forma contundente, clara y eficaz garantice que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumirán el 14 de enero de 2024, dado que en las últimas decisiones la CC ha dejado serias dudas que provocan ausencia de certeza jurídica, pues se ha limitado a ordenar que sea el TSE y el presidente de la República quienes deban garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder, lo cual nos legitima para exigirles por vía del amparo que emitan nuevos actos de autoridad que respalden la soberana decisión del pueblo de Guatemala al elegir a los citados ciudadanos”.

Guatemala cumple este miércoles 10 días de bloqueos de carreteras y manifestaciones en más de ciento puntos del territorio para exigir la renuncia de Porras, señalada de intentar modificar resultados electorales.

Las protestas iniciaron el pasado 2 de octubre, encabezadas por la organización indígena denominada los 48 Cantones de Totonicapán, que dividió su esfuerzo en dos: bloquear las principales rutas hacia el noroeste del país y manifestarse desde esa noche frente a la sede de la Fiscalía, en Ciudad de Guatemala.

El objetivo central de los bloqueos es exigir la dimisión de Porras Argueta, ya que el MP, bajo su cargo, emprendió el 12 de julio una cruzada judicial contra las autoridades electorales y Bernardo Arévalo de León, desde su sorpresivo segundo lugar en las elecciones generales de junio, que lo llevaron a ganar el balotaje en agosto.

Las manifestaciones iniciaron solo dos días después de que el Ministerio Público decomisara cajas con los resultados de los comicios, una acción sin antecedentes históricos que no está contemplada en la ley guatemalteca y que ha sido ampliamente criticada a nivel local e internacional.

Con información de EFE